Socios del terror: cómo el crimen organizado de la Triple Frontera financia a Hezbollah

El mecanismo es simple: desde el narcotráfico hasta emprendimientos turísticos y entidades sin fines de lucro truchos terminan dándole de comer a las agrupaciones terroristas de la región. La importancia del congelamiento de fondos ordenado por la UIF-AR.

El congelamiento de fondos ordenado recientemente por la Unidad de Información Financiera Argentina (UIF-AR) en relación a las actividades de recaudadores y financistas de Hezbollah en la zona de la Triple Frontera tiene una significativa importancia en dos sentidos diferentes, pero complementarios.

Por un lado, sienta las bases para poner fin a la neutralidad política que nuestro país mantiene respecto a la consideración y tratamiento de esta entidad extremista libanesa pro-iraní como organización terrorista. Por otro, pone en evidencia la amenaza que implica para la seguridad y el orden institucional argentino, la compleja red criminal que crece en el Cono Sur gracias a un enraizado esquema de corrupción público-privado.

Técnicamente, en primer lugar, la UIF-AR, con la cooperación de la FinCEN americana, analizó una serie de transacciones realizadas en estos últimos años consistentes en cobrar premios en el Casino Iguazú (Grupo HCI) por casi 10 millones de dólares, y transportarlos sin declarar, a través de cientos de cruces fronterizos, a Ciudad de Este.

En segundo lugar, una vez adquirida la convicción de que estas operaciones resultaban sospechosas de ser prácticas no solamente de lavado de activos, sino también –y esencialmente– de financiación del terrorismo, la UIF-AR procedió a ordenar a los sujetos obligados (entidades financieras y no financieras argentinas) la inmovilización de todos los activos asociados a las personas involucradas: se trata de un grupo de al menos catorce personas pertenecientes a la comunidad libanesa y vinculadas al clan familiar liderado por el financista de Hezbollah Assad Ahmad Barakat. Esta medida fue tomada en atención a las atribuciones conferidas por la Ley 26.734 y el decreto número 918/2012.

El congelamiento de fondos por casos de terrorismo debe ser ratificada, rectificada o revocada por el juez federal competente: en este caso, el titular del Juzgado Federal de El Dorado, doctor Miguel Ángel Guerrero, quien puede ordenar una pesquisa más profunda sobre la configuración concreta del delito de financiación del terrorismo en los términos del artículo 306 del Código Penal de la Nación.

Hay que ser prudentes, pero muy precisos conceptualmente en este tipo de casos: existen numerosas pruebas en todos aquellos estamentos del sistema judicial argentino que han investigado la responsabilidad por los atentados contra la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994) para definir a Hezbollah como entidad enemiga de la República Argentina, dada su participación en la planificación y ejecución de los mismos.

Ello, sin dudas, implicaría crear formalmente un mecanismo de designación de individuos y entidades terroristas que nos permitiría aplicar medidas institucionales y económicas efectivas antes de que se cometa propiamente un acto de terrorismo.

Con relación propiamente al contexto geográfico que resulta mencionado en la medida de la UIF, no puede haber más dudas respecto al hecho de que la zona de la Triple Frontera aporta todos los elementos para que la financiación del terrorismo se entrelace con el lavado de activos provenientes del crimen organizado regional.

Comercios de fachada para la emisión de facturas falsificadas, emprendimientos turísticos y de entretenimiento que fomentan el uso de efectivo, entidades sin fines de lucro como beneficiarias de los activos críticos y un aceitado circuito de remesas de fondos semiclandestino. Todo ello gracias a que los grupos delictivos se encuentran cada vez más ricos e influyentes.

Los narcotraficantes brasileños, en particular el Primeiro Comando da Capital, han consolidado su dominio en territorio paraguayo, ayudados por la bonanza que implica el récord de producción de cocaína de máxima pureza en los países andinos (1.400 toneladas anuales). La consecuencia principal es que multiplica la capacidad de estos grupos para intervenir en otros negocios ilícitos que impactan en la zona de la Triple Frontera.

Del mismo modo, la producción de marihuana paraguaya en la región está pasando por su mejor momento: alcanza entre 40.000 y 50.000 toneladas anuales.

Considerando que el precio del kilo de droga (fronteras afuera del país productor) es de entre US$ 6.000 y US$ 8.000, en el caso de la cocaína, y de entre US$ 1.500 y US$ 2.000, en el caso del cannabis, se puede estimar que el negocio ilícito entre Argentina, Paraguay y Brasil supone cifras que superan los 9 dígitos.

Mientras tanto, el comercio ilícito de cigarrillos provenientes de Paraguay alcanza cifras astronómicas, si se tiene en cuenta que el contrabando y la falsificación de este producto alcanzan del 14% al 48% de los mercados de consumo argentino y brasileño, respectivamente. A ello debe sumarse el intercambio que realizan los grupos criminales de los productos más diversos (armas, electrónicos, vestimentas, cereales, entre otros), que arriban a la región desde China y otros países asiáticos.

En conclusión, la orden de congelar fondos en la zona de la Triple Frontera emitida por la UIF-AR ha puesto en evidencia que los lazos entre la financiación del grupo terrorista Hezbollah y el crimen organizado transfronterizo constituyen una realidad que debe contar con el mayor compromiso de la dirigencia política en su conjunto.

De otro modo, más dinero espurio ingresará a las arcas de las próximas campañas electorales, para perjuicio de todos.

Juan Félix Marteau es abogado y doctor en sociología. Ex representante argentino ante el GAFI

Fuente: Clarín