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Aceptar efectivo al comprar bienes favorece el lavado

Experto argentino Juan Marteau destacó las políticas de control en Uruguay.

Hasta mayo de 2017 el abogado argentino Juan Félix Marteau (hoy senior partner del estudio que lleva su apellido) se desempeñó por seis años como titular de la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del vecino país, trabajando tanto durante el gobierno de Cristina Fernández como el de Mauricio Macri.

Aparte es el actual director del Posgrado en Prevención Global de Lavado de Activos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y miembro consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Ese conocimiento y experiencia en el combate al lavado de dinero lo lleva a afirmar que “el gran desafío” ahora que se avanzó a nivel normativo, es aplicar “con todo rigor” la ley y lograr “un buen número de condenados” y de bienes incautados.

En diálogo con El País días atrás luego de exponer en un evento en Foz de Iguazú (Brasil) sobre comercio ilegal, destacó la institucionalidad y continuidad de políticas en Uruguay respecto a la prevención del lavado, aunque marcó que el alineamiento a los estándares internacionales fue “sobre todo por obligación externa”.
También dijo que “hay un punto de quiebre” en el combate al dinero sucio al no aceptar efectivo para comprar inmuebles —Uruguay lo implementó desde abril— y que se “tienen que terminar” las plazas financieras “con beneficios fiscales”. A continuación un resumen de la entrevista con Marteau:

—¿Cómo ven desde Argentina la legislación uruguaya para la prevención del lavado de activos y la evolución que tuvo en los últimos años?
—En primer lugar, Uruguay tiene la característica de haberle dado a las políticas contra el lavado de activos y financiación del terrorismo una continuidad y permanencia más allá de los cambios de gobierno, lo que es muy importante. Conozco a los actores clave en el sistema (uruguayo) y son gente preparada y honesta, dos condiciones relevantes para llevar adelante estas misiones. Después en relación a la legislación, como todas tiene pros y contras, y la de Uruguay también. Yo creo que han avanzado respecto a la legislación que tenían y lo más importante es que la legislación se aplique con todo rigor. Ese es el gran desafío no solo de Uruguay sino de nuestra región, que la legislación se aplique con vehemencia y consigamos un buen número de condenados, además de un buen número de incautación de los bienes, que es el núcleo duro de nuestro problema.

—¿Se sigue viendo como un foco de riesgo potencial la plaza financiera uruguaya?
—La Argentina hoy está atravesada por otras motivaciones. Yo creo que la administración anterior de Cristina Fernández estaba muy preocupada por la supuesta salida de divisas, que más allá que no la justifico era en buena parte consecuencia de las prácticas del gobierno. Tuvo un condimento político apuntar a Uruguay en esa línea, a mi mismo me tocó ejercer una presión en ese sentido. Yo creo que de todas maneras, lo que cabe decir es que las plazas financieras con beneficios fiscales tienen que terminar y que los países que ofrecen servicios financieros tienen que ajustarse a todas las reglas y estándares antilavado, porque sabemos que si hay canales para que ingrese la evasión esos mismos canales se habilitan después para el narcotráfico, el contrabando y otros delitos graves. Yo no hago distinción entre los paraísos fiscales o plazas financieras buenas y las malas, creo que en el tiempo que vivimos esto debe terminar.

—¿Cómo observas la participación en los reportes de operaciones sospechosas del sector no financiero en Uruguay?
—Hay un punto de quiebre en nuestros países en la posibilidad o no de aceptar efectivo para comprar inmuebles. Los países que todavía aceptan efectivo para comprar bienes suntuarios o de montos significativos favorecen a las prácticas de lavado porque propician el ocultamiento del rastrillaje del itinerario que ha seguido el dinero con el que se paga el bien.

—¿Cómo evalúas el rol en este proceso del Grupo de Acción Financiera (Gafilat)? En Uruguay la oposición crítica al gobierno por ser “el mejor alumno de la clase”.
—Yo miro con respeto la continuidad de actores clave para el sistema (que tuvo Uruguay), eso es positivo para el sistema antilavado porque creo le ha dado una determinada legitimidad frente a todas las mutaciones y los cambios que han existido en otros países, incluyendo el mío propio. Ahora bien, hay que reconocer que el trabajo de plaza financiera que tenía Uruguay lo colocaba en una situación complicada y creo que por convicción, pero sobretodo por obligación externa, Uruguay ha entrado en un camino interesante (de combate al lavado de activos). Yo creo que la única posibilidad que tenemos frente al crimen organizado es tener políticas más activas de cooperación regional, sobre todo en el Cono Sur. Debemos dejar de lado las fisuras que crea el nacionalismo para trabajar conjuntamente con una criminalidad que está trabajando en los bordes de las fronteras, escapándole a los controles de ambos países.

—¿El acuerdo de intercambio de información tributaria que se firmó con Uruguay y rige desde 2013 fue beneficioso para Argentina?
—Creo que fue positivo sí. Aunque falta mucho trabajo para una implementación rápida y expedita a los efectos de conocer los patrimonios de las personas investigadas, entiendo que ha creado un clima de legitimidad en el buen sentido.

—En enero se descubrió en Uruguay la lujosa vida que llevaba el sindicalista argentino Marcelo Balcedo, investigado por lavado de activos. ¿Qué reflexión le merece lo que ocurrió y qué omisiones hubo por parte de los organismos de control?
—Lo que muestra es una situación estructural de corrupción de determinados sectores de la Argentina que va más allá de Balcedo. El caso de él es escandaloso por las connotaciones que tuvo, la excentricidad y el carácter suntuario de sus bienes, pero ahora no tenemos que detenernos en eso y hay que ser muy activos y los Estados muy fuertes y contundentes en las acciones buscando no solo las superficie del personaje sino los esquemas de corrupción que facilitaron ese tipo de situaciones, donde eventualmente puede haber cómplices del Estado también. Los actores antilavado tienen que ser lo suficientemente independiente como para investigar las propias connivencias dentro del Estado, eso es clave.

—¿Hay más casos como el de Balcedo?
—No te quepa ninguna duda. Hay más Balcedo, hay más políticos y más empresarios así, porque la corrupción es un fenómeno de varias vías. No puede pensarse que está localizado en algunos sectores cercanos al sector público, en verdad está atravesando a toda la sociedad en nuestros países.

Fuente: el país

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Alertan que pueden circular fondos del terrorismo en el país

El Gobierno admitió una “severa vulnerabilidad” del sistema legal y financiero.

Fronteras porosas, una Aduana colapsada, transferencias bancarias opacas, cooperativas con escaso control de sus cuentas, canales clandestinos de lavado de activos y denuncias judiciales inconclusas. Todo este cuadro representa hoy en la Argentina el esquema perfecto para presenciar “severas vulnerabilidades frente a la amenaza que implica actualmente el sistema global de recolección y provisión de fondos orientados a cometer atentados terroristas”.

Así lo revela un crudo informe interno del Ministerio de Justicia, al que tuvo acceso LA NACION, que destaca, entre otras cosas, que en el país “existen indicios de diverso alcance e importancia que permiten afirmar que hay una cierta posibilidad de circulación de activos asociados a la violencia terrorista”.

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Aconsejan ajustar la ley de lavado antes de aplicar un blanqueo de capitales

Empresarios, contadores y abogados vienen apostando desde antes de las PASO por un blanqueo de capitales más amplio que el aplicado por el Gobierno, sin costo inicial y con la posibilidad de dejar los bienes en el exterior y otras ventajas. Ayer mismo, en el marco de la visita de Rogelio Frigerio a la entidad, el presidente de CAME, Osvaldo Cornide, resaltó: “Somos partidarios de que haya una repatriación de capitales inutilizados en el exterior”.

Sin embargo, según pudo saber El Cronista, mientras Ricardo Echegaray ya está trabajando en un blanqueo a pedido del equipo de Daniel Scioli, en el macrismo aún no están convencidos de apelar a esta vía para atraer dólares al país.

Según definió ayer el vicepresidente del Banco Ciudad, Juan Curutchet, el último blanqueo por Cedines que lanzó el Gobierno y que aún está vigente luego de varias postergaciones “funciono con perfecta hipocresía”. El funcionario expuso en un seminario sobre Lavado de Activos y Contrafinanciación del Terrorismo organizado por la Facultad de Derecho de la UBA y la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (Finint), que preside Juan Félix Marteau, y que contó con la participación como moderador de Fernando Gonzalez, director periodístico de El Cronista.

La Ley de Lucha contra el Lavado de Dinero del Narcotráfico y el Terrorismo de Argentina incluye la evasión entre los delitos precedentes al de lavado de dinero, y por ese motivo, en cada blanqueo que decide el Gobierno “los bancos reportamos todo”, dijo Curutchet. Y agregó su convencimiento de que en la Unidad de Investigación Financiera (UIF) seguramente “tiran los reportes a la basura”.

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Repercusiones positivas del trabajo de los Dres. Antonio Hyman, Mariano Federici y Juan Félix Marteau en Paraguay, en el marco de las asistencias técnicas del FMI y del BID para realizar la Estrategia Nacional y la Evaluación de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Cómo fue el plan de Paraguay para lograr créditos a baja tasa

El país latinoamericano ejecutó en 2013 un extenso programa que incluyó puntos centrales para seducir a inversores extranjeros. La deuda a 30 años y su tasa, envidia de Venezuela y Argentina.

Fue un trabajo de años. Y no fue fortuito, ni mágico. Paraguay dedicó mucho tiempo a intentar insertarse en el contexto financiero internacional contradiciendo la tendencia que vivía la región con la influencia del chavismo. Primero con la decisión del ex presidente Federico Franco y ahora con la política económica de Horacio Cartes, el país latinoamericano logró ser un caso atractivo para los mercados mundiales.

El proceso de Paraguay, sin embargo, no fue fácil ni automático. Requirió varios años hasta que sus finanzas estuvieran ordenadas y prolijas y el gobierno mostrara verdaderos signos de cambio hacia los estándares exigidos por los organismos multilaterales de crédito. Pero además, debía evidenciar transparencia en dos ejes que resultan fundamentales para quienes compran deuda: lavado de dinero y lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

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Lavado: el tiempo de la UIF para sancionar a quien no reporta

Por Juan Félix Marteau y Juan Petersen

Luego de la reforma de 2011, el texto vigente de la Ley 25.246 de Lavado de activos establece que la Unidad de Información Financiera (UIF) cuenta con 5 años para sumariar a las entidades financieras y demás sujetos obligados por incumplir con el deber de informar operaciones sospechosas.

Este plazo quinquenal es el tiempo que el legislador ha considerado razonable para que se exprese la potestad sancionatoria del Estado, ofreciendo la certeza a todos los administrados de que no quedarán sometidos a ella de manera indefinida.

En su texto originario (año 2000), esta norma no reguló de manera específica el funcionamiento de la prescripción, por lo que los sumarios abiertos por la UIF hasta 2011 se rigieron por el plazo genérico de 2 años normado por el Código Penal de la Nación (CPN), contado desde el momento en que se produce la infracción que se imputa.

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Inteligencia financiera para enemigos

Por: Juan Félix Marteau

La fisura institucional que ha generado la muerte del fiscal Alberto Nisman -en mi opinión el asesinato por sicarios profesionales más sórdido de nuestra democracia- ha comenzado a poner en evidencia que buena parte de la información reunida por los dispositivos de inteligencia del Estado no se destina a proteger a la Nación y sus ciudadanos, sino a alimentar los intereses facciosos del grupo gobernante.

Quienes intervenimos en el campo de la inteligencia financiera -sin dudas, el mecanismo actual más efectivo para obtener datos sensibles sobre un blanco determinado-, hemos tenido la posibilidad de comprobar que la degradación de este tipo procedimientos estratégicos obedece a una lógica política de varios años.

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Citan a Sbatella por divulgar datos reservados de Clarín

La embestida oficial contra la prensa. Lo decidió el juez Luis Rodríguez, que tomará declaración indagatoria al titular de la UIF el 10 de marzo.

En el marco de las embestidas legales del Gobierno contra el Grupo Clarín, el juez federal Luis Rodríguez llamó a declaración indagatoria a José Alberto Sbatella, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).

La cita será el 10 de marzo. Y el motivo es la violación del artículo 22 de la Ley de lavado de dinero, por la divulgación de información secreta del grupo Clarín S.A.

El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°9 tomó esta decisión considerando que los datos revelados por el funcionario kirchnerista -de acuerdo a lo que indica la Ley 25.246, que dio origen a la UIF- estaban protegidos y no podían darse a conocer ante la opinión pública; es decir, solo estaban reservadas para el ámbito interno del organismo.

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Lavado: la impotencia de la legislación

Debate.Juan Félix Marteau.

El castigo es una represalia estatal contra el transgresor de la ley penal: su expresión produce un coste calculado en el autor de un delito. Siguiendo la tradición de pensamiento inaugurada por Hegel, la doctrina jurídica moderna –destacándose G. Jakobs– ha sabido explicar que la punición no es sólo un hecho que causa un mal al agresor, sino más bien una experiencia que permite reafirmar la confianza de los ciudadanos en el derecho.

Así, la pena permite mantener activas las expectativas de que nuestras relaciones sociales se configuran con recurso a las normas jurídicas.

Sin embargo, para que el castigo sea un registro que permita a los individuos tomar los mandatos normativos como guía para su acción práctica, es necesario que aquél tenga un grado significativo de realización, esto es, que produzca el impacto que ha sido programado de acuerdo a la importancia del injusto.

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SPECIAL WORKSHOP PGLAFT/2014

El 21 de octubre se llevo a cabo el Seminario sobre Política Estratégica contra el Lavado de Activos y Otros Delitos Complejos, organizado por FININT – Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera, y REAL – Red Argentino-Americana para el Liderazgo, en el MALBA.

MARTEAU. ABOGADOS/ATTORNEYS-AT-LAW tuvo el privilegio de participar como GOLDEN SPONSOR. El Seminario contó con la participación de expertos, actores claves tanto del sector público y privado de la Argentina actual.

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