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Amplían las facultades de la ex “Ojota” para agilizar investigaciones

Garavano y Lorenzetti, de quien depende la oficina de escuchas, acordaron concentrar en ella toda la información estatal

 

“Las bandas criminales son más sofisticadas que la Justicia.” Así define un juez de Comodoro Py la burocracia que envuelve sus pesquisas. Es uno de los magistrados que ven con buenos ojos el proyecto que busca darle más poder y herramientas a la oficina que realiza las escuchas telefónicas legales.

La vieja “Ojota”, como se conoce a la dirección de la Corte Suprema que controla la Oficina de Captación de Comunicaciones, firmó un convenio con el Ministerio de Justicia para acceder a más bases de información. Y en estos días se terminará de redactar un “protocolo” para agilizar las investigaciones contra los delitos complejos.

La idea del convenio es que la ex “Ojota” no sólo concentre las pinchaduras legales, sino también datos de distintos organismos del Ministerio de Justicia, como la IGJ, el Registro de Propiedad Inmueble y Automotor y las bases de datos personales, entre otras. En paralelo, se firmaron convenios similares con la UIF y la AFIP. Así, la dependencia de la Corte se convertiría en una “mesa de entradas”: en lugar de librar oficios a múltiples dependencias, con el tedio que eso conlleva, los jueces sólo tendrán que remitirse a una oficina centralizada dentro del mismo Poder Judicial.

El proyecto avanza con el aval de distintos jueces y fiscales federales, que integraron un “comité de expertos” para buscar soluciones a los escollos y las dilaciones que afrontan las investigaciones contra el lavado de dinero, el narcotráfico, el terrorismo y la trata de personas, entre otros delitos complejos.

Días atrás, el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y el ministro de Justicia, Germán Garavano, suscribieron el acuerdo de cooperación. En la práctica, el convenio es llevado adelante por la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, conducida por Juan Félix Marteau, y por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos del Poder Judicial, controlante de la ex “Ojota” y comandada por el camarista Martín Irurzun.

“Creemos que con más bases de datos podemos ayudar mejor a los jueces en la búsqueda de prófugos y en las investigaciones de delitos complejos. La idea es agilizar la Justicia y ayudar en el entrecruzamiento de información”, señaló a LA NACION Juan Tomás Rodríguez Ponte, director ejecutivo de la ex “Ojota”.

El convenio estipula cuatro modalidades de cooperación. La más novedosa es la que determina que “a requerimiento de autoridades judiciales” la ex “Ojota” tendrá acceso a las múltiples bases de datos de los organismos del Ministerio de Justicia. “La cartera prestará a la dirección de la Corte un canal informático de acceso seguro con claves independientes para cada una de las bases”, estipula el escrito.

Otro de los objetivos es la confección de un “mapa de riesgos” donde se incluyan las causas judiciales, las sentencias y las estadísticas en materia de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Un tercer punto clave del convenio ordena la redacción de un “protocolo” para que los jueces tengan herramientas para investigar delitos económicos y para recuperar bienes de origen ilícito para el Estado. En los últimos días se dio forma al borrador de este “manual” y ahora se espera que varios jueces lean el escrito y eleven sus recomendaciones.

Para elaborar el protocolo, la coordinación de Marteau convocó a un comité de expertos, entre los que figuran los jueces federales Sergio Torres, Ariel Lijo, Claudio Bonadio y Sergio Torres; los fiscales Carlos Rívolo y Eduardo Taiano; el fiscal de Casación Raúl Pleé, y el camarista de Casación Mariano Borinsky. También se sumaron a las mesas de trabajo representantes del BCRA, de la UIF y de la AFIP.

“Es necesario que los jueces sepan que pueden realizar un decomiso anticipado de bienes, aun sin condena, para atacar la estructura económica de las organizaciones delictivas. También que conozcan cómo pueden recuperar bienes de origen ilícito en el exterior del país”, resaltó Marteau.

El juez Torres, uno de los impulsores, presentó ante sus colegas como caso testigo la causa del “narcoarroz”, expediente que incluyó una investigación por lavado de dinero con el narcotráfico como delito antecedente. Allí exhibió las dificultades para pesquisar el patrimonio de la organización. “Hay que atacar las estructuras financieras de las bandas, porque hoy en día un delincuente detenido es fácilmente reemplazable”, dijo el magistrado.

Fuente: La Nación

Para escucharte mejor

La nueva agencia de inteligencia paralela que quiere crear el Gobierno.
La idea es que la Dicom pase de ser una oficina técnica a tener acceso a los archivos más íntimos: identidad, impuestos, sociedades, automotores, propiedad, finanzas. Las “filtraciones” y el uso político de la información privada.

El Poder Ejecutivo pretende convertir una oficina técnica de escuchas telefónicas, la ex Ojota (Observaciones Judiciales) llamada ahora Dirección de Captación de Comunicaciones (Dicom), en una nueva central de informaciones y, de hecho, en una agencia de inteligencia paralela. A la Dicom se le daría acceso a distintas bases de datos del Estado. Por ejemplo, a los datos personales de los ciudadanos, que constan en el Registro Nacional de las Personas; la Inspección General de Justicia (IGJ) donde se registran las sociedades; el Registro de la Propiedad, el del Automotor y se menciona incluso la AFIP y hasta la Unidad de Información Financiera (UIF), que se convirtió ahora en una verdadera agencia de persecución de opositores, según consignó el juez federal Sebastián Casanello.

En teoría, la Dicom sólo se ocupaba de intervenir llamadas, para grabar su contenido o escucharlas en directo, y pasarle los CD a los jueces que ordenaron esas escuchas. En la mayoría de los casos la Dicom ni siquiera debía enterarse de los contenidos de esas conversaciones. Pero es un secreto a voces que, después de que el Gobierno de Macri le quitó esa tarea a la Procuración y se la pasó a la Corte Suprema, pasaron a operar los aparatos un núcleo de ex integrantes de la SIDE. O sea que el manejo de las escuchas quedó en manos de una alianza entre la Corte Suprema, su delegado en este tema Martín Irurzun, y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE) a la que se le dieron facultades de transcripción y manejo de las grabaciones. En ese marco, ahora se agrega el Ministerio de Justicia, que firmaría un protocolo en el que se le da acceso a la Dicom a toda esa masa de información. La cabeza de las negociaciones es el encargado de la oficina de Combate contra el Lavado de Dinero, Juan Félix Marteau, un hombre de estrechísima relación con la Embajada de Estados Unidos, al punto que en uno de los cables develados por Wikileaks, el 1257 del año 2009, sobre lavado de dinero, Marteau figura como informante de los norteamericanos. El interés por escuchar, espiar, acumular información y usarla políticamente está en el ADN del macrismo.

Técnica
De acuerdo a las leyes vigentes, la Dicom no debe analizar información de ningún tipo. Su función es basarse en las compañías de teléfonos y celulares para intervenir las comunicaciones que le solicitan los jueces. El trabajo de los que conducen la Dicom se limita a verificar que la orden de intercepción sea legal, firmada por un juez, en el marco de un expediente judicial. Es un aparato estrictamente técnico cuyo usuario es el juez.

Lo que se busca ahora es que la Ojota sea intermediaria de toda la información. Por ejemplo, si el juez quiere saber qué cuentas bancarias tiene un sospechoso se lo pedirá a la Ojota, que a su vez lo tendrá a disposición gracias a la AFIP o al Banco Central. En la práctica, esto significará que un aparato de escuchas sabrá cómo se está investigando a una persona, qué cosas le están buscando, qué sociedades formó, dónde vive y qué actividad tiene el sospechado. De entrada, es violatorio del secreto bancario y fiscal porque la Ojota no tiene ninguna atribución para enterarse de lo que posee o hace un ciudadano. Semejante paso no se podría dar ni siquiera a través de una ley, pero el Gobierno intenta hacerlo a través de convenios entre el Poder Ejecutivo y la Corte.

En los papeles, el aparato de escuchas no tendrá en su poder todos los archivos, pero pasarán por sus manos los elementos que se utilicen en las causas judiciales y ésa es información invaluable. Por ejemplo, les permitirá saber qué se le está buscando a Gustavo Arribas (ver más información en la página 15). O a Macri. O respecto del Correo o de Odebrecht. Nada menos.

Analistas
El siguiente paso que pondrá en marcha el Poder Ejecutivo, aliado con la Corte e Irurzun, es que ese aparato se convierta en analizador de contenidos. “Están armando un servicio de inteligencia en manos de la Corte –señala el ex interventor de la Policía Aeroportuaria, Marcelo Saín, también ex profesor de la Escuela de Inteligencia–. Tienen a cargo de ese aparato a Irurzun que responde a la escudería de Jaime Stiuso, el ex espía que estuvo siempre aliado a los servicios norteamericanos e israelíes. Y detrás de todo está la Embajada de Estados Unidos”.

Quienes dominan el mundo de la inteligencia afirman que la Ojota enseguida contratará asesores y analistas, y le dará a los jueces la información ya bastante masticada. En los hechos, actuará como una mega oficina pericial, pero sin control de ningún tipo. Como una buena parte de la operación está en manos de agentes o ex agentes de la AFI/SIDE, la central de espías tomará nota de todo lo que pase por la Super-Ojota. La Casa Rosada, por esta vía, controlará todavía más aquello que se está investigando en la justicia.

Convenios
En los últimos meses, el Ministerio de Justicia, que conduce Germán Garavano, hizo circular convenios y protocolos que le dan cada vez mayor lugar a la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo del Poder Ejecutivo que el macrismo puso bajo la órbita del Ministerio de Economía. El papel de la UIF ha sido tan deplorable que el juez Sebastián Casanello le envió un escrito a sus titulares reclamándoles que dejen de actuar en forma partidaria. La UIF sostuvo en distintos expedientes que no había delito en los Panamá Papers y que Arribas recibió una sola transferencia a través de la cuenta de una sociedad falsa de Hong Kong. O sea que para defender a Arribas ni siquiera esperó la declaración de los cambistas-arrepentidos brasileños. Pero además la UIF se opuso a que autoricen a Cristina Fernández de Kirchner a viajar a Europa y, pese a que no tiene ningún tipo de facultad, apeló la decisión de Casanello de no llamar a indagatoria a la ex presidenta en la causa por lavado de dinero contra Lázaro Báez. Esa facultad de apelar puede tenerla un fiscal, pero de ninguna manera el querellante, que lo único que puede hacer es proponer medidas de prueba. Casanello tuvo que aclararle a la UIF que el Estado representa a todos, no a un interés partidario.

A través de la Super-Ojota se absorberá la información que venga de la UIF y también aquella que maneja la AFIP. De esa manera, el aparato de intercepciones telefónicas se va constituir en un intermediario, gigantesco, acumulador de buena parte de la información que de por sí ya está en manos de diferentes agencias del Poder Ejecutivo. Una cosa es que todos esos datos queden reunidos en poder del juez y otra cosa muy diferente es que pasen por la Ojota.

Manos
La nueva mega-estructura que impulsa el Gobierno tendrá presencia e influencia de la ex SIDE, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Después de que Macri le sacó la Ojota a la Procuración, los agentes de Stiuso ocuparon lugares en ella y también encontraron espacio quienes responden a las actuales autoridades encabezadas por Arribas y su segunda, Silvia Majdalani.

Pero el papel más llamativo lo juega en esta operación el hombre que está centralizando las negociaciones para darle más poder a la Ojota, Juan Félix Marteau, titular de la Coordinación Nacional para el Combate contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, dependencia del Ministerio de Justicia. Marteau quedó expuesto en un cable que develó la organización Wikileaks, el 1257 del 1 de diciembre de 2009, en que en base a declaraciones suyas la embajadora norteamericana en Buenos Aires, Vilma Martínez, le informó a Washington que la Argentina no estaba combatiendo el lavado de dinero. En ese cable, Marteau figura como informante de la embajada. En el camino, el ahora funcionario fue abogado de Clarín, dado que sus directivos fueron imputados por estar en el listado de fugadores de dinero presentado por Hernán Arbizu, ex vicepresidente del banco JP Morgan.

En resumen, la Super-Ojota terminaría bajo el control del Poder Ejecutivo, la AFI, Estados Unidos, Stiuso y la Corte, a través de Irurzun.

Control
La desesperación de la Casa Rosada por controlar y espiar se vio durante la semana que pasó con la insólita reunión entre el Ministerio de Justicia y la empresa Odebrecht. “¿El Poder Ejecutivo se reunió con un imputado? –disparó un juez en Comodoro Py–. ¿Con qué facultades? Es uno de los hechos más graves de los últimos tiempos”. La jugada del Gobierno consistía básicamente en saber qué información va a entregar Odebrecht, tener el absoluto control de lo que puedan confesar: quieren asegurarse que los brasileños apunten al kirchnerismo y no a los hombres de Macri, que no están solo en el Gobierno sino en varias empresas constructoras. El problema que les surgió ahora es que la procuración brasileña anunció que enviará documentación sobre el cambista Meirelles y después sobre las coimas de Odebrecht a la procuración argentina, que a su vez la distribuirá en las cuatro causas judiciales que existen sobre las obras de la mega-constructora. Todo hace prever un contra-ataque para evitar que venga la documentación.

Originalmente, el plan de la Casa Rosada consistía en operar a través de la Oficina Anticorrupción (OA), a cargo de la militante Laura Alonso, especializada en anticorrupción (aunque únicamente del gobierno anterior). Para la OA tampoco pasó nada ni en Panamá Papers ni con Arribas ni con el Correo. Pero finalmente el Ejecutivo incluso se sacó el taparrabos y ni siquiera recurrió a la OA. Fueron derecho al grano y el encuentro entre el gobierno de Macri y la empresa brasileña, socia del Grupo Macri, fue directo, cara a cara: Ministerio-Odebrecht. El Ejecutivo quiso asegurarse toda la información sobre las confesiones de los gerentes de la constructora, las coimas y, fundamentalmente, que no se escape nada sobre la forma en la que cambiaron la licitación del soterramiento del Sarmiento. El financiamiento lo iban a conseguir Odebrecht, Ghella (compañía italiana), Comsa (española) y IECSA (la empresa del primo de Macri). Ahora la plata la pone el estado argentino. Y no pone los 2.000 millones de dólares originales de la licitación durante el kirchnerismo, sino que, asombrosamente, saltó a algo así como 3.000 millones. Pero la movida de la reunión directa fue tan grotesca que el propio Ejecutivo decidió frenarla. Seguirán por otros caminos.

Con ese panorama se entiende por qué la Casa Rosada se juega a tener todo el control: jueces adictos, cámaras fraudulentamente depuradas, y una Super-Ojota que, por las dudas, verifique los pasos de cualquier investigación y pueda influir en su desarrollo.

Fuente: Página 12

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Exteriorización voluntaria de moneda extranjera: la vulneración de la ley de lavado de activos de origen delictivo y sus consecuencias prácticas.

Publicado en: Revista de la Bolsa de Comercio de Rosario, Agosto 2013.
Juan Félix Marteau1

 

1. Introducción

La Ley 26.860 de exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior (en adelante, Ley de Exteriorización) vulnera prescripciones de la Ley 25.246 (y sus modificatorias) de lavado de activos de origen delictivo (en adelante, Ley de Lavado), produciendo distorsiones institucionales en el funcionamiento de los sistemas de prevención de ilícitos financieros de los sujetos obligados, en particular, las entidades financieras.2

Este artículo se ocupa de lo que, entiendo, son los aspectos críticos de esta medida, procurando destacar las consecuencias prácticas que los mismos generan para los “sujetos obligados” con relación al cumplimiento de las obligaciones de debida diligencia de los clientes y del deber de informar operaciones sospechosas.

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Negros y sucios: los dólares del modelo nacional y popular

POR JUAN FÉLIX MARTEAU ABOGADO

13/05/13 para Diario Clarin
El artículo 9 del Proyecto de Ley elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional sobre Exteriorización Voluntaria de la Tenencia de Moneda Extranjera en el país y en el exterior establece que los sujetos que efectúen la exteriorización no estarán obligados a informar a la AFIP la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los fondos con las que fueran adquiridas. Además, señala que esto debe hacerse sin perjuicio del cumplimiento de la Ley 25.246 de Lavado de Activos de Origen Delictivo. Literalmente, esta fórmula implica contradicción en los términos, ya que el núcleo duro de las exigencias de la ley antilavado es que los sujetos obligados -como la AFIP- desarrollen una política activa de conocimiento de sus clientes y de la fuente del dinero en cuestión.

Este es el primer indicio objetivo de que la iniciativa de blanqueo, como ya se hizo en la anterior experiencia, no se ajusta a las normas de prevención de lavado vigentes en la Argentina.

Otro aspecto crítico radica en la circunstancia que el artículo 14 del Proyecto establece que “ninguna de las disposiciones de esta ley liberará a las entidades financieras o demás personas obligadas” de la legislación tendiente a la prevención de las operaciones de lavado de activos, financiación del terrorismo u otros delitos en leyes tributarias, excepto en la figura de evasión tributaria o participación en la evasión tributaria.

Esto significa que mientras la AFIP, autoridad de aplicación de esta controvertida medida, se desentiende de analizar la actividad precedente que generó el dinero a blanquear, los bancos tienen la carga de investigar si el dinero proviene de la evasión o de otras actividades ilícitas, y eventualmente realizar los reportes del contribuyente si éste no puede dejar en claro de dónde provienen las divisas exteriorizadas.

Esta obligación excede de manera absoluta el mandato de la ley de lavado de activos, que sólo exige al sector privado analizar la ocurrencia de operaciones inusuales y sospechosas -no de delitos.

Además, es una verdadera ficción imaginar que, en la práctica, el contribuyente al que la AFIP deja de interpelar sobre su eventual actividad delictiva precedente se someta al escrutinio de los sujetos obligados del mercado financiero.

Cuando se realizan prácticas políticas contra natura el lenguaje jurídico se enreda en laberintos insondables.

A diferencia de lo que sucedía en el tiempo del blanqueo de 2009, ahorala ley argentina criminaliza el autolavado. Cabe preguntarse, entonces, qué sucederá con el evasor que ha realizado las actividades necesarias para ocultar su propio dinero evadido. ¿Cómo se hará para perdonarle esta segunda conducta ilícita?

El blanqueo de capitales constituye técnicamente una actividad de alto riesgo.

Por ello, las recomendaciones y buenas prácticas internacionales exigen maximizar los controles sobre el origen de los bienes a exteriorizar, de modo que los amnistiados sean una categoría que haya superado una debida diligencia reforzada de los supervisores y los bancos.

Aquí no se ha tenido en cuenta nada de esto.

Dejando para otra discusión la fisura ética que representa para una república impulsar dos blanqueos en apenas 5 años, lo que resulta evidente de la mera lectura de este proyecto de ley es que al Gobierno no le interesa saber si los dólares a recaudar son negros (producto de una actividad lícita pero viciados por la evasión posterior) o sucios (resultado de una práctica delictiva).

Negros o sucios, poco importa, los dólares se convierten en el objeto más intrincado del deseo gubernamental.

Pasado el síntoma de este malestar, hay que ver qué le queda realmente al pueblo y la Nación.

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Narcotráfico / Cómo funciona el enjuague de activos financieros ilegales.

Domingo 28 de agosto de 2011
Narcotráfico / Cómo funciona el enjuague de activos financieros ilegales
La Argentina, escala logística del lavado
Por Hugo Alconada Mon | LA NACION

Entre 2005 y 2008, Alvarez Meyendorff alquilaba por US$ 2200 por mes un lujoso departamento en este edificio de Puerto Madero. Foto: Archivo
El hombre venido de Estados Unidos pidió hablar cinco minutos con el detenido. A solas.
Resultó decisivo.
Nadie sabe qué le dijo el emisario, si negoció algo, ni mucho menos si arribó a un acuerdo con el detenido. Pero en cuanto terminó el cónclave, el guatemalteco Carlos José Martínez Castañeda admitió lo que hasta entonces negaba ante la justicia argentina. Es decir, que era colombiano, que su verdadero nombre era Luis Agustín Caicedo Velandia, líder de uno de los carteles más poderosos del mundo, El Dorado, y que aceptaba su extradición a Estados Unidos.
“Don Lucho” voló a Nueva York a fines de junio de 2010, acusado de lavar US$ 176,5 millones sólo dentro de Estados Unidos, aunque el cálculo global de sus tropelías trepa a US$ 1500 millones entre 2005 y 2009. Pero lo que no quedó claro en Buenos Aires sí resultó evidente en Manhattan. Delató a sus socios y la metodología usada para lavar montañas de dinero negro.
Poco después, en España, cayeron su pareja y ocho colaboradores acusados de lavado en el mercado de oro y joyas. En Colombia avanzaron sobre sus inversiones en esmeraldas y en el Club Deportivo Independiente de Santa Fe. En Marruecos decomisaron dinero en efectivo. Y en Buenos Aires arrestaron en abril al capo del Cartel del Valle colombiano, Ignacio Alvarez Meyendorff, quien continúa detenido a disposición de la justicia argentina y con extradición pendiente a Estados Unidos, como presunto cerebro detrás del contrabando de cocaína, por las costas de México, con submarinos.
México es mucho más que una mera escala de los narcos colombianos. Con carteles propios, comenzó a competirles por el tráfico y los canales internacionales del lavado. A tal punto que, según el profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Edgardo Buscaglia, los carteles de Sinaloa y de Tijuana se desplegaron en al menos 52 países. En la Argentina, alertó en junio, el capo Joaquín Guzmán (“el Chapo”) ubicó centros de producción en la zona norte, aunque precisó que “su manejo patrimonial y de inversiones está muy focalizado en Buenos Aires y en provincias como Córdoba y Santa Fe”.
Back to back
La DEA, no obstante, no registra a la Argentina como escala mayor para el transporte o triangulación de la droga, ni como plaza principal para el lavado. Pero sí como centro logístico de operaciones. Es decir, un lugar seguro para reunirse y coordinar los pasos por seguir. Y, en esa línea, la caída de Caicedo Velandia y Alvarez Meyendorff, expuso cómo se mueven y lavan sus narcodólares en el país.
La Argentina ofrece un atractivo específico. Se trata de uno de los 30 países más grandes del mundo por su PBI, con una economía relativamente diversificada, pero con serias deficiencias estratégicas en su sistema antilavado, según concluyó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su reunión plenaria de junio pasado. Es decir, una valiosa puerta de ingreso en el sistema financiero internacional, ya que es posible invertir millones por debajo de los radares. A tal punto resulta una nebulosa que es imposible cuantificar cuánto dinero se lava cada año en el país, según coincidieron la ex titular de la unidad antilavado (UIF), Alicia López, y el ex coordinador nacional del área, Juan Félix Marteau.
“Los countries, las inversiones inmobiliarias en general y los autopréstamos o back to back , son las actividades más usuales en el país”, según resumió a LA NACION un juez a cargo de investigaciones sobre narcolavado. “Los colombianos suelen aparecer como segundos o terceros eslabones, detrás de los rostros locales”, estimó.
Alvarez Meyendorff, Caicedo Velandia, sus familiares y algunos colaboradores se instalaron en los countries Nordelta, Abril y Grand Bell, y en departamentos en Puerto Madero -entre ellos, uno en el que también figura un ex director de Informática de la AFIP-. También registraron sociedades ante la Inspección General de Justicia y abrieron múltiples cuentas bancarias, según el relevamiento que completó La Nacion durante los últimos meses.
La apertura de una de esas cuentas, sin embargo, disparó la primera alarma. Fue en el Banco Río, el 7 de febrero de 2006, cuando Alvarez Meyendorff depositó en una sucursal del microcentro $ 20.000 por ventanilla a su nombre y otros $ 250.000 en la cuenta de Cattle de Argentina SA, que él mismo presidía. El jueves 23 repitió la operatoria: otros $ 100.000. Y el 24, $ 108.000 más. Casi medio millón cash, en dos semanas, según los registros de movimientos bancarios que obtuvo LA NACION.
Alvarez Meyendorff, su madre, su mujer, su hermano Juan Fernando -prófugo- y sus hijos figuran en numerosas sociedades. En algunas, Alvarez Meyendorff aparece con CUIT distintos; en otras, aparecen belgas, colombianos y argentinos como socios, directores o apoderados cruzados. Todas, con domicilio legal en Buenos Aires.
Los colaboradores del “Chapo” Guzmán, según Buscaglia, concentraron, en cambio, sus esfuerzos en Chaco, Formosa y Misiones. Para eso se apoyaron y financiaron la expansión de ciertas iglesias evangélicas, de las que el investigador del ITAM concluyó que los narcos reciben protección social -tan valiosa o más, señaló, que la protección política- y, a veces, cobertura para lavar activos.
Aportes de fieles
“El pastor va al banco con dinero físico y dice que es la colecta de la semana. ¿Y cómo se sabe si es así? Lo depositan, luego lo transfieren a otro banco y lo invierten ya legalizado en cualquier otra cosa”, resumió un ex alto funcionario de la UIF, que recordó un caso así cerca de la Triple Frontera, ante la consulta de LA NACION.
Alvarez Meyendorff, en tanto, centró sus operaciones en una oficina porteña de Florida 142. Ese es el domicilio de Cattle de Argentina, San Judas, Estilo Pietra y Fara, según los registros que verificó LA NACION. Pero concentró su dinero en tierras. Aparece vinculado a una tal Cabaña San Valentín y al campo Ana José, en San Vicente, sobre la ruta 210. También, a una estancia Santa Clara, de Chivilcoy, dos predios de 97 y 210 hectáreas.
En otro campo, habría sellado el acuerdo que relató en Nueva York otro testigo de identidad reservada. Contó que en 2006, se presentó en una chacra de Caicedo Velandia y acordaron cuánto dinero le devolvería de un envío frustrado de 3 toneladas de cocaína a Estados Unidos.
Mera coincidencia, acaso, cuando Caicedo Velandia fue detenido al salir del Alto Palermo; lo acompañaba otro colombiano. También fue demorado por el juez Julián Ercolini, pero como Estados Unidos no pidió su extradición, se lo excarceló. Antes, dijo dedicarse al ganado Angus. Los investigadores creen que podría ser el hermano prófugo de Alvarez Meyendorff.
TRES CASOS
COLOMBIA
“Lucho” y sus dos nombres
Oculto detrás de un nombre falso y un pasaporte guatemalteco, el jefe colombiano del cartel “El Dorado”, Luis Caicedo Velandia, fue arrestado en abril de 2010 al salir del shopping Alto Palermo; meses después fue extraditado a Estados Unidos, donde delató negocios y socios.
MÉXICO
“El Chapo” y sus iglesias
El capo del Cartel de Sinaloa, Joaquín “el Chapo” Guzmán, desplegó su producción en el norte de la Argentina, con la protección de algunas iglesias evangélicas, pero su manejo financiero lo centró en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
DETENIDO
El cerebro de los submarinos
Considerado la llave de los submarinos que transportan la droga colombiana hasta Estados Unidos, fue detenido en Buenos Aires en abril último..

publicado en el diario La Nación.

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El funcionamiento de la UIF ha sido absolutamente errático.

JUAN FÉLIX MARTEAU
Senior Partner de Marteau & Asociados, el ex coordinador argentino ante el GAFI alerta sobre las nuevas atribuciones de la Unidad de Información Financiera.
Mientras la discusión pública gira en torno a los alcances de la reciente sanción de la nueva ley anti-lavado, Juan Félix Marteau cuestiona una resolución puntual de la Unidad de Información Financiera (UIF), según la cual los bancos (y el resto de los sujetos obligados) deberán informar el listado de sus clientes al organismo que lidera José Sbatella con independencia de si existe una sospecha o investigación en curso. Se trata de la resolución UIF N° 70 denominada Reglamentación de los Reportes Sistemáticos de Operaciones On Line.

Crítico de la falta de autonomía que presenta hoy el principal organismo encargado de combatir el blanqueo de activos, Marteau alerta sobre la posible utilización política que la UIF podría llegar a dar a esa información y denuncia la falta de garantías institucionales para resguardar los datos.

¿Cuál es el grado de autonomía de la UIF actualmente?

Todos requerimos que la UIF tenga autonomía, es decir, que no obedezca a mandatos políticos. La UIF debe ser un organismo operativo, no puede ser un organismo estratégico. El tema es que se ha vulnerado esa autonomía y se opera por criterios estrictamente políticos. Por ejemplo, no se entiende cómo puede ser que tengan una denuncia hace más de un año con respecto al caso Shocklender y recién ahora se informa al fiscal competente.

Tenemos constancia estadística de que la UIF le reporta al fiscal solamente casos de poca monta y que no le transmite los grandes casos de narcotráfico y corrupción. No vemos que los casos fuertes repercutan en la Justicia.

Además, hay algo, un punto reciente, que me preocupa mucho: a través de una resolución, la UIF establece la obligación de que, entre el 3 y el 31 de octubre, todos los sujetos obligados del sistema financiero deberán informar el listado de sus clientes con independencia de si existe alguna sospecha o investigación sobre estos clientes. El gran problema es la posible privatización de la información sobre clientes y empresas que, finalmente, no se sabe bien dónde terminará.

¿Cómo se garantizará el uso adecuado de esta información a los efectos de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo?

Este tipo de información sobre las personas, hoy, ya está en el Banco Central, en la AFIP, pero allí hay una serie de protocolos de reserva de la información. Es decir, existen una serie de puertas para romper para llegar a esa información. Por el contrario, la UIF fue operando año tras año casi sin resguardo de la información. Entonces, si ahora la UIF le exigirá a todos los bancos información sobre sus clientes, en la que todos vamos a estar en una base de datos que investiga lavado de dinero y financiación del terrorismo, cabe preguntarse dónde están las garantías institucionales y los protocolos de reserva de la información para que el uso de esos datos tenga ese solo efecto y no otro. No se puede dar a un organismo estatal información esencial sobre la actividad privada de las personas si esto será usado para otros fines. Cuando aparezcan los problemas en serio respecto de la investigación de los patrimonios privados de las personas a los efectos de control político, nos daremos cuenta de que habremos creado un monstruo que no podremos parar.

Para peor: en el sistema global, del cual forma parte la UIF, la información es susceptible de circular en un circuito de 180 jurisdicciones que están integradas al intercambio de información. En la jerga se dice que la UIF está enchufada a otros organismos similares alrededor del mundo. Es un problema muy grave.

En cuanto al control patrimonial, lo que recomienda el GAFI es que el sector privado y el sector público trabajen coordinadamente para lograr mayor efectividad. ¿Sucede esto en la Argentina?

Aquí, el sector privado no tiene manera de saber a dónde es que destina los recursos el Estado, en esta materia. No se sabe cuál es el norte en esta lucha. Desde el año 2000 a la fecha, el Estado argentino se ha comprometido a cumplir con obligaciones internacionales: son 11 años deestandarización jurídica internacional, desde que ingresa al GAFI. Esto ha tenido incidencia en el sector bancario principalmente, pero también en el sector financiero no tradicional. El sistema internacional está pensado exactamente así, para que funcione una alianza estratégica entre, por un lado, el sector privado, que recaptura información de la cual pueden surgir indicios de una actividad delictiva, y, por otro, el Estado, que debe brindar las herramientas para llegar a la condena de los delincuentes. Después de una década de actividad institucional en la Argentina, vemos que el Estado no ha respondido, no ha conseguido sancionar nada en esta materia. Por otro lado, el funcionamiento de la UIF ha sido absolutamente errático durante este lapso. Sea por inercia, por incapacidad o por politización, toda las formaciones de la UIF han producido una incertidumbre respecto a la legitimidad del sistema.

¿Cuál puede ser ese norte?

Cuando yo fui coordinador argentino ante el GAFI, mi primera actividad fue diseñar una agenda estratégica para presentarle al Presidente de la Nación. Articulábamos la actividad de los principales organismos de regulación del Estado argentino. Eran 18 organismos. Esto terminó con un decreto presidencial del ex mandatario Néstor Kirchner aprobando la agenda que habíamos planteado. Pero, luego, esto salió del orden de prioridades del Estado argentino. Lo que está claro es que esta agenda nacional, que era un primer paso, fue saboteada y, hoy, las consecuencias están a la vista: tenemos el GAFI amenazando con una sanción enorme a la Argentina y colocando al país al borde del ostracismo por no cumplir con la cooperación internacional en estos temas. Según mi experiencia actual, como asesor legal del FMI, se debe trabajar en el diseño de agendas estratégicas que lleguen al máximo nivel.

¿Qué opina de los alcances de la nueva ley anti-lavado, sancionada por el Senado?

Que la Argentina haya avanzado en la incriminación del auto-lavado está bien. Lo que veo con desazón es que se haya desaprovechado la presión internacional para crear una ley integral en la materia, dándole fortaleza a la UIF para luchar contra el crimen organizado pero con el contrapeso, que es una serie de protocolos legales acerca de cómo tienen que ejercerse esas facultades. Finalmente, salió un proyecto muy acotado, vinculado a darle una satisfacción al GAFI.