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Francisco in mundus: ilícitos financieros y transparencia

Juan Félix Marteau Abogado y doctor en sociología. Fue representante argentino ante GAFI

Una ‘Iglesia pobre y para los pobres’ es una máxima ético-religiosa orientada a guiar la acción evangelizadora de la Iglesia a partir de la recuperación de valores cristianos centrales como la austeridad, el servicio y la trascendencia. Bien entendida es, además, una consigna teológico-política que define un campo de hostilidad concreta contra los grupos de interés que han hecho prosperar, en el corazón de la Santa Sede, la lógica de fuerzas a veces obscenas, mezquinas y autorreferenciales.

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El concepto de seguridad

Por Juan Félix Marteau*

La noción de seguridad se ha banalizado en una vorágine de opiniones y comentarios pronunciados, en general, fuera de un marco conceptual capaz de otorgarle una correcta inteligibilidad en lo que hace a su sentido y alcance. Ello conduce a pensamientos distorsionados y acciones erráticas cuando se procuran tratar los temas que se vinculan con este ámbito de realidad problemático y, especialmente, cuando se intenta poner en escena estrategias públicas contra las causas de la inseguridad. Ello justifica de algún
modo recordar qué significa este término, por lo menos en las dos esferas donde tiene un carácter definido y -como intentaremos señalar aquí- complementario: la política y la ética.

En la dimensión de lo político, la noción de seguridad se vincula a la capacidad que posee una organización social para afrontar y, en ciertos casos, conjurar eficazmente las amenazas que deben afrontar los individuos en el conjunto diverso de las relaciones sociales. Desde este punto de vista, puede señalarse que un entorno social es seguro cuando ofrece a sus miembros herramientas convenientes y bases sólidas para orientar sus conductas hacia los objetivos que consideran valiosos, aun cuando su consecución implique un coste. Tanto la perdurabilidad de los estilos de vida cuanto la movilidad y el cambio hacia nuevos hábitos sociales, pueden ser seguros cuando se asientan sobre un umbral aceptable de previsibilidad.

A lo largo de la historia, la seguridad ha estado en el centro de la cuestión política. Pero es en la edad moderna, cuando queda evidenciado de manera categórica hasta qué punto la seguridad es presupuesto fundamental de la existencia del Estado. Como puede leerse en Leviatán de Hobbes, el ejercicio monopólico de la violencia que caracteriza de modo esencial al aparato estatal se legitima en su pretensión de cancelar con éxito la violencia privada y, con ello, sentar los fundamentos para que los individuos puedan tomar decisiones vitales y sociales consistentes.

La realidad histórica ha dado muestras suficientes de que el estado de seguridad es el producto del conflicto y la lucha: es el resultado del posicionamiento, incluso dramático, de los hombres en las relaciones de mando y obediencia; un verdadero mecanismo de consolidación de la autoridad soberana, pero al mismo tiempo un dispositivo de construcción de ciudadanía.

Sin embargo, la discusión ideológica que ha prosperado en las últimas décadas ha contribuido en buena medida a enmarañar estas circunstancias fácticas, presentando a la seguridad pública como un estadio al que se arriba por una especie de evolución natural y necesaria del desarrollo social.

Al compás del desmadramiento sostenido del problema de la seguridad en las sociedades contemporáneas, las utopías neoliberales y neoprogresistas han sido inventivas en la idealización del mismo, imaginando un futuro de progreso en que los hombres serán capaces de vivir seguros.

Por un lado, el neoliberalismo ha insistido en su fe en el mercado: el Estado debe proceder a desregular la acción de las fuerzas económicas, a privatizar los controles sociales y a neutralizar los delincuentes. Con la prosperidad y el fin de los conflictos más graves, la inseguridad puede reducirse a una especie de miedo individual (al delito o al desorden), siendo tratable por las nuevas psicologías sistémicas. Las políticas de seguridad se convierten entonces en pura prevención situacional orientada a una intervención focalizada en la superficie de los síntomas de los desequilibrios sociales.

Por otro, el neoprogresismo ha mostrado su fe en la comunidad de iguales: la intervención estatal debe orientarse a paliar las diferencias de clases, asistir a los marginados y resocializar a los transgresores de las normas. El progreso social conduce a un mejor equilibrio para dirimir los conflictos y ello lleva a la abolición de los castigos, ya que las penas son consideradas promotoras de la desigualdad. Las políticas de seguridad ciudadana devienen sistemas reducidos y alternativos de resolución de litigios que permiten una mejor administración de las percepciones y sentimientos de víctimas y victimarios.

En cualquier caso, las visiones neoliberales y neoprogresistas se hermanan en su crítica reactiva contra el Estado, fomentando la erosión de su legitimidad para generar entornos sociales seguros: por distintas vías logran que el cumplimento de la ley formal se transforme en un instrumento ineficaz para proponer modelos capaces de guiar la acción práctica de los individuos.

Después de tanta polémica, resulta evidente que la dimensión política de la seguridad no se explica apelando a economicismos o sociologismos reduccionistas. En todo caso, aun cuando la cuestión económica o la cuestión social puedan identificar algunas de las causas de la inseguridad, no explican su raíz más profunda.

Es por ello que, cuando el tropo utópico de estas ideologías se diluye en sus propias inconsistencias, la dimensión política comienza a construir una amalgama cada vez más fuerte con la dimensión ética de la seguridad. Desde el punto de vista ético, aquella no significa mitigación objetiva de los peligros existentes, sino más bien una disposición subjetiva a no verme sobrepasado e inmovilizado por los males que me acechan. El concepto latino securitas explica que un hombre seguro es aquel que posee tranquilidad de espíritu, que tiene aptitud para estar a la altura de las circunstancias que le tocan vivir, independientemente del tenor de las amenazas vigentes. Un hombre seguro no es aquel que elimina los riesgos, sino aquel que justamente se arriesga porque tiene un objetivo vital que cumplir.

En este sentido, la seguridad es una condición de señorío individual: es una actitud de dominio al obrar que me permite enlazar mis convicciones y deseos a la actividad de la vida concreta. Es esa dignidad que evita la “servidumbre voluntaria”, al decir de De la Boetie, que lleva a entregar la libertad a cambio de una supuesta contraprestación de protección y sometimiento.

En la tradición occidental, Ulises, David y Jesús son los arquetipos del hombre seguro: en ellos, cuerpo y espíritu están dispuestos a forjar una ética, cuyo poder no deriva del dominio pleno de las cosas del mundo, sino de la inquebrantable creencia en la verdad que los orienta. Aunque a lo largo de estos años hemos visto el surgimiento de morales mesiánicas de salvación, unas cuasi ideologías en las que la seguridad es presentada como un estadio de perfección y armonía por venir, es innegable que el reservorio más consistente y significativo para encontrar una respuesta vital cuando me siento inseguro, continúan siendo las éticas religiosas que parten de la imperfección del hombre para diseñar el camino hacia la paz y el sosiego individual, aquí y ahora.

En particular, en el pensamiento católico contemporáneo, la palabra aguda y clarividente de Benedicto XVI insiste con vehemencia en la necesidad de enfrentar la inseguridad de nuestro espacio globalizado a través de la construcción de un “código de ética común”  que ponga límites al desarraigo y descompromiso de los hombres. En la formidable Encíclica caritas in veritate se puede ver que la caridad es el fundamento verdadero del nomos que puede conducir a niveles todavía aceptables de seguridad. “Sólo con la caridad, iluminada por la luz de la razón y de la fe, es posible conseguir objetivos de desarrollo con un carácter más humano y humanizador. El compartir los bienes y recursos […] no se asegura sólo con el progreso técnico y con meras relaciones de conveniencia, sino con la fuerza del amor que vence al mal con el bien (Rm. 12,21) y abre la conciencia del ser humano a relaciones recíprocas de libertad y de responsablidad”.

En conclusión, nuestra cultura nos ofrece una impresionante imagen barroca de la seguridad: sabemos que no puede haber sociedad segura cuando los gobernantes vacían de sentido la misión primordial del Estado, convirtiéndolo en instrumento de los intereses sectoriales más mezquinos. Más difícil es reconocer que no hay seguridad posible cuando hay zozobra ética en los hombres y mujeres; un lastimoso proceso de decadencia que nos impide asumir nuestros compromisos individuales y sociales. Allí el círculo vicioso queda consolidado: los habitantes se recluyen en el mundo de los negocios privados con la ilusión de vivir apolíticamente; ello conduce a gobiernos sin institucionalidad, dominados por la horda o el tirano. La inseguridad se vuelve infinita; las respuestas, insignificantes.

El vínculo de las esferas política y ética deja ver que la exigencia por más seguridad está en el núcleo del gobierno de nuestras vidas. Su efecto práctico más importante es que la misma es una condición de naturaleza pre-ideológica y, por tanto, una plataforma  siempre apta para funcionar como un punto de encuentro realista de todos aquellos que conforman lo social, aún como adversarios. En suma, es el núcleo duro no mercantilizable, no intercambiable según facciones, que permite rearmar una verdadera Política de Estado, fortalecer la ciudadanía e, incluso, dar lugar a acciones que permitan trascender los desafíos de la Ciudad Humana.

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Lavado de dinero y crimen organizado

20/04/11 Luego de años de desdén gubernamental, ahora, más que una nueva ley, se requiere un consenso básico entre el Estado y el sector privado.
Por Juan Félix Marteau PROFESOR DE CRIMINOLOGIA,UBA

La legitimidad del sistema global de prevención y represión de lavado de dinero se basa en su capacidad de intervenir de manera eficaz sobre el patrimonio de una organización criminal a efectos de que ésta pierda o vea comprometido su poder ofensivo. Bajo este argumento se organizó un proceso de estandarización jurídico-político impulsado por la ONU.
Para el año 2009, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito calculó el valor del mercado mundial de cocaína entre 80.000 y 100.000 millones de dólares. Los cultivos afganos de heroína producen aproximadamente 55.000 millones.
El mercado mundial de armas ilícitas es incalculable.
Debido a razones de diversa índole, tales como crisis económicas, debilitamiento de las soberanías estatales, burocratización de los centros de decisión globales y resurgimiento de democracias populistas, la pregunta decisiva sobre aquello que otorga legitimidad al sistema de monitoreo del dinero ilícito ha ido perdiendo buena parte de su sentido inicial. El Grupo de Acción Financiera (GAFI), nacido en la misma época en que los carteles colombianos introducían sus bienes en los principales centros financieros internacionales, también ha ido perdiendo de vista que el fin último del sistema es hostilizar a los criminales organizados. Su preocupación central es que todos los países obtengan buenas notas en el cumplimiento de sus recomendaciones , no que identifiquen los grupos delictivos concretos, con nombre o razón social ni que expliciten de qué manera específica van a actuar para desmantelar sus finanzas.
Luego de más de 20 años de armonización global, hay que reconocer el éxito alcanzado en la geografía del control del lavado de dinero: hay más de 180 países y jurisdicciones que han adherido al sistema GAFI, estableciendo una multiplicidad de dispositivos normativos e institucionales relativamente similares y homologables entre sí. Sin embargo, nadie puede asegurar a ciencia ci erta que el foco de esa gigantesca maquinaria mundial esté puesto en la detección de los fondos que emergen del crimen que más daño produce a los Estados y las sociedades. Cuando el sistema global de prevención y represión del lavado de dinero deja de lado el fundamento que le ha dado legitimidad se torna irracional. Las autoridades competentes caen en el vicio normativista de crear nuevas leyes y regulaciones que solo consiguen generar más incertidumbre .
Sin embargo, el mayor peligro de un sistema ilegítimo en esta materia es que el mismo encuentra otras finalidades no explicitadas, pero latentes: en el mejor de los casos sirve para regular la circulación de fondos que son considerados críticos por el orden económico (divisas extranjeras, bienes importados, etc.); en el peor, se torna útil para que el orden político declare la enemistad a empresas o personas que considera una amenaza.
La Argentina ha adoptado formalmente el sistema de estándares globales contra el lavado de dinero. Los resultados desde el punto de vista del combate al crimen organizado han sido decepcionantes. El correlato de t res años de desdén gubernamental sobre estos tópicos llevaron al país a convertirse en el miembro del GAFI con más baja performance.
La presión internacional que genera esta situación ha llevado a las autoridades a multar a algunos bancos, realizar inspecciones sorpresivas, dictar 25 normas en tres meses e impulsar de apuro una reforma mezquina a la ley vigente en esta materia.
En ningún caso, se ha puedo en el centro de la acción gubernamental el reconocimiento que el Estado argentino necesita tomar medidas extraordinarias y ejemplares para enfrentar el narcotráfico y la corrupción.
La legitimidad originaria del combate al lavado exige un verdadero consenso entre el Gobierno, las fuerzas de oposición y, necesariamente, los actores claves del sector privado. Más que en una nueva ley, el acuerdo debe basarse en la elaboración de una Agenda Estratégica contra el lavado de dinero y el crimen organizado que permita al Estado tener un diagnóstico preciso de los riesgos provenientes de los delitos más graves y, correlativamente, el desencadenamiento de decisiones inventivas, inteligentes y agresivas contra la circulación de un tipo de bienes que solo genera pobreza, postración y decadencia.

publicado en clarin.com

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El funcionamiento de la UIF ha sido absolutamente errático.

JUAN FÉLIX MARTEAU
Senior Partner de Marteau & Asociados, el ex coordinador argentino ante el GAFI alerta sobre las nuevas atribuciones de la Unidad de Información Financiera.
Mientras la discusión pública gira en torno a los alcances de la reciente sanción de la nueva ley anti-lavado, Juan Félix Marteau cuestiona una resolución puntual de la Unidad de Información Financiera (UIF), según la cual los bancos (y el resto de los sujetos obligados) deberán informar el listado de sus clientes al organismo que lidera José Sbatella con independencia de si existe una sospecha o investigación en curso. Se trata de la resolución UIF N° 70 denominada Reglamentación de los Reportes Sistemáticos de Operaciones On Line.

Crítico de la falta de autonomía que presenta hoy el principal organismo encargado de combatir el blanqueo de activos, Marteau alerta sobre la posible utilización política que la UIF podría llegar a dar a esa información y denuncia la falta de garantías institucionales para resguardar los datos.

¿Cuál es el grado de autonomía de la UIF actualmente?

Todos requerimos que la UIF tenga autonomía, es decir, que no obedezca a mandatos políticos. La UIF debe ser un organismo operativo, no puede ser un organismo estratégico. El tema es que se ha vulnerado esa autonomía y se opera por criterios estrictamente políticos. Por ejemplo, no se entiende cómo puede ser que tengan una denuncia hace más de un año con respecto al caso Shocklender y recién ahora se informa al fiscal competente.

Tenemos constancia estadística de que la UIF le reporta al fiscal solamente casos de poca monta y que no le transmite los grandes casos de narcotráfico y corrupción. No vemos que los casos fuertes repercutan en la Justicia.

Además, hay algo, un punto reciente, que me preocupa mucho: a través de una resolución, la UIF establece la obligación de que, entre el 3 y el 31 de octubre, todos los sujetos obligados del sistema financiero deberán informar el listado de sus clientes con independencia de si existe alguna sospecha o investigación sobre estos clientes. El gran problema es la posible privatización de la información sobre clientes y empresas que, finalmente, no se sabe bien dónde terminará.

¿Cómo se garantizará el uso adecuado de esta información a los efectos de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo?

Este tipo de información sobre las personas, hoy, ya está en el Banco Central, en la AFIP, pero allí hay una serie de protocolos de reserva de la información. Es decir, existen una serie de puertas para romper para llegar a esa información. Por el contrario, la UIF fue operando año tras año casi sin resguardo de la información. Entonces, si ahora la UIF le exigirá a todos los bancos información sobre sus clientes, en la que todos vamos a estar en una base de datos que investiga lavado de dinero y financiación del terrorismo, cabe preguntarse dónde están las garantías institucionales y los protocolos de reserva de la información para que el uso de esos datos tenga ese solo efecto y no otro. No se puede dar a un organismo estatal información esencial sobre la actividad privada de las personas si esto será usado para otros fines. Cuando aparezcan los problemas en serio respecto de la investigación de los patrimonios privados de las personas a los efectos de control político, nos daremos cuenta de que habremos creado un monstruo que no podremos parar.

Para peor: en el sistema global, del cual forma parte la UIF, la información es susceptible de circular en un circuito de 180 jurisdicciones que están integradas al intercambio de información. En la jerga se dice que la UIF está enchufada a otros organismos similares alrededor del mundo. Es un problema muy grave.

En cuanto al control patrimonial, lo que recomienda el GAFI es que el sector privado y el sector público trabajen coordinadamente para lograr mayor efectividad. ¿Sucede esto en la Argentina?

Aquí, el sector privado no tiene manera de saber a dónde es que destina los recursos el Estado, en esta materia. No se sabe cuál es el norte en esta lucha. Desde el año 2000 a la fecha, el Estado argentino se ha comprometido a cumplir con obligaciones internacionales: son 11 años deestandarización jurídica internacional, desde que ingresa al GAFI. Esto ha tenido incidencia en el sector bancario principalmente, pero también en el sector financiero no tradicional. El sistema internacional está pensado exactamente así, para que funcione una alianza estratégica entre, por un lado, el sector privado, que recaptura información de la cual pueden surgir indicios de una actividad delictiva, y, por otro, el Estado, que debe brindar las herramientas para llegar a la condena de los delincuentes. Después de una década de actividad institucional en la Argentina, vemos que el Estado no ha respondido, no ha conseguido sancionar nada en esta materia. Por otro lado, el funcionamiento de la UIF ha sido absolutamente errático durante este lapso. Sea por inercia, por incapacidad o por politización, toda las formaciones de la UIF han producido una incertidumbre respecto a la legitimidad del sistema.

¿Cuál puede ser ese norte?

Cuando yo fui coordinador argentino ante el GAFI, mi primera actividad fue diseñar una agenda estratégica para presentarle al Presidente de la Nación. Articulábamos la actividad de los principales organismos de regulación del Estado argentino. Eran 18 organismos. Esto terminó con un decreto presidencial del ex mandatario Néstor Kirchner aprobando la agenda que habíamos planteado. Pero, luego, esto salió del orden de prioridades del Estado argentino. Lo que está claro es que esta agenda nacional, que era un primer paso, fue saboteada y, hoy, las consecuencias están a la vista: tenemos el GAFI amenazando con una sanción enorme a la Argentina y colocando al país al borde del ostracismo por no cumplir con la cooperación internacional en estos temas. Según mi experiencia actual, como asesor legal del FMI, se debe trabajar en el diseño de agendas estratégicas que lleguen al máximo nivel.

¿Qué opina de los alcances de la nueva ley anti-lavado, sancionada por el Senado?

Que la Argentina haya avanzado en la incriminación del auto-lavado está bien. Lo que veo con desazón es que se haya desaprovechado la presión internacional para crear una ley integral en la materia, dándole fortaleza a la UIF para luchar contra el crimen organizado pero con el contrapeso, que es una serie de protocolos legales acerca de cómo tienen que ejercerse esas facultades. Finalmente, salió un proyecto muy acotado, vinculado a darle una satisfacción al GAFI.