Para escucharte mejor

La nueva agencia de inteligencia paralela que quiere crear el Gobierno.
La idea es que la Dicom pase de ser una oficina técnica a tener acceso a los archivos más íntimos: identidad, impuestos, sociedades, automotores, propiedad, finanzas. Las “filtraciones” y el uso político de la información privada.

El Poder Ejecutivo pretende convertir una oficina técnica de escuchas telefónicas, la ex Ojota (Observaciones Judiciales) llamada ahora Dirección de Captación de Comunicaciones (Dicom), en una nueva central de informaciones y, de hecho, en una agencia de inteligencia paralela. A la Dicom se le daría acceso a distintas bases de datos del Estado. Por ejemplo, a los datos personales de los ciudadanos, que constan en el Registro Nacional de las Personas; la Inspección General de Justicia (IGJ) donde se registran las sociedades; el Registro de la Propiedad, el del Automotor y se menciona incluso la AFIP y hasta la Unidad de Información Financiera (UIF), que se convirtió ahora en una verdadera agencia de persecución de opositores, según consignó el juez federal Sebastián Casanello.

En teoría, la Dicom sólo se ocupaba de intervenir llamadas, para grabar su contenido o escucharlas en directo, y pasarle los CD a los jueces que ordenaron esas escuchas. En la mayoría de los casos la Dicom ni siquiera debía enterarse de los contenidos de esas conversaciones. Pero es un secreto a voces que, después de que el Gobierno de Macri le quitó esa tarea a la Procuración y se la pasó a la Corte Suprema, pasaron a operar los aparatos un núcleo de ex integrantes de la SIDE. O sea que el manejo de las escuchas quedó en manos de una alianza entre la Corte Suprema, su delegado en este tema Martín Irurzun, y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE) a la que se le dieron facultades de transcripción y manejo de las grabaciones. En ese marco, ahora se agrega el Ministerio de Justicia, que firmaría un protocolo en el que se le da acceso a la Dicom a toda esa masa de información. La cabeza de las negociaciones es el encargado de la oficina de Combate contra el Lavado de Dinero, Juan Félix Marteau, un hombre de estrechísima relación con la Embajada de Estados Unidos, al punto que en uno de los cables develados por Wikileaks, el 1257 del año 2009, sobre lavado de dinero, Marteau figura como informante de los norteamericanos. El interés por escuchar, espiar, acumular información y usarla políticamente está en el ADN del macrismo.

Técnica
De acuerdo a las leyes vigentes, la Dicom no debe analizar información de ningún tipo. Su función es basarse en las compañías de teléfonos y celulares para intervenir las comunicaciones que le solicitan los jueces. El trabajo de los que conducen la Dicom se limita a verificar que la orden de intercepción sea legal, firmada por un juez, en el marco de un expediente judicial. Es un aparato estrictamente técnico cuyo usuario es el juez.

Lo que se busca ahora es que la Ojota sea intermediaria de toda la información. Por ejemplo, si el juez quiere saber qué cuentas bancarias tiene un sospechoso se lo pedirá a la Ojota, que a su vez lo tendrá a disposición gracias a la AFIP o al Banco Central. En la práctica, esto significará que un aparato de escuchas sabrá cómo se está investigando a una persona, qué cosas le están buscando, qué sociedades formó, dónde vive y qué actividad tiene el sospechado. De entrada, es violatorio del secreto bancario y fiscal porque la Ojota no tiene ninguna atribución para enterarse de lo que posee o hace un ciudadano. Semejante paso no se podría dar ni siquiera a través de una ley, pero el Gobierno intenta hacerlo a través de convenios entre el Poder Ejecutivo y la Corte.

En los papeles, el aparato de escuchas no tendrá en su poder todos los archivos, pero pasarán por sus manos los elementos que se utilicen en las causas judiciales y ésa es información invaluable. Por ejemplo, les permitirá saber qué se le está buscando a Gustavo Arribas (ver más información en la página 15). O a Macri. O respecto del Correo o de Odebrecht. Nada menos.

Analistas
El siguiente paso que pondrá en marcha el Poder Ejecutivo, aliado con la Corte e Irurzun, es que ese aparato se convierta en analizador de contenidos. “Están armando un servicio de inteligencia en manos de la Corte –señala el ex interventor de la Policía Aeroportuaria, Marcelo Saín, también ex profesor de la Escuela de Inteligencia–. Tienen a cargo de ese aparato a Irurzun que responde a la escudería de Jaime Stiuso, el ex espía que estuvo siempre aliado a los servicios norteamericanos e israelíes. Y detrás de todo está la Embajada de Estados Unidos”.

Quienes dominan el mundo de la inteligencia afirman que la Ojota enseguida contratará asesores y analistas, y le dará a los jueces la información ya bastante masticada. En los hechos, actuará como una mega oficina pericial, pero sin control de ningún tipo. Como una buena parte de la operación está en manos de agentes o ex agentes de la AFI/SIDE, la central de espías tomará nota de todo lo que pase por la Super-Ojota. La Casa Rosada, por esta vía, controlará todavía más aquello que se está investigando en la justicia.

Convenios
En los últimos meses, el Ministerio de Justicia, que conduce Germán Garavano, hizo circular convenios y protocolos que le dan cada vez mayor lugar a la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo del Poder Ejecutivo que el macrismo puso bajo la órbita del Ministerio de Economía. El papel de la UIF ha sido tan deplorable que el juez Sebastián Casanello le envió un escrito a sus titulares reclamándoles que dejen de actuar en forma partidaria. La UIF sostuvo en distintos expedientes que no había delito en los Panamá Papers y que Arribas recibió una sola transferencia a través de la cuenta de una sociedad falsa de Hong Kong. O sea que para defender a Arribas ni siquiera esperó la declaración de los cambistas-arrepentidos brasileños. Pero además la UIF se opuso a que autoricen a Cristina Fernández de Kirchner a viajar a Europa y, pese a que no tiene ningún tipo de facultad, apeló la decisión de Casanello de no llamar a indagatoria a la ex presidenta en la causa por lavado de dinero contra Lázaro Báez. Esa facultad de apelar puede tenerla un fiscal, pero de ninguna manera el querellante, que lo único que puede hacer es proponer medidas de prueba. Casanello tuvo que aclararle a la UIF que el Estado representa a todos, no a un interés partidario.

A través de la Super-Ojota se absorberá la información que venga de la UIF y también aquella que maneja la AFIP. De esa manera, el aparato de intercepciones telefónicas se va constituir en un intermediario, gigantesco, acumulador de buena parte de la información que de por sí ya está en manos de diferentes agencias del Poder Ejecutivo. Una cosa es que todos esos datos queden reunidos en poder del juez y otra cosa muy diferente es que pasen por la Ojota.

Manos
La nueva mega-estructura que impulsa el Gobierno tendrá presencia e influencia de la ex SIDE, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Después de que Macri le sacó la Ojota a la Procuración, los agentes de Stiuso ocuparon lugares en ella y también encontraron espacio quienes responden a las actuales autoridades encabezadas por Arribas y su segunda, Silvia Majdalani.

Pero el papel más llamativo lo juega en esta operación el hombre que está centralizando las negociaciones para darle más poder a la Ojota, Juan Félix Marteau, titular de la Coordinación Nacional para el Combate contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, dependencia del Ministerio de Justicia. Marteau quedó expuesto en un cable que develó la organización Wikileaks, el 1257 del 1 de diciembre de 2009, en que en base a declaraciones suyas la embajadora norteamericana en Buenos Aires, Vilma Martínez, le informó a Washington que la Argentina no estaba combatiendo el lavado de dinero. En ese cable, Marteau figura como informante de la embajada. En el camino, el ahora funcionario fue abogado de Clarín, dado que sus directivos fueron imputados por estar en el listado de fugadores de dinero presentado por Hernán Arbizu, ex vicepresidente del banco JP Morgan.

En resumen, la Super-Ojota terminaría bajo el control del Poder Ejecutivo, la AFI, Estados Unidos, Stiuso y la Corte, a través de Irurzun.

Control
La desesperación de la Casa Rosada por controlar y espiar se vio durante la semana que pasó con la insólita reunión entre el Ministerio de Justicia y la empresa Odebrecht. “¿El Poder Ejecutivo se reunió con un imputado? –disparó un juez en Comodoro Py–. ¿Con qué facultades? Es uno de los hechos más graves de los últimos tiempos”. La jugada del Gobierno consistía básicamente en saber qué información va a entregar Odebrecht, tener el absoluto control de lo que puedan confesar: quieren asegurarse que los brasileños apunten al kirchnerismo y no a los hombres de Macri, que no están solo en el Gobierno sino en varias empresas constructoras. El problema que les surgió ahora es que la procuración brasileña anunció que enviará documentación sobre el cambista Meirelles y después sobre las coimas de Odebrecht a la procuración argentina, que a su vez la distribuirá en las cuatro causas judiciales que existen sobre las obras de la mega-constructora. Todo hace prever un contra-ataque para evitar que venga la documentación.

Originalmente, el plan de la Casa Rosada consistía en operar a través de la Oficina Anticorrupción (OA), a cargo de la militante Laura Alonso, especializada en anticorrupción (aunque únicamente del gobierno anterior). Para la OA tampoco pasó nada ni en Panamá Papers ni con Arribas ni con el Correo. Pero finalmente el Ejecutivo incluso se sacó el taparrabos y ni siquiera recurrió a la OA. Fueron derecho al grano y el encuentro entre el gobierno de Macri y la empresa brasileña, socia del Grupo Macri, fue directo, cara a cara: Ministerio-Odebrecht. El Ejecutivo quiso asegurarse toda la información sobre las confesiones de los gerentes de la constructora, las coimas y, fundamentalmente, que no se escape nada sobre la forma en la que cambiaron la licitación del soterramiento del Sarmiento. El financiamiento lo iban a conseguir Odebrecht, Ghella (compañía italiana), Comsa (española) y IECSA (la empresa del primo de Macri). Ahora la plata la pone el estado argentino. Y no pone los 2.000 millones de dólares originales de la licitación durante el kirchnerismo, sino que, asombrosamente, saltó a algo así como 3.000 millones. Pero la movida de la reunión directa fue tan grotesca que el propio Ejecutivo decidió frenarla. Seguirán por otros caminos.

Con ese panorama se entiende por qué la Casa Rosada se juega a tener todo el control: jueces adictos, cámaras fraudulentamente depuradas, y una Super-Ojota que, por las dudas, verifique los pasos de cualquier investigación y pueda influir en su desarrollo.

Fuente: Página 12