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“Hasta hace unos años se podía conseguir un fusil Kalashnikov a 250 dólares en Retiro”

Organizado por la Fundación en Inteligencia Financiera (FININT), se realizó en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el seminario “Las finanzas del terrorismo y el crimen organizado”. Durante más de 10 horas expusieron los expertos más importantes en prevención de lavado de activos y financiación de las actividades terroristas y del crimen organizado. Entre ellos, el fundador de FININT, Juan Félix Marteau; Mario Montoto, presidente de TAEDA y presidente de la Cámara Argentino-Israelí; el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé; los jueces federales Claudio Bonadio y Sergio Torres; y especialistas de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, de la Unión Europea, del Ministerio de Justicia de la Nación, de Control Migratorio del Ministerio del Interior y del Banco Ciudad.

En la apertura, Juan Félix Marteau señaló que el trabajo que hay que hacer en la Argentina es enorme en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Agregó que durante muchos años se han consolidado ideas que negaron el fenómeno.

En ese sentido, aclaró que las reformas que se hicieron durante los últimos años fueron en ese camino, en el de la negación con el resultado de un país con una corrupción estructural que abre canales para que los narcotraficantes coloquen su dinero en la Argentina, para que los contrabandistas ganen cada día más y eventualmente para que los terroristas puedan utilizar estas vías para invertir en nuestro país. “No nos podemos permitir esto, tenemos que trabajar seriamente, profesionalmente todos para encontrar el orden institucional en la Argentina”, afirmó Marteau.

El presidente de TAEDA y de la Cámara Argentina-Israelí, Mario Montoto, alertó sobre la necesidad de entender que el fenómeno del crimen organizado que parecía ser una problemática muy lejana empezó a ser un tema de todos los días en nuestro país. Como ejemplo, contó que uno de los sicarios colombianos más importantes fue detenido en la Argentina y en una de sus declaraciones -y a partir de las investigaciones judiciales- se determinó que este hombre estaba montando en la Argentina una especie de escuela de formación de sicariato. “Nosotros entendemos que los tiempos de negación de toda esta problemática han pasado”, dijo Montoto. Además destacó: “La administración del presidente Macri asume planteando que uno de sus objetivos es la lucha contra el narcotráfico”.

Uno de los especialistas, Juan Belikow, consejero líder de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos, hizo referencia a la creciente presencia del crimen organizado en la región.

El experto alertó que la economía ilícita está en el orden de entre el 30 y el 76 por ciento según el país, ya sea por el tráfico y comercialización de productos ilícitos o por el comercio ilegal de productos lícitos. Y relató el caso de un coleccionista de armas que le contó que hace 10 años se podía conseguir en Retiro un fusil AK 47 Kalashnikov por 250 dólares.

Para entender la problemática del crimen organizado basta con mencionar sólo algunas cifras. En Estados Unidos hay veinte mil grupos criminales integrados por aproximadamente 350 mil personas. En nuestra región, tomando los países más sintomáticos en esta materia (México, Colombia, Perú, Brasil), las bandas de grupos criminales suman más de 600 mil efectivos.

Edgardo Buscaglia, director del International Law and Economic Development Center de la Universidad de Columbia, señaló que en 2014 -luego de un estudio minucioso- alertó al Congreso Nacional de que la Argentina estaba violando el 66% de los artículos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Al momento de las conclusiones, el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, destacó que lo más esperanzador en la lucha contra el crimen organizado en nuestro país es la terminación del cepo ideológico que tenía la Argentina que -según su opinión- impedía, por ejemplo, poner en marcha el sistema procesal federal porque se temía que ese proceso le iba a dar mucho poder a Justicia Legítima.

fuente: Infobae

Juan Félix Marteau: “Argentina es un país vulnerable ante el financiamiento del terrorismo”

El creador de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) habla sobre las finanzas del terrorismo y el crimen organizado. ¿Se blanquea dinero que financia organizaciones ilícitas? ¿Debe preocuparnos la triple frontera? ¿Qué lucha se puede dar contra el millonario negocio del narcotráfico?

Juan Félix Marteau exhibe una larga experiencia en el combate de la criminalidad financiera, con actuación en el ámbito público y privado. Creó la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) para colaborar en el estudio de los delitos trasnacionales, fue coordinador nacional para el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo, estudió en prestigiosas universidades de Europa y el Cono Sur, y se apresta a iniciar un seminario sobre las Finanzas del Terrorismo y el Crimen Organizado, que tendrá como escenario la Facultad de Derecho de la UBA.

El workshop organizado por FININT -en el que participarán Patricia Bullrich, Claudio Bonadio, Raúl Pleé, Sergio Torres, Emanuele Ottolenghi, Mario Montoto, Santiago Otamendi y Nicolás Negri entre otros especialistas en seguridad- se llevará a cabo el miércoles 15 de noviembre de 8:30 a 18:30 en el Aula Magna de la Facultad de Derecho. La propuesta es brindar información relevante a actores del sector público y privado que deben tomar decisiones en los campos de la seguridad, inteligencia, defensa, justicia, sistema financiero y promoción de inversiones en relación al desafío que supone el terrorismo.

—¿La Argentina se ha convertido en un lugar donde parte del financiamiento del terrorismo viene para luego ser blanqueado en algún tipo de depósito u operación en el exterior?

—Argentina es un país vulnerable como cualquier otro, inclusive aquellos más poderosos. La globalización financiera ha generado el riesgo de que circule este tipo de capitales y por lo tanto todas las organizaciones que están asentadas en América Latina -y en particular que han penetrado en la Argentina en estos últimos diez años de populismo de izquierda que negó el fenómeno– habilitaron y aumentaron el riesgo de que pueda circular dinero inclusive para organizaciones terroristas.

—¿Lo que vos me estás planteando es que es un fenómeno global, es un delito transnacional que puede operar en cualquier lugar del planeta pero como en la Argentina este tema lo soslayaron es más fácil que se usen como trampolín los bancos o el sistema financiero del país?

—La corrupción de la Argentina, la estructural, y sobre todo la corrupción demencial que vivimos en estos años abrió canales para que circule dinero vinculado a los ilícitos. Tenemos la obligación no sólo política sino ética y también social de que estos canales se cierren definitivamente en la Argentina.

—¿Crees que el Gobierno está empujando una legislación o un control que evite un flujo masivo de dinero o todavía no se le encontró la vuelta y estamos a merced de operaciones terroristas que usen el país?

—Bueno, fui coordinador nacional para el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo en este gobierno, de modo tal que tengo posición tomada. Claro está que el gobierno ha tomado una serie de iniciativas y medidas que van en una dirección correcta, en una dirección muy distinta a la que predominaba en el anterior gobierno y que desde la sociedad civil, desde nuestras organizaciones, desde la Academia, desde el mundo profesional, tenemos que apoyar..

—Si vos partís de cómo están funcionando determinadas facciones terroristas en Europa o en Medio Oriente, y tenés como elemento histórico los dos ataques terroristas en Buenos Aires, ¿esto influye en la decisión de esas facciones terroristas de usar Argentina como canal de tránsito de dinero para hacer operaciones o es un hecho que ya quedó aislado en el tiempo?

—Yo creo que ese fenómeno quedó aislado en el tiempo y estamos enfrentando nuevas formas de actividades de financiación del terrorismo que son distintas a las de aquella época. Eventualmente en aquella época podíamos encontrar un Estado directamente financiando actividades de ese tipo.

—¿Como Irán?

—Como Irán.

—¿Vos decís que Irán ahora no financia actividades?

—No, yo lo que estoy diciendo es que las formas, los canales y los actores que intervienen no necesariamente son directamente el Estado financiando, sino que se utilizan otros mecanismos que hacen mucho más compleja esta relación.

— ¿Creés que la ubicación de la triple frontera -como un lugar clave para monitorear o desarrollar ataques terroristas- ha perdido su peso, sigue en un nivel como en la década del 90, o se ha incrementado, a partir de los lobos solitarios o ciertas acciones muy unilaterales en Europa y en Estados Unidos?

—El fenómeno de ISIS reorganizó toda la problemática geopolítica de los grupos que eventualmente consideramos terroristas. Particularmente la relación de la triple frontera con Hezbolá es una relación compleja que evidentemente hay que mirarla y entenderla con mucha precisión.

—¿A vos te preocupa la triple frontera?

—Claro que me preocupa.

—¿Te preocupa por la presunta vinculación de Hezbolá, Hamas e ISIS o el Estado Islámico, o te preocupa desde siempre por la posible actuación de estos grupos terroristas que están operando en Medio Oriente?

—Me preocupa básicamente porque se ha incrementado la presencia de carteles cerca de un país vecino muy querido, carteles brasileros, y esos carteles operan mucho dinero, y sabemos que hay un tráfico de comercio ilícito significativo que sigue abriendo puertas para que eventualmente estas ilicitudes se cometan.

—Cuando hablás de crimen organizado, la referencia que aparece inmediatamente es el narcotráfico. ¿Es sólo el narcotráfico u otros crímenes organizados?

—No, desde el punto de vista conceptual las convenciones o las normas internacionales están referenciando a todos los esquemas de agrupaciones en donde se persigue una finalidad económica. Tenemos los esquemas de corrupción, tenemos esquemas estrictamente vinculados al aparato de blanqueo de lavado de activos de crímenes graves, tenemos también las ilicitudes vinculadas con los tráficos de migrantes, con el tráfico de personas, y obviamente todas las estructuras que comercian bienes de manera ilícita.

—¿Cuáles son los delitos más graves transnacionales de crimen organizado que estén impactando en la región y fundamentalmente en la Argentina? ¿Pondrías arriba de todo al narcotráfico? ¿El lavado de dinero? ¿La trata de personas? ¿La venta de armas? Es decir, ¿cuál es el principal delito que deberíamos combatir hablando de crimen organizado?

—Nosotros siempre decimos: el terrorismo es un fenómeno que tiene una poca o pobre probabilidad de ocurrencia, pero un alto impacto. En cambio hay otros fenómenos como el narcotráfico que tienen una probabilidad de ocurrencia mucho mayor, están cada día más presentes, y por ahí el impacto en relación al terrorismo es menor.

—¿Es menor por su repercusión pública o porque la gente no termina de entender que una operación de narcotráfico puede matar en la misma dimensión que un acto terrorista?

—Exacto, ese es el sentido…

—Y en el caso del narcotráfico, que al final se convierte en un negocio multimillonario que atraviesa todos los sectores sociales, ¿es posible establecer un mecanismo para atenuar sus impactos sociales en todos estos ámbitos, o es una lucha infinita con un resultado poco previsible?

—Creo que ya sabemos que la batalla encarada solamente desde el campo de la fuerza no conduce más que a multiplicar los efectos nocivos. Es una lucha que tiene que tener un marco regulatorio y legal muy claro. Y tienen que pagar con la cárcel y tienen que pagar sobre todo con el decomiso de los bienes ilícitos. Y esta parte es la que no funciona porque los Estados no terminan desarmando la estructura económica del narcotráfico.

—Lo que uno puede ya tener como probado es que después del ataque a las torres y al Pentágono en Washington el 9/11, la zona de seguridad de Estados Unidos se corre llegando casi a Colombia y esos delitos trasnacionales, como el narcotráfico, terminan bajando al Cono Sur. Teniendo en cuenta cómo Europa está tratando de reprimir el terrorismo en su propia región y también en Estados Unidos, ¿vos creés que el mismo fenómeno del narcotráfico corriendo al Mercosur puede pasar con el terrorismo?

—Cuando hablamos del terrorismo del estilo ISIS, del sunismo radicalizado, y luego de la derrota de ISIS territorial, el terrorismo va a necesitar encontrar otras formas para reorganizarse, para reconstruirse, y eventualmente América Latina puede ser un lugar…

—¿Por qué razón…?

—Lo que yo digo es que cuando pensamos el terrorismo no sólo tenemos que estar mirando el fenómeno de quienes preparan el atentado. El terrorismo hoy necesita, como ha necesitado siempre el crimen organizado, un lugar de resguardo, un lugar de refugio, un lugar de reclutamiento, un lugar de inversión, un lugar de cuidado de sus bienes…

—¿Vos decís que hoy la región se ve más como un escenario de logística de un acto terrorista, que de un acto terrorista en sí mismo…?

—Exacto, exacto.

—¿Nosotros estamos en condiciones de desmantelar la posibilidad de que ISIS use la región como base de operaciones?

—Bueno, lo que pasa es que cuando vos tenés un sistema de populismo de izquierda que es conveniente con el fenómeno del narcotráfico, y que hemos firmado un memorándum de entendimiento con aquellos que considerábamos los perpetradores directos del atentado terrorista, te podés imaginar que estas son observaciones de orden objetivo, acá no hay ideologías ni predicciones apocalípticas de mi parte ni de nadie que trabaja con nosotros en FININT, simplemente estamos diciendo “esto sucedió en la Argentina”.

—Ahora, si pensás que Argentina es titular del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que la Unidad de Información Financiera (UIF) está funcionando mejor, que hay una interrelación con los países más importantes del planeta, que se han firmado acuerdos públicos y reservados respecto a seguridad e inteligencia, ¿creés que esa primera mirada de venir al Cono Sur porque es fácil retrocedió o aún estamos merced de que finalmente utilicen la región como una base de operaciones?

—No, gracias a Dios, en esto la Argentina ha dado un cambio significativo en su lineamiento, en su acción y en la tentativa de reconstrucción del Estado. Es importantísimo. El trabajo que hace una ministra como Patricia Bullrich, un ministro como Germán Garavano, o Santiago Otamendi que es presidente del GAFI, es un signo muy claro de que vamos en una dirección correcta, totalmente distinta a la anterior. Y sobre todo también es un voto de confianza de la comunidad internacional que está mirando con mucha atención lo que pasa en la región y está apostando a que la Argentina también pueda ser la base a partir de la cual reconstruir la institucionalidad necesaria para dar cuenta de este tipo de criminalidad tan compleja.

 

Fuente: Infobae

Amplían las facultades de la ex “Ojota” para agilizar investigaciones

Garavano y Lorenzetti, de quien depende la oficina de escuchas, acordaron concentrar en ella toda la información estatal

 

“Las bandas criminales son más sofisticadas que la Justicia.” Así define un juez de Comodoro Py la burocracia que envuelve sus pesquisas. Es uno de los magistrados que ven con buenos ojos el proyecto que busca darle más poder y herramientas a la oficina que realiza las escuchas telefónicas legales.

La vieja “Ojota”, como se conoce a la dirección de la Corte Suprema que controla la Oficina de Captación de Comunicaciones, firmó un convenio con el Ministerio de Justicia para acceder a más bases de información. Y en estos días se terminará de redactar un “protocolo” para agilizar las investigaciones contra los delitos complejos.

La idea del convenio es que la ex “Ojota” no sólo concentre las pinchaduras legales, sino también datos de distintos organismos del Ministerio de Justicia, como la IGJ, el Registro de Propiedad Inmueble y Automotor y las bases de datos personales, entre otras. En paralelo, se firmaron convenios similares con la UIF y la AFIP. Así, la dependencia de la Corte se convertiría en una “mesa de entradas”: en lugar de librar oficios a múltiples dependencias, con el tedio que eso conlleva, los jueces sólo tendrán que remitirse a una oficina centralizada dentro del mismo Poder Judicial.

El proyecto avanza con el aval de distintos jueces y fiscales federales, que integraron un “comité de expertos” para buscar soluciones a los escollos y las dilaciones que afrontan las investigaciones contra el lavado de dinero, el narcotráfico, el terrorismo y la trata de personas, entre otros delitos complejos.

Días atrás, el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y el ministro de Justicia, Germán Garavano, suscribieron el acuerdo de cooperación. En la práctica, el convenio es llevado adelante por la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, conducida por Juan Félix Marteau, y por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos del Poder Judicial, controlante de la ex “Ojota” y comandada por el camarista Martín Irurzun.

“Creemos que con más bases de datos podemos ayudar mejor a los jueces en la búsqueda de prófugos y en las investigaciones de delitos complejos. La idea es agilizar la Justicia y ayudar en el entrecruzamiento de información”, señaló a LA NACION Juan Tomás Rodríguez Ponte, director ejecutivo de la ex “Ojota”.

El convenio estipula cuatro modalidades de cooperación. La más novedosa es la que determina que “a requerimiento de autoridades judiciales” la ex “Ojota” tendrá acceso a las múltiples bases de datos de los organismos del Ministerio de Justicia. “La cartera prestará a la dirección de la Corte un canal informático de acceso seguro con claves independientes para cada una de las bases”, estipula el escrito.

Otro de los objetivos es la confección de un “mapa de riesgos” donde se incluyan las causas judiciales, las sentencias y las estadísticas en materia de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Un tercer punto clave del convenio ordena la redacción de un “protocolo” para que los jueces tengan herramientas para investigar delitos económicos y para recuperar bienes de origen ilícito para el Estado. En los últimos días se dio forma al borrador de este “manual” y ahora se espera que varios jueces lean el escrito y eleven sus recomendaciones.

Para elaborar el protocolo, la coordinación de Marteau convocó a un comité de expertos, entre los que figuran los jueces federales Sergio Torres, Ariel Lijo, Claudio Bonadio y Sergio Torres; los fiscales Carlos Rívolo y Eduardo Taiano; el fiscal de Casación Raúl Pleé, y el camarista de Casación Mariano Borinsky. También se sumaron a las mesas de trabajo representantes del BCRA, de la UIF y de la AFIP.

“Es necesario que los jueces sepan que pueden realizar un decomiso anticipado de bienes, aun sin condena, para atacar la estructura económica de las organizaciones delictivas. También que conozcan cómo pueden recuperar bienes de origen ilícito en el exterior del país”, resaltó Marteau.

El juez Torres, uno de los impulsores, presentó ante sus colegas como caso testigo la causa del “narcoarroz”, expediente que incluyó una investigación por lavado de dinero con el narcotráfico como delito antecedente. Allí exhibió las dificultades para pesquisar el patrimonio de la organización. “Hay que atacar las estructuras financieras de las bandas, porque hoy en día un delincuente detenido es fácilmente reemplazable”, dijo el magistrado.

Fuente: La Nación

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Abogada del HSBC y un ex técnico del FMI

María Eugenia Talerico y Mariano Federici fueron seleccionados por Mauricio Macri para liderar el organismo encargado de combatir el lavado de dinero. Ambos fueron impugnados por sus vínculos con entidades acusadas por la UIF.

Por Sebastián Premici

Los elegidos por el presidente Mauricio Macri para hacerse cargo de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici y María Eugenia Talerico, presentaron sus descargos durante una audiencia pública convocada por el ministro de Justicia, Germán Garavano. Las impugnaciones de ambas candidaturas estuvieron centradas en los vínculos de los dos candidatos con los principales bancos acusados de lavado por la propia UIF. Talerico, propuesta para ocupar la vicepresidencia del organismo, es abogada del HSBC en al menos tres causas que tramitan en queja ante la Corte Suprema y de otros expedientes abiertos dentro de la UIF. La letrada de la organización Será Justicia reconoció ser defensora del oficial de cumplimiento del HSBC, Gustavo Peccora, pero le restó importancia a dicha vinculación. Pero su defendido era el responsable de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo dentro del HSBC. Sobre el cierre de la audiencia, Federici reconoció que su rol dentro del organismo será el de “atraer inversiones genuinas”. Del control hacia los sujetos obligados, nada.

Sobre un total de aproximadamente 100 oradores, la mayoría expresó su apoyo a Federici y Talerico. Las impugnaciones corrieron por cuenta del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica , los diputados nacionales Rodolfo Tahilade y Carolina Gaillard, ambos del FpV, y del ex titular de la UIF José Sbattella. Quien se manifestó enfáticamente a favor de ambos postulantes, con un tono de enojo, fue Félix Marteau, del estudio homónimo y titular de la Fundación Finint, vinculada a Federici y a Celeste Plee, otra de las nuevas adquisiciones de la UIF.

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Participación del Dr. Marteau en el II Congreso Internacional de Transparencia

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El panel de “Control de Lavado de Activos: Estándares internacionales. El caso argentino” estuvo integrado por el Fiscal General de la Cámara Nacional de Casación Penal, Dr. Raúl Plee, el presidente de fundación FININT, Dr. Juan Félix Marteau y como moderador participó el Dr. Rogelio Frigerio, presidente del Banco Ciudad.

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