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Aceptar efectivo al comprar bienes favorece el lavado

Experto argentino Juan Marteau destacó las políticas de control en Uruguay.

Hasta mayo de 2017 el abogado argentino Juan Félix Marteau (hoy senior partner del estudio que lleva su apellido) se desempeñó por seis años como titular de la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del vecino país, trabajando tanto durante el gobierno de Cristina Fernández como el de Mauricio Macri.

Aparte es el actual director del Posgrado en Prevención Global de Lavado de Activos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y miembro consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Ese conocimiento y experiencia en el combate al lavado de dinero lo lleva a afirmar que “el gran desafío” ahora que se avanzó a nivel normativo, es aplicar “con todo rigor” la ley y lograr “un buen número de condenados” y de bienes incautados.

En diálogo con El País días atrás luego de exponer en un evento en Foz de Iguazú (Brasil) sobre comercio ilegal, destacó la institucionalidad y continuidad de políticas en Uruguay respecto a la prevención del lavado, aunque marcó que el alineamiento a los estándares internacionales fue “sobre todo por obligación externa”.
También dijo que “hay un punto de quiebre” en el combate al dinero sucio al no aceptar efectivo para comprar inmuebles —Uruguay lo implementó desde abril— y que se “tienen que terminar” las plazas financieras “con beneficios fiscales”. A continuación un resumen de la entrevista con Marteau:

—¿Cómo ven desde Argentina la legislación uruguaya para la prevención del lavado de activos y la evolución que tuvo en los últimos años?
—En primer lugar, Uruguay tiene la característica de haberle dado a las políticas contra el lavado de activos y financiación del terrorismo una continuidad y permanencia más allá de los cambios de gobierno, lo que es muy importante. Conozco a los actores clave en el sistema (uruguayo) y son gente preparada y honesta, dos condiciones relevantes para llevar adelante estas misiones. Después en relación a la legislación, como todas tiene pros y contras, y la de Uruguay también. Yo creo que han avanzado respecto a la legislación que tenían y lo más importante es que la legislación se aplique con todo rigor. Ese es el gran desafío no solo de Uruguay sino de nuestra región, que la legislación se aplique con vehemencia y consigamos un buen número de condenados, además de un buen número de incautación de los bienes, que es el núcleo duro de nuestro problema.

—¿Se sigue viendo como un foco de riesgo potencial la plaza financiera uruguaya?
—La Argentina hoy está atravesada por otras motivaciones. Yo creo que la administración anterior de Cristina Fernández estaba muy preocupada por la supuesta salida de divisas, que más allá que no la justifico era en buena parte consecuencia de las prácticas del gobierno. Tuvo un condimento político apuntar a Uruguay en esa línea, a mi mismo me tocó ejercer una presión en ese sentido. Yo creo que de todas maneras, lo que cabe decir es que las plazas financieras con beneficios fiscales tienen que terminar y que los países que ofrecen servicios financieros tienen que ajustarse a todas las reglas y estándares antilavado, porque sabemos que si hay canales para que ingrese la evasión esos mismos canales se habilitan después para el narcotráfico, el contrabando y otros delitos graves. Yo no hago distinción entre los paraísos fiscales o plazas financieras buenas y las malas, creo que en el tiempo que vivimos esto debe terminar.

—¿Cómo observas la participación en los reportes de operaciones sospechosas del sector no financiero en Uruguay?
—Hay un punto de quiebre en nuestros países en la posibilidad o no de aceptar efectivo para comprar inmuebles. Los países que todavía aceptan efectivo para comprar bienes suntuarios o de montos significativos favorecen a las prácticas de lavado porque propician el ocultamiento del rastrillaje del itinerario que ha seguido el dinero con el que se paga el bien.

—¿Cómo evalúas el rol en este proceso del Grupo de Acción Financiera (Gafilat)? En Uruguay la oposición crítica al gobierno por ser “el mejor alumno de la clase”.
—Yo miro con respeto la continuidad de actores clave para el sistema (que tuvo Uruguay), eso es positivo para el sistema antilavado porque creo le ha dado una determinada legitimidad frente a todas las mutaciones y los cambios que han existido en otros países, incluyendo el mío propio. Ahora bien, hay que reconocer que el trabajo de plaza financiera que tenía Uruguay lo colocaba en una situación complicada y creo que por convicción, pero sobretodo por obligación externa, Uruguay ha entrado en un camino interesante (de combate al lavado de activos). Yo creo que la única posibilidad que tenemos frente al crimen organizado es tener políticas más activas de cooperación regional, sobre todo en el Cono Sur. Debemos dejar de lado las fisuras que crea el nacionalismo para trabajar conjuntamente con una criminalidad que está trabajando en los bordes de las fronteras, escapándole a los controles de ambos países.

—¿El acuerdo de intercambio de información tributaria que se firmó con Uruguay y rige desde 2013 fue beneficioso para Argentina?
—Creo que fue positivo sí. Aunque falta mucho trabajo para una implementación rápida y expedita a los efectos de conocer los patrimonios de las personas investigadas, entiendo que ha creado un clima de legitimidad en el buen sentido.

—En enero se descubrió en Uruguay la lujosa vida que llevaba el sindicalista argentino Marcelo Balcedo, investigado por lavado de activos. ¿Qué reflexión le merece lo que ocurrió y qué omisiones hubo por parte de los organismos de control?
—Lo que muestra es una situación estructural de corrupción de determinados sectores de la Argentina que va más allá de Balcedo. El caso de él es escandaloso por las connotaciones que tuvo, la excentricidad y el carácter suntuario de sus bienes, pero ahora no tenemos que detenernos en eso y hay que ser muy activos y los Estados muy fuertes y contundentes en las acciones buscando no solo las superficie del personaje sino los esquemas de corrupción que facilitaron ese tipo de situaciones, donde eventualmente puede haber cómplices del Estado también. Los actores antilavado tienen que ser lo suficientemente independiente como para investigar las propias connivencias dentro del Estado, eso es clave.

—¿Hay más casos como el de Balcedo?
—No te quepa ninguna duda. Hay más Balcedo, hay más políticos y más empresarios así, porque la corrupción es un fenómeno de varias vías. No puede pensarse que está localizado en algunos sectores cercanos al sector público, en verdad está atravesando a toda la sociedad en nuestros países.

Fuente: el país

Para escucharte mejor

La nueva agencia de inteligencia paralela que quiere crear el Gobierno.
La idea es que la Dicom pase de ser una oficina técnica a tener acceso a los archivos más íntimos: identidad, impuestos, sociedades, automotores, propiedad, finanzas. Las “filtraciones” y el uso político de la información privada.

El Poder Ejecutivo pretende convertir una oficina técnica de escuchas telefónicas, la ex Ojota (Observaciones Judiciales) llamada ahora Dirección de Captación de Comunicaciones (Dicom), en una nueva central de informaciones y, de hecho, en una agencia de inteligencia paralela. A la Dicom se le daría acceso a distintas bases de datos del Estado. Por ejemplo, a los datos personales de los ciudadanos, que constan en el Registro Nacional de las Personas; la Inspección General de Justicia (IGJ) donde se registran las sociedades; el Registro de la Propiedad, el del Automotor y se menciona incluso la AFIP y hasta la Unidad de Información Financiera (UIF), que se convirtió ahora en una verdadera agencia de persecución de opositores, según consignó el juez federal Sebastián Casanello.

En teoría, la Dicom sólo se ocupaba de intervenir llamadas, para grabar su contenido o escucharlas en directo, y pasarle los CD a los jueces que ordenaron esas escuchas. En la mayoría de los casos la Dicom ni siquiera debía enterarse de los contenidos de esas conversaciones. Pero es un secreto a voces que, después de que el Gobierno de Macri le quitó esa tarea a la Procuración y se la pasó a la Corte Suprema, pasaron a operar los aparatos un núcleo de ex integrantes de la SIDE. O sea que el manejo de las escuchas quedó en manos de una alianza entre la Corte Suprema, su delegado en este tema Martín Irurzun, y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE) a la que se le dieron facultades de transcripción y manejo de las grabaciones. En ese marco, ahora se agrega el Ministerio de Justicia, que firmaría un protocolo en el que se le da acceso a la Dicom a toda esa masa de información. La cabeza de las negociaciones es el encargado de la oficina de Combate contra el Lavado de Dinero, Juan Félix Marteau, un hombre de estrechísima relación con la Embajada de Estados Unidos, al punto que en uno de los cables develados por Wikileaks, el 1257 del año 2009, sobre lavado de dinero, Marteau figura como informante de los norteamericanos. El interés por escuchar, espiar, acumular información y usarla políticamente está en el ADN del macrismo.

Técnica
De acuerdo a las leyes vigentes, la Dicom no debe analizar información de ningún tipo. Su función es basarse en las compañías de teléfonos y celulares para intervenir las comunicaciones que le solicitan los jueces. El trabajo de los que conducen la Dicom se limita a verificar que la orden de intercepción sea legal, firmada por un juez, en el marco de un expediente judicial. Es un aparato estrictamente técnico cuyo usuario es el juez.

Lo que se busca ahora es que la Ojota sea intermediaria de toda la información. Por ejemplo, si el juez quiere saber qué cuentas bancarias tiene un sospechoso se lo pedirá a la Ojota, que a su vez lo tendrá a disposición gracias a la AFIP o al Banco Central. En la práctica, esto significará que un aparato de escuchas sabrá cómo se está investigando a una persona, qué cosas le están buscando, qué sociedades formó, dónde vive y qué actividad tiene el sospechado. De entrada, es violatorio del secreto bancario y fiscal porque la Ojota no tiene ninguna atribución para enterarse de lo que posee o hace un ciudadano. Semejante paso no se podría dar ni siquiera a través de una ley, pero el Gobierno intenta hacerlo a través de convenios entre el Poder Ejecutivo y la Corte.

En los papeles, el aparato de escuchas no tendrá en su poder todos los archivos, pero pasarán por sus manos los elementos que se utilicen en las causas judiciales y ésa es información invaluable. Por ejemplo, les permitirá saber qué se le está buscando a Gustavo Arribas (ver más información en la página 15). O a Macri. O respecto del Correo o de Odebrecht. Nada menos.

Analistas
El siguiente paso que pondrá en marcha el Poder Ejecutivo, aliado con la Corte e Irurzun, es que ese aparato se convierta en analizador de contenidos. “Están armando un servicio de inteligencia en manos de la Corte –señala el ex interventor de la Policía Aeroportuaria, Marcelo Saín, también ex profesor de la Escuela de Inteligencia–. Tienen a cargo de ese aparato a Irurzun que responde a la escudería de Jaime Stiuso, el ex espía que estuvo siempre aliado a los servicios norteamericanos e israelíes. Y detrás de todo está la Embajada de Estados Unidos”.

Quienes dominan el mundo de la inteligencia afirman que la Ojota enseguida contratará asesores y analistas, y le dará a los jueces la información ya bastante masticada. En los hechos, actuará como una mega oficina pericial, pero sin control de ningún tipo. Como una buena parte de la operación está en manos de agentes o ex agentes de la AFI/SIDE, la central de espías tomará nota de todo lo que pase por la Super-Ojota. La Casa Rosada, por esta vía, controlará todavía más aquello que se está investigando en la justicia.

Convenios
En los últimos meses, el Ministerio de Justicia, que conduce Germán Garavano, hizo circular convenios y protocolos que le dan cada vez mayor lugar a la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo del Poder Ejecutivo que el macrismo puso bajo la órbita del Ministerio de Economía. El papel de la UIF ha sido tan deplorable que el juez Sebastián Casanello le envió un escrito a sus titulares reclamándoles que dejen de actuar en forma partidaria. La UIF sostuvo en distintos expedientes que no había delito en los Panamá Papers y que Arribas recibió una sola transferencia a través de la cuenta de una sociedad falsa de Hong Kong. O sea que para defender a Arribas ni siquiera esperó la declaración de los cambistas-arrepentidos brasileños. Pero además la UIF se opuso a que autoricen a Cristina Fernández de Kirchner a viajar a Europa y, pese a que no tiene ningún tipo de facultad, apeló la decisión de Casanello de no llamar a indagatoria a la ex presidenta en la causa por lavado de dinero contra Lázaro Báez. Esa facultad de apelar puede tenerla un fiscal, pero de ninguna manera el querellante, que lo único que puede hacer es proponer medidas de prueba. Casanello tuvo que aclararle a la UIF que el Estado representa a todos, no a un interés partidario.

A través de la Super-Ojota se absorberá la información que venga de la UIF y también aquella que maneja la AFIP. De esa manera, el aparato de intercepciones telefónicas se va constituir en un intermediario, gigantesco, acumulador de buena parte de la información que de por sí ya está en manos de diferentes agencias del Poder Ejecutivo. Una cosa es que todos esos datos queden reunidos en poder del juez y otra cosa muy diferente es que pasen por la Ojota.

Manos
La nueva mega-estructura que impulsa el Gobierno tendrá presencia e influencia de la ex SIDE, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Después de que Macri le sacó la Ojota a la Procuración, los agentes de Stiuso ocuparon lugares en ella y también encontraron espacio quienes responden a las actuales autoridades encabezadas por Arribas y su segunda, Silvia Majdalani.

Pero el papel más llamativo lo juega en esta operación el hombre que está centralizando las negociaciones para darle más poder a la Ojota, Juan Félix Marteau, titular de la Coordinación Nacional para el Combate contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, dependencia del Ministerio de Justicia. Marteau quedó expuesto en un cable que develó la organización Wikileaks, el 1257 del 1 de diciembre de 2009, en que en base a declaraciones suyas la embajadora norteamericana en Buenos Aires, Vilma Martínez, le informó a Washington que la Argentina no estaba combatiendo el lavado de dinero. En ese cable, Marteau figura como informante de la embajada. En el camino, el ahora funcionario fue abogado de Clarín, dado que sus directivos fueron imputados por estar en el listado de fugadores de dinero presentado por Hernán Arbizu, ex vicepresidente del banco JP Morgan.

En resumen, la Super-Ojota terminaría bajo el control del Poder Ejecutivo, la AFI, Estados Unidos, Stiuso y la Corte, a través de Irurzun.

Control
La desesperación de la Casa Rosada por controlar y espiar se vio durante la semana que pasó con la insólita reunión entre el Ministerio de Justicia y la empresa Odebrecht. “¿El Poder Ejecutivo se reunió con un imputado? –disparó un juez en Comodoro Py–. ¿Con qué facultades? Es uno de los hechos más graves de los últimos tiempos”. La jugada del Gobierno consistía básicamente en saber qué información va a entregar Odebrecht, tener el absoluto control de lo que puedan confesar: quieren asegurarse que los brasileños apunten al kirchnerismo y no a los hombres de Macri, que no están solo en el Gobierno sino en varias empresas constructoras. El problema que les surgió ahora es que la procuración brasileña anunció que enviará documentación sobre el cambista Meirelles y después sobre las coimas de Odebrecht a la procuración argentina, que a su vez la distribuirá en las cuatro causas judiciales que existen sobre las obras de la mega-constructora. Todo hace prever un contra-ataque para evitar que venga la documentación.

Originalmente, el plan de la Casa Rosada consistía en operar a través de la Oficina Anticorrupción (OA), a cargo de la militante Laura Alonso, especializada en anticorrupción (aunque únicamente del gobierno anterior). Para la OA tampoco pasó nada ni en Panamá Papers ni con Arribas ni con el Correo. Pero finalmente el Ejecutivo incluso se sacó el taparrabos y ni siquiera recurrió a la OA. Fueron derecho al grano y el encuentro entre el gobierno de Macri y la empresa brasileña, socia del Grupo Macri, fue directo, cara a cara: Ministerio-Odebrecht. El Ejecutivo quiso asegurarse toda la información sobre las confesiones de los gerentes de la constructora, las coimas y, fundamentalmente, que no se escape nada sobre la forma en la que cambiaron la licitación del soterramiento del Sarmiento. El financiamiento lo iban a conseguir Odebrecht, Ghella (compañía italiana), Comsa (española) y IECSA (la empresa del primo de Macri). Ahora la plata la pone el estado argentino. Y no pone los 2.000 millones de dólares originales de la licitación durante el kirchnerismo, sino que, asombrosamente, saltó a algo así como 3.000 millones. Pero la movida de la reunión directa fue tan grotesca que el propio Ejecutivo decidió frenarla. Seguirán por otros caminos.

Con ese panorama se entiende por qué la Casa Rosada se juega a tener todo el control: jueces adictos, cámaras fraudulentamente depuradas, y una Super-Ojota que, por las dudas, verifique los pasos de cualquier investigación y pueda influir en su desarrollo.

Fuente: Página 12

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El terrorismo no apunta sólo a EE.UU. y Europa: Argentina no es indemne

Titular de la agencia antilavado que trabajará en paralelo con la UIF, analiza que la corrupción se volvió “sistémica” y que el narcotráfico es una “amenaza concreta”. De confianza del ministro Garavano, opina que para combatir estos flagelos “todos tenemos que subirnos al mismo barco”

Desde que asumió el 10 de diciembre Mauricio Macri fijó como eje central de la agenda presidencial la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero. En línea con ello, desde el Ministerio de Justicia que encabeza Germán Garavano se acaba de crear un ente nacional que se encargará de establecer los lineamientos estratégicos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El coordinador y titular del área será Juan Félix Marteau, experto en Derecho de dilatada trayectoria y hombre de confianza del ministro.

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Lanzan un plan contra el lavado

El programa dictará políticas públicas y la UIF realizará investigaciones.

Cn el declamado objetivo de fortalecer el control del lavado de dinero, considerado “prioridad estratégica” , el Gobierno reformó ayer por decreto la Unidad de Información Financiera y creó un programa dedicado a dictar políticas públicas en la materia. Puso al frente al abogado Juan Félix Marteau, un experto asesor del FMI, de las Naciones Unidas y de las principales empresas y bancos de la Argentina en este asunto.

De este modo los temas de lavado de dinero serán abordados por dos estructuras diferentes, ambas dependientes del ministro de Justicia Germán Garavano. Por un lado la Unidad de Información Financiera se dedicará a la tarea técnica de analizar los Reportes de Operciones Sospechosas que les envíen los bancos, aseguradoras y todos los sujetos obligados a avisar cuando se realicen transacciones que no se compadecen con el perfil del cliente. Realizará inteligencia financiera. Seguirá al frente dela UIF Mariano Federici, un abogado que desempeñaba en el Fondo Monetario Internacional cuando asumió el cargo. Federici ocupó el lugar que tenía José Sbatella, hoy investigado por su gestión.

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Aconsejan ajustar la ley de lavado antes de aplicar un blanqueo de capitales

Empresarios, contadores y abogados vienen apostando desde antes de las PASO por un blanqueo de capitales más amplio que el aplicado por el Gobierno, sin costo inicial y con la posibilidad de dejar los bienes en el exterior y otras ventajas. Ayer mismo, en el marco de la visita de Rogelio Frigerio a la entidad, el presidente de CAME, Osvaldo Cornide, resaltó: “Somos partidarios de que haya una repatriación de capitales inutilizados en el exterior”.

Sin embargo, según pudo saber El Cronista, mientras Ricardo Echegaray ya está trabajando en un blanqueo a pedido del equipo de Daniel Scioli, en el macrismo aún no están convencidos de apelar a esta vía para atraer dólares al país.

Según definió ayer el vicepresidente del Banco Ciudad, Juan Curutchet, el último blanqueo por Cedines que lanzó el Gobierno y que aún está vigente luego de varias postergaciones “funciono con perfecta hipocresía”. El funcionario expuso en un seminario sobre Lavado de Activos y Contrafinanciación del Terrorismo organizado por la Facultad de Derecho de la UBA y la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (Finint), que preside Juan Félix Marteau, y que contó con la participación como moderador de Fernando Gonzalez, director periodístico de El Cronista.

La Ley de Lucha contra el Lavado de Dinero del Narcotráfico y el Terrorismo de Argentina incluye la evasión entre los delitos precedentes al de lavado de dinero, y por ese motivo, en cada blanqueo que decide el Gobierno “los bancos reportamos todo”, dijo Curutchet. Y agregó su convencimiento de que en la Unidad de Investigación Financiera (UIF) seguramente “tiran los reportes a la basura”.

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Repercusiones positivas del trabajo de los Dres. Antonio Hyman, Mariano Federici y Juan Félix Marteau en Paraguay, en el marco de las asistencias técnicas del FMI y del BID para realizar la Estrategia Nacional y la Evaluación de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Cómo fue el plan de Paraguay para lograr créditos a baja tasa

El país latinoamericano ejecutó en 2013 un extenso programa que incluyó puntos centrales para seducir a inversores extranjeros. La deuda a 30 años y su tasa, envidia de Venezuela y Argentina.

Fue un trabajo de años. Y no fue fortuito, ni mágico. Paraguay dedicó mucho tiempo a intentar insertarse en el contexto financiero internacional contradiciendo la tendencia que vivía la región con la influencia del chavismo. Primero con la decisión del ex presidente Federico Franco y ahora con la política económica de Horacio Cartes, el país latinoamericano logró ser un caso atractivo para los mercados mundiales.

El proceso de Paraguay, sin embargo, no fue fácil ni automático. Requirió varios años hasta que sus finanzas estuvieran ordenadas y prolijas y el gobierno mostrara verdaderos signos de cambio hacia los estándares exigidos por los organismos multilaterales de crédito. Pero además, debía evidenciar transparencia en dos ejes que resultan fundamentales para quienes compran deuda: lavado de dinero y lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

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Juan Félix Marteau: “En la Argentina se castiga a los pobres y se da impunidad a los grupos más poderosos”

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Fuente: Conversaciones en La Nación

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Lavado: el tiempo de la UIF para sancionar a quien no reporta

Por Juan Félix Marteau y Juan Petersen

Luego de la reforma de 2011, el texto vigente de la Ley 25.246 de Lavado de activos establece que la Unidad de Información Financiera (UIF) cuenta con 5 años para sumariar a las entidades financieras y demás sujetos obligados por incumplir con el deber de informar operaciones sospechosas.

Este plazo quinquenal es el tiempo que el legislador ha considerado razonable para que se exprese la potestad sancionatoria del Estado, ofreciendo la certeza a todos los administrados de que no quedarán sometidos a ella de manera indefinida.

En su texto originario (año 2000), esta norma no reguló de manera específica el funcionamiento de la prescripción, por lo que los sumarios abiertos por la UIF hasta 2011 se rigieron por el plazo genérico de 2 años normado por el Código Penal de la Nación (CPN), contado desde el momento en que se produce la infracción que se imputa.

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Corrientes: Proponen un organismo local que investigue lavado de dinero

Durante la conferencia realizada este jueves por el Ministerio de Seguridad en el Hotel de Turismo, el presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), Juan Félix Marteau propuso la creación de “un sistema local de control de patrimonios ilícitos”. El especialista entendió que esta herramienta contribuye a la “detección temprana” del lavado de dinero proveniente del narcotráfico, ante la “ineficiencia del sistema nacional”.

El conferencista disertante es también director del posgrado de Prevención Global de Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y consultor del Fondo Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue invitado por la cartera provincial para disertar en este encuentro que tuvo por temática el “Narcotráfico y lavado de dinero: los nuevos desafíos en materia de políticas públicas e investigación criminal”.

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Fuerte apuesta provincial en la lucha contra el narcotráfico

Especialistas disertarán además sobre el lavado de dinero y los desafíos en la política pública. El objetivo es brindar un diagnóstico inteligente y realista de las problemáticas.

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Seguridad y la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (Finint), realizará hoy a las 9, en el Hotel de Turismo de la ciudad de Corrientes, la conferencia Narcotráfico y lavado de dinero: los nuevos desafíos en materia de políticas públicas e investigación criminal.

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