Posts

Contraterrorismo: la ley en el vacío

Juan Félix Marteau. Coordinador Nacional para el combate del lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Ex representante argentino ante el GAFI.

La acción terrorista representa una hostilidad manifiesta al derecho y, más precisamente, a los modelos de acción que la ley define para sus ciudadanos. Significa la versión extrema de una enemistad que niega mi identidad personal en el marco de las relaciones que procuro organizar responsablemente junto a los demás.

Frente a ello, el castigo opera como un dispositivo estabilizador de las expectativas de la sociedad en relación a la vigencia de las normas. Si se logra sancionar al terrorista se decreta el fracaso de su programa de acción y, al hacerlo, se confirma que el único proyecto de vida sustentable es el que nace del orden legalmente institucionalizado.

Cuando ocurrieron los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA, en la década de los noventa, nuestro sistema penal no criminalizaba este tipo de conductas y, por defecto, se debió recurrir, para llevar adelante la investigación, a las figuras convencionales del homicidio, la lesión y el daño.

A partir de estos acontecimientos trágicos, que incluyen la sórdida impunidad, nuestra política criminal ha seguido en esta materia un itinerario ambiguo y peligroso: la ausencia de una ley formal que autorice la represalia racional a los terroristas puso en evidencia nuestra débil confianza en el derecho para guiar el uso monopólico de la violencia legítima contra los insurgentes.

En el año 2000, la Administración de la Rúa propició la sanción de la Ley 25.241, consagrando la figura del arrepentido en “hechos de terrorismo”. La mala conciencia que generan los fantasmas no conjurados del pasado llevó a que la definición de este tipo de conductas llegase por la puerta del fondo, sin consideración a una doctrina o cosmovisión del mundo sobre el sentido de este difícil ejercicio técnico-político.

Luego de los atentados del 11-S, las Naciones Unidas pusieron en marcha distintos mecanismos de presión para que los países actualizasen sus reglas en la materia. Se puso el énfasis en el aspecto económico del fenómeno, llamando a cada jurisdicción a sancionar la recolección y provisión de fondos para el extremismo que pregonaba la jihad contra los infieles de occidente.

Para sancionar la financiación del terrorismo, la Argentina se vio forzada a receptar a los actos terroristas como delitos específicos.

Debido a la larga evaluación que el país afrontó ante Grupo de Acción Financiera (GAFI) desde 2003, la Administración Kirchner decidió impulsar una reforma en el Código Penal de la Nación, incluyendo la represión de las “Asociaciones Ilícitas Terroristas y la Financiación del Terrorismo”. Fue así que, en 2007, se sancionó la Ley 26.268.

En esa oportunidad, el lobby de la red de ONGs y académicos críticos del sistema penal estatal -que tenían una influencia todavía acotada en el gobierno- no pudieron impedir el avance del proyecto que preparamos en el Ministerio de Justicia con el apoyo de la Procuración de la Nación, pero lograron que la sanción de los agrupamientos terroristas quedase acotada por una larga serie de salvaguardas técnicas que lo hacían cuasi inaplicable.

En la dura evaluación de GAFI, de 2010, quedó demostrado que los mecanismos contraterroristas del país eran completamente ineficaces: de los 9 estándares analizados, no se cumplía con ninguno. En particular, se consignó que no teníamos instrumentos legales para reprimir el apoyo a los terroristas individuales (luego conocidos como “lobos solitarios”).

La última toma de posición político-criminal en este campo la realizó la Administración Fernández de Kirchner, ya sobre la base desplegada de un garantismo penal larvado y mercenario. La Ley 26.734, de 2011, derogó la figura de la asociación ilícita especial vigente y rebajó la cuestión terrorista a una anómala agravante de pena cuando el autor de un delito (cualquiera) lo comete con la “finalidad de aterrorizar a la población”. Así, en nuestra ley, terrorismo puede ser todo delito y ningún delito, dependiendo de que se verifique que ha existido una especie de supra intencionalidad en el delincuente.

En el marco de esta legislación fragmentada se hizo el primer ensayo de congelamiento de fondos a familiares de militares prófugos en causas de “lesa humanidad” en las que no había (ni podía haber) ninguna imputación por terrorismo. Aunque la justicia federal decretó la nulidad de todo lo actuado, el daño a la credibilidad del país en el uso de estas medidas globales excepcionales ya se había consumado.

La Ley 26.846, de 2013, que aprobó el Memorando de entendimiento entre los gobiernos de Argentina e Irán con relación a la investigación del atentado terrorista de 1994, terminó por exponer la retorcida y demencial política penal dominante en este tema. Por un lado, se transferían las potestades de investigación criminal inherentes al Estado Nacional (análisis de la prueba, interrogatorio a testigos, etc.) a una “Comisión de la Verdad” compuesta por expertos. Por otro, se convertía al terrorismo en una especie de evento negociable y reparable en el marco de composiciones y recomendaciones. Otra vez la justicia federal fulminó esta norma como nula, pero quedaron confirmadas nuestras vacilaciones e indeterminaciones en este escenario.

Un cambio de rumbo significativo de la política criminal en esta materia es pura utopía si ignoramos los intereses que juegan para que el camino sea tan sinuoso y arbitrario. La respuesta técnica y filosóficamente orientada está lista desde nuestra gestión de gobierno. El consenso democrático tiene la última palabra.

Fuente: Clarín

,

El terrorismo no apunta sólo a EE.UU. y Europa: Argentina no es indemne

Titular de la agencia antilavado que trabajará en paralelo con la UIF, analiza que la corrupción se volvió “sistémica” y que el narcotráfico es una “amenaza concreta”. De confianza del ministro Garavano, opina que para combatir estos flagelos “todos tenemos que subirnos al mismo barco”

Desde que asumió el 10 de diciembre Mauricio Macri fijó como eje central de la agenda presidencial la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero. En línea con ello, desde el Ministerio de Justicia que encabeza Germán Garavano se acaba de crear un ente nacional que se encargará de establecer los lineamientos estratégicos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El coordinador y titular del área será Juan Félix Marteau, experto en Derecho de dilatada trayectoria y hombre de confianza del ministro.

Read more

,

Contra la financiación del terrorismo, profesionalidad

Por: Juan Félix Marteau

El combate contra las redes de recolección y soporte económico de las organizaciones terroristas debería considerarse como otro escenario privilegiado para interpretar el sentido y profundidad del cambio político que supone el nuevo gobierno liderado por el Presidente Mauricio Macri.

El Informe del Council of Councils, una prolífica iniciativa del Council on Foreign Relations que recoge la opinión de think tanks de los países del G20, entre los cuales se encuentra nuestro prestigioso Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, señala que el combate al terrorismo y su financiación se encuentra 3° en el ranking de los cinco mayores desafíos globales, luego de la prevención de los conflictos armados entre Estados (1°) y la respuesta a conflictos violentos internos (2°), y antes de la gestión de la economía mundializada (4°) y la mitigación del cambio climático (5°).

El panorama es crítico: en estos últimos años, las organizaciones terroristas ha aumentado exponencialmente su poder dañino, considerando el número de sus víctimas fatales, la cantidad de insurgentes involucrados y el volumen de dinero disponible. Todo ello frente a las serias dificultades que encuentran las repúblicas occidentales para dar cuenta de un fenómeno tan grave cuanto complejo.

Posiblemente, la visita del presidente de Francia en febrero próximo, será una oportunidad para volver a plantearnos dónde estamos parados y cuáles son los objetivos que persigue la nueva administración en un asunto de esta importancia.

Read more

,

Juan Félix Marteau: “En la Argentina se castiga a los pobres y se da impunidad a los grupos más poderosos”

fuente-la-nacion


Fuente: Conversaciones en La Nación

,

Inteligencia financiera para enemigos

Por: Juan Félix Marteau

La fisura institucional que ha generado la muerte del fiscal Alberto Nisman -en mi opinión el asesinato por sicarios profesionales más sórdido de nuestra democracia- ha comenzado a poner en evidencia que buena parte de la información reunida por los dispositivos de inteligencia del Estado no se destina a proteger a la Nación y sus ciudadanos, sino a alimentar los intereses facciosos del grupo gobernante.

Quienes intervenimos en el campo de la inteligencia financiera -sin dudas, el mecanismo actual más efectivo para obtener datos sensibles sobre un blanco determinado-, hemos tenido la posibilidad de comprobar que la degradación de este tipo procedimientos estratégicos obedece a una lógica política de varios años.

Read more

,

En esta Argentina, todos somos terroristas

Clarín | 15/10/12
En esta Argentina, todos somos terroristas

POR JUAN FÉLIX MARTEAU* ABOGADO Y DOCTOR EN SOCIOLOGIA

Según la ley 26.734, sancionada por el Congreso de la Nación el año pasado por iniciativa del Poder Ejecutivo, terrorista es aquel individuo que comete cualquiera de los delitos previstos en el Código Penal o en las leyes penales especiales con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales, gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.

Se trata de una fórmula legal que violenta el principio constitucional de certeza, posibilitando el desarrollo de una política antiterrorista contra individuos que nada tienen que ver con el nuevo terrorismo global, tal como está descripto en el Convenio de las Naciones Unidas contra la Financiación del Terrorismo, las Resoluciones del Consejo de Seguridad 1267 y 1373, y los Estándares del Grupo de Acción Financiera.

Considerando estas normas internacionales, durante la Administración Kirchner llevamos a cabo la primera iniciativa de encapsular racionalmente el problema del terrorismo .

Terrorista podía ser sólo aquel individuo que pertenecía a un grupo criminal orientado a propagar el odio extremo, vinculado con una red internacional y dotado de instrumentos altamente ofensivos. Con estas exigencias, se establecía una clausura objetiva: terrorista no era sólo aquel que tenía la intención, sino también la capacidad material de causar grave zozobra en el tejido social o de condicionar inequívocamente a los poderes constituidos.

Una vez derogadas estas prescripciones limitativas, la ley vigente estableció que aquello que distingue al terrorista (de cualquier delincuente común) es solamente el particular animus subjetivo con el que realiza su acto antijurídico.

Esta extravagancia jurídica está destinada a habilitar la arbitrariedad política.

Mientras los académicos neoprogresistas hacían sus habituales ejercicios distractivos en nombre de los Derechos de la Humanidad, la primera interpretación gubernamental llegó desde los ejecutores institucionales.

El presidente de la Unidad de Información Financiera, en declaraciones radiales, explicó que terrorista puede ser “quien causa una corrida bancaria o un ataque a la moneda” o bien “quien afecta la gobernabilidad” . Para la entidad que debe prevenir la financiación del terrorismo, los insurgentes globales habían transmutado en especuladores, evasores, conspiradores y opositores.

Recientemente, la UIF ordenó el primer congelamiento de fondos de personas físicas y jurídicas bajo la sospecha que los mismos estaban destinados a financiar a un prófugo de la justicia en una causa abierta por violación a los derechos humanos.

En la lógica de una novedosa coerción administrativa que recae sobre los bancos y otros sujetos obligados (que ahora deben retener el dinero de los sospechados), el terrorista adquiere ahora la fisonomía del Terrorista de Estado, aunque sus actos hayan ocurrido en los tiempos de la dictadura y hoy carezca de cualquier poder de fuego. Ninguno de los transgresores imaginados por los agentes de la inteligencia financiera locales son los terroristas que consideró el hacedor de las normas y los estándares internacionales, aun cuando algún burócrata avieso logre computar estas manifestaciones de poder como un nuevo compromiso del Gobierno al requerimiento de eficacia que impulsa el GAFI.

Como lo advierte la experiencia histórica, cuando un Estado define a un individuo como terrorista realiza una declaración de hostilidad excepcional: el individuo se convierte en una amenaza que hay que conjurar con el cien por ciento de la fuerza punitiva disponible.

Cuando esta definición es ilegítima y obedece sólo a oscuros intereses disciplinarios del gobierno de turnolas medidas antiterroristas producen un impacto simbólico desolador en toda la sociedad.

Se sabe: la enemistad estatal deviene, ella misma, aterradora.

En ese momento se produce una subversión total del orden de las palabras y la realidad. El terrorista que se busca combatir ya no es aquel asesino capaz de lo inimaginable para implantar sus ideales cargados de resentimiento, sino tan sólo el ciudadano degradado por el miedo, ese extraño y complejo sentimiento que -hasta un límite- nos silencia y nos repliega, para luego relanzarnos a refundar las alianzas, los liderazgos, en fin, la ley y la política.

En este capítulo de nuestra Argentina barroca, todos somos terroristas.

*Fue representante de la Argentina ante el GAFI en el gobierno de Néstor Kirchner.

,

¿Casinos para todos?: Se juega más que nunca y hay el doble de salas de apuestas

Por Pablo Calvo| CLARÍN

10-06-12

Hace cuatro años había 80 casinos, hipódromos y espacios para tragamonedas. Hoy funcionan 157.Un informe al que accedió Clarín revela que, desde 2008, el juego en la Ciudad creció un 70%.

Un sitio dedicado a las apuestas en todo el mundo, www.casinocity.com, lleva la cuenta: a fines de 2008, funcionaban en la Argentina 80 salas de juego. Pero hoy ya se despliegan 157 salas, prácticamente el doble. Quiere decir que se abren más casinos que plantas industriales y que aquí hay casi tantos lugares de apuestas como en el resto de los países de América del Sur juntos.

El dato de las 80 salas iniciales figuró en el reporte “Vulnerabilidades de los casinos y el sector de los juegos de azar”, del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), difundido en marzo de 2009.

La institución, que actúa contra el lavado de dinero y da recomendaciones a los países para combatirlo, había advertido esta tendencia al crecimiento en el posterior Informe de Evaluación Mutua, de diciembre de 2010, cuando contabilizó 103 casinos, hipódromos y salas de máquinas tragamonedas.

“No existe autoridad competente en la Argentina designada para supervisar el cumplimiento de los casinos con los requisitos sugeridos. De hecho, si bien la Unidad de Información Financiera (UIF) tiene algunas facultades sancionatorias, nunca ha impuesto ninguna sanción”, dijo entonces el GAFI.

Advirtió además que era “muy baja” la cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas recibidas desde la Argentina por el juego: 2 en 2007, 1 en 2008 y 5 en 2009. Y se topó con dificultades a la hora de encontrar respuestas oficiales: “la Argentina no proporcionó estadísticas detalladas con respecto a las entidades que sólo operan como casinos”.

Un síntoma de esta multiplicación de lugares de apuestas está a la vista en un informe que publicó este viernes el portal de análisis político Escenarios Alternativos (www.escenariosalternativos.org).

Se afirma allí que, en la Ciudad Buenos Aires, el juego creció un 70 por ciento en los últimos cuatro años. Y que el monto de dinero jugado sólo el año pasado en el Casino Flotante, las máquinas electrónicas del Hipódromo y las salas de Bingo “supera varios presupuestos sociales y toda la obra pública del Estado nacional: 45 mil millones de pesos, es decir, cerca de 10 mil millones de dólares”.

El sitio es editado por el radical Jesús Rodríguez, ex diputado y ministro de Economía de Raúl Alfonsín y hoy director del proyecto de Fortalecimiento Legislativo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

En base a reportes que los concesionarios elevan al Estado, el trabajo puntualiza:

“La información disponible, cuya obtención es una verdadera misión imposible, permite saber que los ingresos del concesionario del Casino, donde el monto jugado casi se multiplicó por tres desde el año 2007, alcanzaron en los últimos cuatro años una cifra que orilla los 2.500 millones de pesos, más de 600 millones de dólares”.

“En el caso de las máquinas electrónicas, los ingresos del operador superaron en los cuatro años los 3.600 millones de pesos, más de 800 millones de dólares”.

“El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires percibieron el año pasado escasos 184 millones de pesos cada uno, es decir, menos del uno por ciento de lo que se jugó en el año en el Casino y en las máquinas electrónicas”.

“En adición a la conducta socialmente disvaliosa que revela el auge del juego y la exigua contribución fiscal con la que habitualmente se pretende justificar su promoción, corresponde consignar que el mismo es internacionalmente considerado como ‘una actividad financiera’ de alto riesgo en relación con las prácticas delictivas del lavado de dinero”.

“Según los propios datos oficiales, de las 10.712 denuncias de operaciones sospechosas de lavado recibidas por la UIF desde el año 2002 hasta marzo de 2011, sólo 26 fueron reportadas por salas de juego”.

Según los datos más actualizados del sitio Casino City, utilizado como fuente de referencia por los expertos en prevención del lavado de dinero, existen en el mundo unos 5.573 casinos, hipódromos y salas de apuestas legales: 1731 están en Estados Unidos, 458 en Francia, 428 en Australia, 393 en el Reino Unido y 159 en Canadá, dos más que en la Argentina.

En abril, el diario La Nación reveló que el kirchnerismo pretende revisar contratos y modificar la legislación del juego en la provincia de Buenos Aires, para poder controlar el negocio. El jueves último, Clarín publicó una versión similar sobre la aparente intención del Gobierno de nacionalizar los ingresos del juego y quitar recursos también a la Ciudad de Buenos Aires, donde las concesiones son controladas por el empresario Cristóbal López, que era muy cercano a Néstor Kirchner. La agrupación La Cámpora fue mencionada en esos reportes como cercana al futuro esquema de administración. No hubo hasta ahora una voz oficial para aclarar estos puntos.

El diputado bonaerense de la Coalición Cívica-ARI Walter Martello, acaba de presentar el libro “No va más”, que describe “los vínculos entre el juego y la política en la provincia de Buenos Aires, de Duhalde al Boudougate”.

Denuncia que “es alarmante el número de espacios propensos para el desarrollo de la ludopatía. En territorio bonaerense, de 1992 a la fecha, se abrieron más de 50 bingos en lugares que presentan una marcada vulnerabilidad social, económica, habitacional, educativa y sanitaria. Se extraen millonarios recursos a los sectores más desprotegidos de la sociedad”.

Consultado por Clarín, el abogado Juan Félix Marteau, especialista en el campo de la criminalidad financiera internacional, explicó que “el ambiente del casino es disperso en cuanto a la seriedad del cumplimiento de las normas relacionadas con el lavado: hay casinos que cotizan en bolsa, con la seriedad que ello implica, otros no tan sólidos y otros muy flojos de papeles”.

“El sector del juego se encuentra en amplia expansión en todo el mundo. En Sudamérica, es pobrísimo el nivel de cumplimiento de los estándares globales. Los países del GAFISUD presentan serias falencias en sus marcos regulatorios y en las capacidades de que la problemática del juego ingrese al análisis de los sistemas de inteligencia financiera” sostuvo Marteau.

A fines de 2010, la Iglesia cuestionó la “proliferación de casinos, bingos y del fabuloso negocio de las máquinas tragamonedas” sobre todo en cercanías de barrios pobres. Y reclamó al Estado “regular con transparencia” los juegos de azar.

,

Dura crítica del GAFI al Gobierno por el control del lavado de dinero

Dura crítica del GAFI al Gobierno por el control del lavado de dinero
25/06/11 Plantea que el país tiene “deficiencias estratégicas” para combatir el lavado.
Por Natasha Niebieskikwiat

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió ayer un duro documento público, que será divulgado en las próximas horas a la comunidad internacional. Supo Clarín de altas fuentes que éste considera que pese a los esfuerzos y avances de la Argentina con su reciente reforma de la ley de lavado de dinero, el país sigue presentando graves deficiencias estratégicas en su sistema de prevención antilavado.
Fuentes que tuvieron acceso directo a la información sobre las conclusiones de la reunión evacuatoria del Grupo, que se reunió esta semana en México, dijeron además que se urgió al país a que sin demora promueva las modificaciones necesarias para cumplir con los estándares internacionales en materia de lavado de dinero como también en la lucha contra el financiamiento del terrorismo, donde por cierto el GAFI puso esta vez enorme énfasis, y donde sigue habiendo diferencias básicas.
El seguimiento al que será sometido ahora el país cada tres meses -una frecuencia mayor de lo normal- harán comparable la situación local a la de más de treinta países con serias deficiencias técnicas en su sistema anti lavado, y que se han comprometido a implementar medidas públicas para subsanar esas debilidades. Entre ellos Angola, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Bolivia, Ecuador, Etiopia, Ghana, Grecia, Honduras, Indonesia, Kenia, Marruecos, Nepal, Nigeria, Pakistán, Paraguay, Sudán, Siria, Tanzania, Trinidad y Tobago, Turquía, Venezuela, Vietnam y Yemen, entre otros En el Gobierno el ánimo que imperaba anoche era radicalmente opuesto . Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que conduce Julio Alak -quien encabezó la delegación oficial que viajó a México- aseguraban estar satisfechos con el hecho de que el GAFI aceptara el Plan de Acción exhibido allí. Y aseguraban que el país no recibirá sanciones ni tampoco cayó en la categoría de países “no cooperantes”, como Irán y Corea del Norte. Esta era una de las amenazas a fines del año pasado.
“El plenario no impuso ningún tipo de sanción de las previstas en las recomendaciones especiales del organismo. La Argentina mantiene la membresía plena y se lo consideró país cooperante, en tanto las transferencias financieras desde las instituciones locales no requerirán controles adicionales”, dijo el Ministerio en un comunicado emitido anoche.
Por su parte la agencia oficial Télam divulgó una entrevista al titular GAFI, Luis Urrutia Corral, quien destacó el “compromiso” asumido por la Argentina en cumplir con el plan de acción en materia de antilavado y que el país no había sido “objeto de ningún tipo de sanción ”. Agregó Urrutia “Hemos estado dando seguimiento a la Argentina y tomamos nota del plan de acción y como parte de esa revisión, se ha aprobado dicho plan”. El jueves, el GAFISUD -que agrupa a los países de Sudamérica había estimado que la Argentina superó “en gran medida” las recomendaciones para mejorar el sistema de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo internacional.
Pero vale aclarar que el mismo hecho de que se emita un documento público sobre el seguimiento intensivo al que será sometido la Argentina funciona como un alerta en sí a la comunidad financiera internacional.
A diferencia de que muchos de los países bajo extremo seguimiento no son miembros del GAFI, la Argentina sí lo es. Y también está dentro del G-20. Sabe este diario que los países más duros para el país fueron Estados Unidos y Gran Bretaña, entre otros.
“La decision política al máximo nivel en esta materia debe concentrarse en la identificación de los riesgos y amenazas concretas que tiene el país en los delitos más graves que producen dinero ilícito como narcotráfico y corrupción”, opinó anoche en consulta el abogado Juan Félix Marteau, ex coordinador de la Argentina ante el GAFI durante la presidencia de Néstor Kirchner. “Lo que hace sustentable un plan ante la comunidad internacional es que la lucha contra el crimen financiero o contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo resguarden la transparencia del sistema financiero y el orden público y la seguridad de la Argentina”. Agregó que sin este programa realista “la demanda del GAFI va siempre infinita e incumplible”.

Publicado en clarin.com

,

Presentan dos proyectos de ley para evitar sanciones en el GAFI Son sobre financiamiento del terrorismo y lavado de dinero.

14 OCT 2011 02:17h
LAVADO

Por NATASHA NIEBIESKIKWIAT
natashan@clarin.com

Diez días antes de la presentación que deberá hacer el Gobierno ante el Grupo de Acción Financiera Internacional, que le exige especialmente una evaluación trimestral y no anual, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, anunció ayer que Cristina Kirchner enviará al Cogreso dos proyectos de ley y aprobó dos medidas destinadas a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Las novedades más resonantes son las relacionadas con el financiamiento del terrorismo , ya que se trata de una de las demandas que con mayor énfasis el Gobierno oirá el 24 y 25 de octubre en la reunión del GAFI, en París, de los grupos que más presionan. Ayer por ejemplo en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EE.UU. el representante ante el GAFI de ese país, Dan Glazer mencionó a la Argentina entre los países carentes de una ley contra el financiamiento del terrorismo.
Uno de los proyectos de ley enviados al Congreso modifica el Código Penal con cambios en el tipo penal sobre terrorismo y su financiamiento, que prevé penas de 5 a 15 años de prisión para el que recolectare o proveyere fondos para la comisión de los delitos.
El otro proyecto de ley penaliza la manipulación del mercado . Se anunció un decreto que crea el Programa Nacional de Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, paralelo al proyecto de ley específico, y una resolución que establece procedimientos para la regulación, supervisión y sanción de las tareas de la Unidad de Información Financiera , criticada por la fuerte politización de sus acciones.
Si bien Alak reconoció ayer que estas decisiones se ajustan a las demandas del GAFI, dijo que los proyectos de ley modifican el Código Penal argentino, pero no crean leyes específicas, lo que el Gobierno siempre se negó a concederle al Grupo. Además, en una rueda de prensa que dio para hacer el anuncio, y junto al equipo que viajará a París el 24 y 25, Alak señaló que también se habían excluido a las protestas sociales en la tipificación de actividades terroristas.
“Esto es por la posición que viene teniendo el país porque consideramos que hay que luchar contra el terrorismo sin afectar los derechos de la población”, dijo.
Ayer, el ex coordinador ante el GAFI bajo el gobierno de Néstor Kirchner, Juan Félix Marteau, celebró ante Clarín que la Argentina se encamine a una planificación estratégica en la lucha contra estos delitos, retomando las acciones llevadas adelante en la administración anterior. Esto repercute positivamente en todos los asuntos internacionales del país, dijo. Sin embargo, advirtió que es “esencial evitar la politización de los organismos de control de modo tal que estos se encaminen a una lucha eficaz contra los enemigos de la democracia y la paz mundial”.

Antecedentes
Argentina fue sometida junto a un grupo de países a un sistema de evaluación trimestral en vez de anual ante el GAFI.

Fue en junio pasado, en México. Allí el Grupo aprobó el Plan de Acción presentado por el Gobierno, que incluyó un a nueva ley contra el lavado de dinero, pero al mismo tiempo se criticó al país por incumplimientos de las recomendaciones del grupo.

El 24 y el 25, el país volverá a rendir examen ante el GAFI, en sus cuarteles centrales en París.

Allí se esperaban reclamos de una ley contra el fi nanciamiento del terrorismo, donde el GAFI y el Gobierno difieren desde el vamos en cuestiones de conceptos. Aún no se conocen repercusiones por los anuncios de ayer.

publicado en clarin.com

,

Peligrosa definición de terrorismo.

Por Juan Félix Marteau para Clarín
22 de diciembre de 2011
El compromiso de los países con el combate global a la financiación del terrorismo se mide a través de 9 estándares normativos diseñados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI). La Argentina dio pasos significativos en esta materia al aprobar, en 2005, la Convención de las Naciones Unidas para la Represión de la Financiación del Terrorismo y penalizar, en 2007, la financiación del terrorismo en el marco de una agenda nacional que fijaba los parámetros bajo los cuales debía darse la armonización jurídica en esta materia. Debido a estas acciones, llevadas a cabo en la Administración Kirchner, el país pudo cerrar exitosamente la Segunda Evaluación Mutua del GAFI e ingresar en la más compleja discusión sobre la problemática de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La experiencia indica que sin una estrategia política que defina los riesgos nacionales frente al crimen organizado y el terrorismo se crea un círculo vicioso : las demandas y exigencias internacionales sobre el país se vuelven infinitas y el país responde con medidas que no tienen que ver con sus prioridades e intereses.
En aquel momento, se encapsuló con precisión el delito de terrorismo a través de la figura de la asociación ilícita terrorista, una fórmula similar a la utilizada por el derecho penal alemán.
A contramano de ese criterio, la ley aprobada esta semana establece una agravante genérica de las penas para cualquier delito que se cometa con el fin de “aterrorizar a la población” , abriendo el proceso de criminalización a un abanico de conductas que jamás fueron pensadas como actos terroristas (un daño a la propiedad, un ilícito cambiario, una amenaza, etc). La Convención mencionada establece que los actos de terrorismo son delitos graves, tales como apoderamiento de aeronaves, atentados contra plataformas marinas, secuestros extorsivos, lesiones graves, homicidios dolosos, etc., en general acciones que pueden ser llevadas a cabo por organizaciones ilícitas terroristas con alto poder ofensivo.
La comunidad mundial tiene altas expectativas sobre el compromiso de nuestro país en esta lucha. Lo que se espera no es precisamente que sus autoridades vuelvan solamente a modificar su ley penal, sino que satisfaga el sistema de 9 recomendaciones especiales contra la financiación del terrorismo -que actualmente siguen todos incumplidos- a efectos de lograr resultados mensurables.
La sospecha sobre el posible uso distorsionado de los dispositivos antiterroristas -para criminalizar conductas que en su naturaleza nada tienen que ver con el terrorismo global- engendra una zozobra en el orden transnacional que el país termina pagando demasiado caro. Ponderando este argumento, el Gobierno nacional debería considerar la posibilidad de volver a la idea de una estrategia nacional capaz de contribuir de manera inequívoca y eficaz al combate focalizado contra aquella insurgencia orientada a agredir la paz y la seguridad de las naciones.
Esto es lo que puede permitir ingresar en un círculo virtuoso en que se logra cumplir racionalmente los estándares del GAFI, proyectando a la Argentina como un líder regional confiable y necesario.

Publicado en Clarín Edición Impresa

Publicado en clarin.com