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“Hasta hace unos años se podía conseguir un fusil Kalashnikov a 250 dólares en Retiro”

Organizado por la Fundación en Inteligencia Financiera (FININT), se realizó en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el seminario “Las finanzas del terrorismo y el crimen organizado”. Durante más de 10 horas expusieron los expertos más importantes en prevención de lavado de activos y financiación de las actividades terroristas y del crimen organizado. Entre ellos, el fundador de FININT, Juan Félix Marteau; Mario Montoto, presidente de TAEDA y presidente de la Cámara Argentino-Israelí; el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé; los jueces federales Claudio Bonadio y Sergio Torres; y especialistas de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, de la Unión Europea, del Ministerio de Justicia de la Nación, de Control Migratorio del Ministerio del Interior y del Banco Ciudad.

En la apertura, Juan Félix Marteau señaló que el trabajo que hay que hacer en la Argentina es enorme en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Agregó que durante muchos años se han consolidado ideas que negaron el fenómeno.

En ese sentido, aclaró que las reformas que se hicieron durante los últimos años fueron en ese camino, en el de la negación con el resultado de un país con una corrupción estructural que abre canales para que los narcotraficantes coloquen su dinero en la Argentina, para que los contrabandistas ganen cada día más y eventualmente para que los terroristas puedan utilizar estas vías para invertir en nuestro país. “No nos podemos permitir esto, tenemos que trabajar seriamente, profesionalmente todos para encontrar el orden institucional en la Argentina”, afirmó Marteau.

El presidente de TAEDA y de la Cámara Argentina-Israelí, Mario Montoto, alertó sobre la necesidad de entender que el fenómeno del crimen organizado que parecía ser una problemática muy lejana empezó a ser un tema de todos los días en nuestro país. Como ejemplo, contó que uno de los sicarios colombianos más importantes fue detenido en la Argentina y en una de sus declaraciones -y a partir de las investigaciones judiciales- se determinó que este hombre estaba montando en la Argentina una especie de escuela de formación de sicariato. “Nosotros entendemos que los tiempos de negación de toda esta problemática han pasado”, dijo Montoto. Además destacó: “La administración del presidente Macri asume planteando que uno de sus objetivos es la lucha contra el narcotráfico”.

Uno de los especialistas, Juan Belikow, consejero líder de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos, hizo referencia a la creciente presencia del crimen organizado en la región.

El experto alertó que la economía ilícita está en el orden de entre el 30 y el 76 por ciento según el país, ya sea por el tráfico y comercialización de productos ilícitos o por el comercio ilegal de productos lícitos. Y relató el caso de un coleccionista de armas que le contó que hace 10 años se podía conseguir en Retiro un fusil AK 47 Kalashnikov por 250 dólares.

Para entender la problemática del crimen organizado basta con mencionar sólo algunas cifras. En Estados Unidos hay veinte mil grupos criminales integrados por aproximadamente 350 mil personas. En nuestra región, tomando los países más sintomáticos en esta materia (México, Colombia, Perú, Brasil), las bandas de grupos criminales suman más de 600 mil efectivos.

Edgardo Buscaglia, director del International Law and Economic Development Center de la Universidad de Columbia, señaló que en 2014 -luego de un estudio minucioso- alertó al Congreso Nacional de que la Argentina estaba violando el 66% de los artículos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Al momento de las conclusiones, el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, destacó que lo más esperanzador en la lucha contra el crimen organizado en nuestro país es la terminación del cepo ideológico que tenía la Argentina que -según su opinión- impedía, por ejemplo, poner en marcha el sistema procesal federal porque se temía que ese proceso le iba a dar mucho poder a Justicia Legítima.

fuente: Infobae

Amplían las facultades de la ex “Ojota” para agilizar investigaciones

Garavano y Lorenzetti, de quien depende la oficina de escuchas, acordaron concentrar en ella toda la información estatal

 

“Las bandas criminales son más sofisticadas que la Justicia.” Así define un juez de Comodoro Py la burocracia que envuelve sus pesquisas. Es uno de los magistrados que ven con buenos ojos el proyecto que busca darle más poder y herramientas a la oficina que realiza las escuchas telefónicas legales.

La vieja “Ojota”, como se conoce a la dirección de la Corte Suprema que controla la Oficina de Captación de Comunicaciones, firmó un convenio con el Ministerio de Justicia para acceder a más bases de información. Y en estos días se terminará de redactar un “protocolo” para agilizar las investigaciones contra los delitos complejos.

La idea del convenio es que la ex “Ojota” no sólo concentre las pinchaduras legales, sino también datos de distintos organismos del Ministerio de Justicia, como la IGJ, el Registro de Propiedad Inmueble y Automotor y las bases de datos personales, entre otras. En paralelo, se firmaron convenios similares con la UIF y la AFIP. Así, la dependencia de la Corte se convertiría en una “mesa de entradas”: en lugar de librar oficios a múltiples dependencias, con el tedio que eso conlleva, los jueces sólo tendrán que remitirse a una oficina centralizada dentro del mismo Poder Judicial.

El proyecto avanza con el aval de distintos jueces y fiscales federales, que integraron un “comité de expertos” para buscar soluciones a los escollos y las dilaciones que afrontan las investigaciones contra el lavado de dinero, el narcotráfico, el terrorismo y la trata de personas, entre otros delitos complejos.

Días atrás, el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y el ministro de Justicia, Germán Garavano, suscribieron el acuerdo de cooperación. En la práctica, el convenio es llevado adelante por la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, conducida por Juan Félix Marteau, y por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos del Poder Judicial, controlante de la ex “Ojota” y comandada por el camarista Martín Irurzun.

“Creemos que con más bases de datos podemos ayudar mejor a los jueces en la búsqueda de prófugos y en las investigaciones de delitos complejos. La idea es agilizar la Justicia y ayudar en el entrecruzamiento de información”, señaló a LA NACION Juan Tomás Rodríguez Ponte, director ejecutivo de la ex “Ojota”.

El convenio estipula cuatro modalidades de cooperación. La más novedosa es la que determina que “a requerimiento de autoridades judiciales” la ex “Ojota” tendrá acceso a las múltiples bases de datos de los organismos del Ministerio de Justicia. “La cartera prestará a la dirección de la Corte un canal informático de acceso seguro con claves independientes para cada una de las bases”, estipula el escrito.

Otro de los objetivos es la confección de un “mapa de riesgos” donde se incluyan las causas judiciales, las sentencias y las estadísticas en materia de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Un tercer punto clave del convenio ordena la redacción de un “protocolo” para que los jueces tengan herramientas para investigar delitos económicos y para recuperar bienes de origen ilícito para el Estado. En los últimos días se dio forma al borrador de este “manual” y ahora se espera que varios jueces lean el escrito y eleven sus recomendaciones.

Para elaborar el protocolo, la coordinación de Marteau convocó a un comité de expertos, entre los que figuran los jueces federales Sergio Torres, Ariel Lijo, Claudio Bonadio y Sergio Torres; los fiscales Carlos Rívolo y Eduardo Taiano; el fiscal de Casación Raúl Pleé, y el camarista de Casación Mariano Borinsky. También se sumaron a las mesas de trabajo representantes del BCRA, de la UIF y de la AFIP.

“Es necesario que los jueces sepan que pueden realizar un decomiso anticipado de bienes, aun sin condena, para atacar la estructura económica de las organizaciones delictivas. También que conozcan cómo pueden recuperar bienes de origen ilícito en el exterior del país”, resaltó Marteau.

El juez Torres, uno de los impulsores, presentó ante sus colegas como caso testigo la causa del “narcoarroz”, expediente que incluyó una investigación por lavado de dinero con el narcotráfico como delito antecedente. Allí exhibió las dificultades para pesquisar el patrimonio de la organización. “Hay que atacar las estructuras financieras de las bandas, porque hoy en día un delincuente detenido es fácilmente reemplazable”, dijo el magistrado.

Fuente: La Nación

Contraterrorismo: la ley en el vacío

Juan Félix Marteau. Coordinador Nacional para el combate del lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Ex representante argentino ante el GAFI.

La acción terrorista representa una hostilidad manifiesta al derecho y, más precisamente, a los modelos de acción que la ley define para sus ciudadanos. Significa la versión extrema de una enemistad que niega mi identidad personal en el marco de las relaciones que procuro organizar responsablemente junto a los demás.

Frente a ello, el castigo opera como un dispositivo estabilizador de las expectativas de la sociedad en relación a la vigencia de las normas. Si se logra sancionar al terrorista se decreta el fracaso de su programa de acción y, al hacerlo, se confirma que el único proyecto de vida sustentable es el que nace del orden legalmente institucionalizado.

Cuando ocurrieron los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA, en la década de los noventa, nuestro sistema penal no criminalizaba este tipo de conductas y, por defecto, se debió recurrir, para llevar adelante la investigación, a las figuras convencionales del homicidio, la lesión y el daño.

A partir de estos acontecimientos trágicos, que incluyen la sórdida impunidad, nuestra política criminal ha seguido en esta materia un itinerario ambiguo y peligroso: la ausencia de una ley formal que autorice la represalia racional a los terroristas puso en evidencia nuestra débil confianza en el derecho para guiar el uso monopólico de la violencia legítima contra los insurgentes.

En el año 2000, la Administración de la Rúa propició la sanción de la Ley 25.241, consagrando la figura del arrepentido en “hechos de terrorismo”. La mala conciencia que generan los fantasmas no conjurados del pasado llevó a que la definición de este tipo de conductas llegase por la puerta del fondo, sin consideración a una doctrina o cosmovisión del mundo sobre el sentido de este difícil ejercicio técnico-político.

Luego de los atentados del 11-S, las Naciones Unidas pusieron en marcha distintos mecanismos de presión para que los países actualizasen sus reglas en la materia. Se puso el énfasis en el aspecto económico del fenómeno, llamando a cada jurisdicción a sancionar la recolección y provisión de fondos para el extremismo que pregonaba la jihad contra los infieles de occidente.

Para sancionar la financiación del terrorismo, la Argentina se vio forzada a receptar a los actos terroristas como delitos específicos.

Debido a la larga evaluación que el país afrontó ante Grupo de Acción Financiera (GAFI) desde 2003, la Administración Kirchner decidió impulsar una reforma en el Código Penal de la Nación, incluyendo la represión de las “Asociaciones Ilícitas Terroristas y la Financiación del Terrorismo”. Fue así que, en 2007, se sancionó la Ley 26.268.

En esa oportunidad, el lobby de la red de ONGs y académicos críticos del sistema penal estatal -que tenían una influencia todavía acotada en el gobierno- no pudieron impedir el avance del proyecto que preparamos en el Ministerio de Justicia con el apoyo de la Procuración de la Nación, pero lograron que la sanción de los agrupamientos terroristas quedase acotada por una larga serie de salvaguardas técnicas que lo hacían cuasi inaplicable.

En la dura evaluación de GAFI, de 2010, quedó demostrado que los mecanismos contraterroristas del país eran completamente ineficaces: de los 9 estándares analizados, no se cumplía con ninguno. En particular, se consignó que no teníamos instrumentos legales para reprimir el apoyo a los terroristas individuales (luego conocidos como “lobos solitarios”).

La última toma de posición político-criminal en este campo la realizó la Administración Fernández de Kirchner, ya sobre la base desplegada de un garantismo penal larvado y mercenario. La Ley 26.734, de 2011, derogó la figura de la asociación ilícita especial vigente y rebajó la cuestión terrorista a una anómala agravante de pena cuando el autor de un delito (cualquiera) lo comete con la “finalidad de aterrorizar a la población”. Así, en nuestra ley, terrorismo puede ser todo delito y ningún delito, dependiendo de que se verifique que ha existido una especie de supra intencionalidad en el delincuente.

En el marco de esta legislación fragmentada se hizo el primer ensayo de congelamiento de fondos a familiares de militares prófugos en causas de “lesa humanidad” en las que no había (ni podía haber) ninguna imputación por terrorismo. Aunque la justicia federal decretó la nulidad de todo lo actuado, el daño a la credibilidad del país en el uso de estas medidas globales excepcionales ya se había consumado.

La Ley 26.846, de 2013, que aprobó el Memorando de entendimiento entre los gobiernos de Argentina e Irán con relación a la investigación del atentado terrorista de 1994, terminó por exponer la retorcida y demencial política penal dominante en este tema. Por un lado, se transferían las potestades de investigación criminal inherentes al Estado Nacional (análisis de la prueba, interrogatorio a testigos, etc.) a una “Comisión de la Verdad” compuesta por expertos. Por otro, se convertía al terrorismo en una especie de evento negociable y reparable en el marco de composiciones y recomendaciones. Otra vez la justicia federal fulminó esta norma como nula, pero quedaron confirmadas nuestras vacilaciones e indeterminaciones en este escenario.

Un cambio de rumbo significativo de la política criminal en esta materia es pura utopía si ignoramos los intereses que juegan para que el camino sea tan sinuoso y arbitrario. La respuesta técnica y filosóficamente orientada está lista desde nuestra gestión de gobierno. El consenso democrático tiene la última palabra.

Fuente: Clarín

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Se creó un nuevo organismo para  combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo

ESTARÁ A CARGO DE FÉLIX MARTEAU, CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS CONTRA LOS ÍLICITOS FINANCIEROS

Se creó, mediante decreto 360/16 la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, en cumplimiento con los estándares internacionales en la materia, emanados del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y las convenciones de las Naciones Unidas.

La Coordinación dependerá del ministro de Justicia, Germán Garavano, y estará a cargo de Juan Félix Marteau. Tiene por misión fortalecer la lucha contra el lavado de activos, enfocándose específicamente en los mecanismos de coordinación interinstitucional de las políticas públicas referentes a la prevención, detección y sanción de los delitos financieros, a fin de lograr una mayor efectividad en los procedimientos.

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