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El terrorismo no apunta sólo a EE.UU. y Europa: Argentina no es indemne

Titular de la agencia antilavado que trabajará en paralelo con la UIF, analiza que la corrupción se volvió “sistémica” y que el narcotráfico es una “amenaza concreta”. De confianza del ministro Garavano, opina que para combatir estos flagelos “todos tenemos que subirnos al mismo barco”

Desde que asumió el 10 de diciembre Mauricio Macri fijó como eje central de la agenda presidencial la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero. En línea con ello, desde el Ministerio de Justicia que encabeza Germán Garavano se acaba de crear un ente nacional que se encargará de establecer los lineamientos estratégicos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El coordinador y titular del área será Juan Félix Marteau, experto en Derecho de dilatada trayectoria y hombre de confianza del ministro.

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Juan Félix Marteau: “En la Argentina se castiga a los pobres y se da impunidad a los grupos más poderosos”

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Fuente: Conversaciones en La Nación

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Corrientes: Proponen un organismo local que investigue lavado de dinero

Durante la conferencia realizada este jueves por el Ministerio de Seguridad en el Hotel de Turismo, el presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), Juan Félix Marteau propuso la creación de “un sistema local de control de patrimonios ilícitos”. El especialista entendió que esta herramienta contribuye a la “detección temprana” del lavado de dinero proveniente del narcotráfico, ante la “ineficiencia del sistema nacional”.

El conferencista disertante es también director del posgrado de Prevención Global de Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y consultor del Fondo Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue invitado por la cartera provincial para disertar en este encuentro que tuvo por temática el “Narcotráfico y lavado de dinero: los nuevos desafíos en materia de políticas públicas e investigación criminal”.

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Fuerte apuesta provincial en la lucha contra el narcotráfico

Especialistas disertarán además sobre el lavado de dinero y los desafíos en la política pública. El objetivo es brindar un diagnóstico inteligente y realista de las problemáticas.

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Seguridad y la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (Finint), realizará hoy a las 9, en el Hotel de Turismo de la ciudad de Corrientes, la conferencia Narcotráfico y lavado de dinero: los nuevos desafíos en materia de políticas públicas e investigación criminal.

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El Doctor Juan Félix Marteau dirige el Posgrado de la Universidad de Buenos Aires.

El Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA y la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera FININT se complacen en participarlo del Programa de Especialización en Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo PGLAFT que se dicta bajo la dirección del Profesor Doctor Juan Félix Marteau durante el año 2012.

INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN

Juan Félix Marteau. Profesor Titular de Criminología. Universidad de Buenos Aires.

COORDINACIÓN EJECUTIVA

Nicolás Ernesto Negri. Coordinador de Proyectos de FININT.

STAFF DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

·        Gregorio Badeni. Profesor de la Facultad de Derecho (UBA) – Titular de Badeni y Laplacette. Abogados.
·        Alberto Beraldi. Profesor de la Facultad de Derecho (UBA) – Titular de  Arslanian, Beraldi, Kaminker y Asociados.
·        Mariano Borinsky.  Profesor de la Facultad de Derecho (UBA) – Juez de la Cámara Nacional de Casación Penal.
·        Fernando Córdoba. Profesor de la Facultad de Derecho (UBA) – Secretario de la Procuración General de la Nación.
·        Ariel Lijo. Profesor de la Facultad de Derecho (UBA) – Juez Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.
·        Juan Félix Marteau. Profesor de las Facultades de Psicología y Derecho (UBA) – Titular de Marteau. Abogados / Attorneys-at-law.
·        Raúl Plee. Profesor de la Facultad de Derecho (UBA) – Fiscal General ante la Cámara Nacional de Casación Penal.
·        Sergio Torres. Profesor Adjunto de la Facultad de Derecho (UBA) – Juez Nacional en los Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.

STAFF DE PROFESORES Y EXPERTOS INVITADOS[1]

·        Edgardo Buscaglia.  Profesor de Columbia University.
·        Jorge Castro.  Presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico.
·        Mark Cook. Funcionario de la Sección Económica de la Embajada de EEUU.
·        Carolina Claver. Experta Financiera de Grupo de Integridad Financiera del Fondo Monetario Internacional.
·        Fabio Contini. Agregado Económico de la Embajada de Italia.
·        Silvia Cucovaz. Miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales / CARI.
·        Claudio Gutiérrez de la Cárcova. Juez de Tribunal Oral en lo Penal Económico de la Capital Federal.
·        Mariano Federici. Asesor Regional del Fondo Monetario Internacional.
·        Kenneth Forder.  Secretario de Asuntos Políticos y Militares de la Embajada de EEUU.
·        Ricardo Gil Iribarne. Investigador de GAFISUD.
·        Elsa Kelly. Miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales / CARI.
·        Bettina Lang. Secretaria de Finanzas de la Embajada de Alemania.
·        Alicia López.  Titular de Alicia López Consultores.
·        Rémy March.  Funcionario de la Sección Seguridad Interior de la Embajada de Francia.
·        Martín Andres Montero. Secretario de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera-FININT.
·        Alejandro Montesdeoca. Secretario de GAFISUD.
·        Alfonso Prat Gay.  Diputado Nacional por la Ciudad de Buenos Aires.
·        Santiago Otamendi.  Juez miembro del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
·        Ricardo Spadaro. Titular de Spadaro y Asociados.

Duración y horario:

Periodo: 4 de abril al 5 de diciembre de 2012 (incl. receso de invierno)

Horas Cátedra: 128.

Días: todos los miércoles y seminarios ex cursus los días jueves 26 de abril, 17 de mayo, 7 de junio, 9 de agosto, 13 de septiembre, 4 y 18 de octubre y 8 y 22 de noviembre.

Horario: de 18 a 21 hs.

Lugar:

Facultad de Derecho (UBA).

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El funcionamiento de la UIF ha sido absolutamente errático.

JUAN FÉLIX MARTEAU
Senior Partner de Marteau & Asociados, el ex coordinador argentino ante el GAFI alerta sobre las nuevas atribuciones de la Unidad de Información Financiera.
Mientras la discusión pública gira en torno a los alcances de la reciente sanción de la nueva ley anti-lavado, Juan Félix Marteau cuestiona una resolución puntual de la Unidad de Información Financiera (UIF), según la cual los bancos (y el resto de los sujetos obligados) deberán informar el listado de sus clientes al organismo que lidera José Sbatella con independencia de si existe una sospecha o investigación en curso. Se trata de la resolución UIF N° 70 denominada Reglamentación de los Reportes Sistemáticos de Operaciones On Line.

Crítico de la falta de autonomía que presenta hoy el principal organismo encargado de combatir el blanqueo de activos, Marteau alerta sobre la posible utilización política que la UIF podría llegar a dar a esa información y denuncia la falta de garantías institucionales para resguardar los datos.

¿Cuál es el grado de autonomía de la UIF actualmente?

Todos requerimos que la UIF tenga autonomía, es decir, que no obedezca a mandatos políticos. La UIF debe ser un organismo operativo, no puede ser un organismo estratégico. El tema es que se ha vulnerado esa autonomía y se opera por criterios estrictamente políticos. Por ejemplo, no se entiende cómo puede ser que tengan una denuncia hace más de un año con respecto al caso Shocklender y recién ahora se informa al fiscal competente.

Tenemos constancia estadística de que la UIF le reporta al fiscal solamente casos de poca monta y que no le transmite los grandes casos de narcotráfico y corrupción. No vemos que los casos fuertes repercutan en la Justicia.

Además, hay algo, un punto reciente, que me preocupa mucho: a través de una resolución, la UIF establece la obligación de que, entre el 3 y el 31 de octubre, todos los sujetos obligados del sistema financiero deberán informar el listado de sus clientes con independencia de si existe alguna sospecha o investigación sobre estos clientes. El gran problema es la posible privatización de la información sobre clientes y empresas que, finalmente, no se sabe bien dónde terminará.

¿Cómo se garantizará el uso adecuado de esta información a los efectos de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo?

Este tipo de información sobre las personas, hoy, ya está en el Banco Central, en la AFIP, pero allí hay una serie de protocolos de reserva de la información. Es decir, existen una serie de puertas para romper para llegar a esa información. Por el contrario, la UIF fue operando año tras año casi sin resguardo de la información. Entonces, si ahora la UIF le exigirá a todos los bancos información sobre sus clientes, en la que todos vamos a estar en una base de datos que investiga lavado de dinero y financiación del terrorismo, cabe preguntarse dónde están las garantías institucionales y los protocolos de reserva de la información para que el uso de esos datos tenga ese solo efecto y no otro. No se puede dar a un organismo estatal información esencial sobre la actividad privada de las personas si esto será usado para otros fines. Cuando aparezcan los problemas en serio respecto de la investigación de los patrimonios privados de las personas a los efectos de control político, nos daremos cuenta de que habremos creado un monstruo que no podremos parar.

Para peor: en el sistema global, del cual forma parte la UIF, la información es susceptible de circular en un circuito de 180 jurisdicciones que están integradas al intercambio de información. En la jerga se dice que la UIF está enchufada a otros organismos similares alrededor del mundo. Es un problema muy grave.

En cuanto al control patrimonial, lo que recomienda el GAFI es que el sector privado y el sector público trabajen coordinadamente para lograr mayor efectividad. ¿Sucede esto en la Argentina?

Aquí, el sector privado no tiene manera de saber a dónde es que destina los recursos el Estado, en esta materia. No se sabe cuál es el norte en esta lucha. Desde el año 2000 a la fecha, el Estado argentino se ha comprometido a cumplir con obligaciones internacionales: son 11 años deestandarización jurídica internacional, desde que ingresa al GAFI. Esto ha tenido incidencia en el sector bancario principalmente, pero también en el sector financiero no tradicional. El sistema internacional está pensado exactamente así, para que funcione una alianza estratégica entre, por un lado, el sector privado, que recaptura información de la cual pueden surgir indicios de una actividad delictiva, y, por otro, el Estado, que debe brindar las herramientas para llegar a la condena de los delincuentes. Después de una década de actividad institucional en la Argentina, vemos que el Estado no ha respondido, no ha conseguido sancionar nada en esta materia. Por otro lado, el funcionamiento de la UIF ha sido absolutamente errático durante este lapso. Sea por inercia, por incapacidad o por politización, toda las formaciones de la UIF han producido una incertidumbre respecto a la legitimidad del sistema.

¿Cuál puede ser ese norte?

Cuando yo fui coordinador argentino ante el GAFI, mi primera actividad fue diseñar una agenda estratégica para presentarle al Presidente de la Nación. Articulábamos la actividad de los principales organismos de regulación del Estado argentino. Eran 18 organismos. Esto terminó con un decreto presidencial del ex mandatario Néstor Kirchner aprobando la agenda que habíamos planteado. Pero, luego, esto salió del orden de prioridades del Estado argentino. Lo que está claro es que esta agenda nacional, que era un primer paso, fue saboteada y, hoy, las consecuencias están a la vista: tenemos el GAFI amenazando con una sanción enorme a la Argentina y colocando al país al borde del ostracismo por no cumplir con la cooperación internacional en estos temas. Según mi experiencia actual, como asesor legal del FMI, se debe trabajar en el diseño de agendas estratégicas que lleguen al máximo nivel.

¿Qué opina de los alcances de la nueva ley anti-lavado, sancionada por el Senado?

Que la Argentina haya avanzado en la incriminación del auto-lavado está bien. Lo que veo con desazón es que se haya desaprovechado la presión internacional para crear una ley integral en la materia, dándole fortaleza a la UIF para luchar contra el crimen organizado pero con el contrapeso, que es una serie de protocolos legales acerca de cómo tienen que ejercerse esas facultades. Finalmente, salió un proyecto muy acotado, vinculado a darle una satisfacción al GAFI.