Socios del terror: cómo el crimen organizado de la Triple Frontera financia a Hezbollah

El mecanismo es simple: desde el narcotráfico hasta emprendimientos turísticos y entidades sin fines de lucro truchos terminan dándole de comer a las agrupaciones terroristas de la región. La importancia del congelamiento de fondos ordenado por la UIF-AR.

El congelamiento de fondos ordenado recientemente por la Unidad de Información Financiera Argentina (UIF-AR) en relación a las actividades de recaudadores y financistas de Hezbollah en la zona de la Triple Frontera tiene una significativa importancia en dos sentidos diferentes, pero complementarios.

Por un lado, sienta las bases para poner fin a la neutralidad política que nuestro país mantiene respecto a la consideración y tratamiento de esta entidad extremista libanesa pro-iraní como organización terrorista. Por otro, pone en evidencia la amenaza que implica para la seguridad y el orden institucional argentino, la compleja red criminal que crece en el Cono Sur gracias a un enraizado esquema de corrupción público-privado.

Técnicamente, en primer lugar, la UIF-AR, con la cooperación de la FinCEN americana, analizó una serie de transacciones realizadas en estos últimos años consistentes en cobrar premios en el Casino Iguazú (Grupo HCI) por casi 10 millones de dólares, y transportarlos sin declarar, a través de cientos de cruces fronterizos, a Ciudad de Este.

En segundo lugar, una vez adquirida la convicción de que estas operaciones resultaban sospechosas de ser prácticas no solamente de lavado de activos, sino también –y esencialmente– de financiación del terrorismo, la UIF-AR procedió a ordenar a los sujetos obligados (entidades financieras y no financieras argentinas) la inmovilización de todos los activos asociados a las personas involucradas: se trata de un grupo de al menos catorce personas pertenecientes a la comunidad libanesa y vinculadas al clan familiar liderado por el financista de Hezbollah Assad Ahmad Barakat. Esta medida fue tomada en atención a las atribuciones conferidas por la Ley 26.734 y el decreto número 918/2012.

El congelamiento de fondos por casos de terrorismo debe ser ratificada, rectificada o revocada por el juez federal competente: en este caso, el titular del Juzgado Federal de El Dorado, doctor Miguel Ángel Guerrero, quien puede ordenar una pesquisa más profunda sobre la configuración concreta del delito de financiación del terrorismo en los términos del artículo 306 del Código Penal de la Nación.

Hay que ser prudentes, pero muy precisos conceptualmente en este tipo de casos: existen numerosas pruebas en todos aquellos estamentos del sistema judicial argentino que han investigado la responsabilidad por los atentados contra la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994) para definir a Hezbollah como entidad enemiga de la República Argentina, dada su participación en la planificación y ejecución de los mismos.

Ello, sin dudas, implicaría crear formalmente un mecanismo de designación de individuos y entidades terroristas que nos permitiría aplicar medidas institucionales y económicas efectivas antes de que se cometa propiamente un acto de terrorismo.

Con relación propiamente al contexto geográfico que resulta mencionado en la medida de la UIF, no puede haber más dudas respecto al hecho de que la zona de la Triple Frontera aporta todos los elementos para que la financiación del terrorismo se entrelace con el lavado de activos provenientes del crimen organizado regional.

Comercios de fachada para la emisión de facturas falsificadas, emprendimientos turísticos y de entretenimiento que fomentan el uso de efectivo, entidades sin fines de lucro como beneficiarias de los activos críticos y un aceitado circuito de remesas de fondos semiclandestino. Todo ello gracias a que los grupos delictivos se encuentran cada vez más ricos e influyentes.

Los narcotraficantes brasileños, en particular el Primeiro Comando da Capital, han consolidado su dominio en territorio paraguayo, ayudados por la bonanza que implica el récord de producción de cocaína de máxima pureza en los países andinos (1.400 toneladas anuales). La consecuencia principal es que multiplica la capacidad de estos grupos para intervenir en otros negocios ilícitos que impactan en la zona de la Triple Frontera.

Del mismo modo, la producción de marihuana paraguaya en la región está pasando por su mejor momento: alcanza entre 40.000 y 50.000 toneladas anuales.

Considerando que el precio del kilo de droga (fronteras afuera del país productor) es de entre US$ 6.000 y US$ 8.000, en el caso de la cocaína, y de entre US$ 1.500 y US$ 2.000, en el caso del cannabis, se puede estimar que el negocio ilícito entre Argentina, Paraguay y Brasil supone cifras que superan los 9 dígitos.

Mientras tanto, el comercio ilícito de cigarrillos provenientes de Paraguay alcanza cifras astronómicas, si se tiene en cuenta que el contrabando y la falsificación de este producto alcanzan del 14% al 48% de los mercados de consumo argentino y brasileño, respectivamente. A ello debe sumarse el intercambio que realizan los grupos criminales de los productos más diversos (armas, electrónicos, vestimentas, cereales, entre otros), que arriban a la región desde China y otros países asiáticos.

En conclusión, la orden de congelar fondos en la zona de la Triple Frontera emitida por la UIF-AR ha puesto en evidencia que los lazos entre la financiación del grupo terrorista Hezbollah y el crimen organizado transfronterizo constituyen una realidad que debe contar con el mayor compromiso de la dirigencia política en su conjunto.

De otro modo, más dinero espurio ingresará a las arcas de las próximas campañas electorales, para perjuicio de todos.

Juan Félix Marteau es abogado y doctor en sociología. Ex representante argentino ante el GAFI

Fuente: Clarín

“La bancarización del aporte a las campañas es un paso positivo y necesario pero no suficiente, debe haber un sistema de auditorías muy estricto y muy transparente”

Dr. Juan Félix Marteau, sobre la reforma de la Ley de Financiación de los partidos políticos: “La bancarización del aporte a las campañas es un paso positivo y necesario pero no suficiente, debe haber un sistema de auditorías muy estricto y muy transparente”

Para Conexión Abierta, en Tenés que Saberlo, el Dr. Juan Félix Marteau conversa con Hugo Macchiavelli, sobre el blanqueo de dinero en la financiación de campañas políticas y el nuevo rol de las Fuerzas Armadas como apoyo para las Fuerzas Federales en las fronteras.

Escucha el programa completo, haciendo click en este link:
https://radiocut.fm/audiocut/juan-felix-marteau-en-tenes-que-saberlo/

Fuente: conexión abierta – radio online

Dr. Juan Félix Marteau “Nos acordamos del ataque pero nos olvidamos de las víctimas”

“A veces no se pueden evitar los ataques, lo que no puede suceder en una sociedad que se precie de ser civilizada es que no haya justicia, y sobretodo que se evite el segundo sufrimiento que es la impunidad”.
Para Radio Zonica, en Política de aquí y allá, el Dr. Juan Félix Marteau conversa con George Chaya, experto en Oriente Medio en relaciones internacionales, seguridad y prevención del terrorismo, sobre la penetración de células terroristas en Argentina y cómo se financian.

Escucha aquí el audio completo.

 

Fuente: radio zonica

Juan Félix Marteau: ‘La UIF ordenó el congelamiento de bienes pertenecientes al Clan Barakat’

Hay un grupo terrorista que se llama Hezbollah. Aquellos que pertenecen dicen que no es grupo terrorista porque tienen cierta representación política en el Líbano. Se llegó a la conclusión de que

Hezbollah estaba lavando dinero en la Argentina y en principio lavaron 10 millones de dólares en el casino de Iguazú, eso el gobierno lo detectó y tomó una serie de medidas.

Juan Félix Marteau: “Mi hipótesis es que Hezbollah es una entidad terrorista que debe ser listada como tal en la Argentina. Esto implica poner fin a la neutralidad que tiene este país respecto de esta organización criminal que es inaceptable. La justicia argentina tiene pruebas contundentes acerca de su participación activa y los lazos con el gobierno iraní en contra de la embajada de Israel y la AMIA y los atentados que se produjeron en la década del 90. Acá hay un dato significativo y es que la Unidad de Información Financiera argentina ordenó el congelamiento la semana pasada de fondos pertenecientes al Clan Barakat que está ligado no sólo a prácticas de lavado de activos en la triple frontera, sino a prácticas de financiación del terrorismo. En materia dura de política estratégica, nuestros aliados pueden ser Irán, Hezbollah y Siria o bien puede ser Estados Unidos e Israel”.

Lejtman le consulta cómo se declara a una organización como Hezbollah un ente terrorista. Juan Félix Marteau: “Los estándares internacionales dicen que cada país tiene que receptar los listados de Naciones Unidas y además tiene que crear sus propios listados nacionales de terroristas. La Argentina ha inventado siempre cosas extrañas para andar por caminos de tierra. Ya ensayó un lista de terrorista para congelar fondos en la Argentina. Le congelaron fondos a las señoras ancianas de esposas de militares prófugos acusados de delitos de lesa humanidad hace 30 años. Nos felicitaron internacionalmente. Es una medida muy interesante y pone en evidencia que es pensado el lazo que tiene Hezbollah en la región con el crimen organizado y da visibilidad al ́ámbito criminal que es la Triple Frontera”.

Juan Félix Marteau: “Nosotros tenemos desde Paraguay, millonarios contrabandos de tabaco y cigarrillos, entran al país casi el 14% del consumo en Argentina. Además se trafican armas, vestimenta, electrónicos”.

Lejtman le pregunta cómo se hace para prohibir Hezbollah. Juan Félix Marteau: “Sería correcto que el Congreso debata una ley de listados de entidades y personas terroristas como hacen muchos países que valida la actuación de no sólo el poder administrador sino también de la justicia. No hay que esperar una acción criminal para detener a alguien sino que estar en esta lista te permite no sólo decomisar los activos sino meter preso a los que ingresan al territorio”.

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Fuente: radio nacional am 870

Paraguay es el mayor productor de los cigarrillos que se contrabandean en la región

El pasado 7 de julio, en entrevista con Juan Dilon para su programa “Huevos Revueltos” de Radio con Vos, el Dr. Juan Félix Marteau, conversa sobre la permeabilidad que presenta la frontera de Argentina, para el tráfico ilícito de estupefacientes, cigarrillos, indumentaria, detallando las cifras que maneja la región actualmente.

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Fuente: radio con vos

Estamos teniendo muchos problemas con la falsificación de cigarrillos

El Doctor Juan Félix Marteau, conversó con Daniel Fernández, conductor del programa Economía XXI, en FM Milenium, sobre la amenaza que representa el comercio ilícito en la región, y cómo el contrabando y la falsificación de los cigarrillos que se consumen en Argentina afectan al país en términos económicos.

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Fuente: milenium 106.7

El fortalecimiento de las capacidades financieras de las organizaciones terroristas

Por Juan Félix Marteau

La consolidación de las finanzas de la revitalizada red terrorista creada por Osama Bin Laden y Ayman al-Zawahiri constituyen un objetivo estratégico prioritario.

El mismo debe comprenderse en la fase de expansión en la que se encuentra Al-Qaeda. Como advierte Katherine Zimmerman, el grupo se concentra especialmente en la unión de la Umma, la comunidad de musulmanes, a partir del presupuesto de que el extremismo salafista puede otorgar a miles de jóvenes de esta región una referencia de vida y un sentido de pertenencia.

Nuestro trabajo en territorio africano, en particular, confirma esta hipótesis: la financiación del terrorismo canaliza aspiraciones más sofisticadas que la de matar a “los cruzados, los herejes y los apóstatas”, orientándose a solventar la articulación sustentable de los grupos islamistas dispuestos a aceptar el liderazgo de la nueva generación de sheiks y emires que emergieron luego de la muerte de Ben Laden.

En la región africana del Sahel (Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger), la creación en 2017 de Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) -Grupo de Soporte al Islam y los Musulmanes- es fiel testimonio de la hermandad que puede hacer fuertes a los musulmanes radicalizados cuando se presenta la oportunidad de enfrentar Estados casi desmembrados como el maliense. Justamente, el líder de este nuevo agrupamiento que revitalizó a AQ es Iyad ag Ghali, nacido en Malí, jefe de la organización Ansar Dine y experto contrabandista de las rutas de los Tuareg. En esta reciente unión se destaca la presencia también del grupo Al Murabitoon, cuyo líder –varias veces considerado muerto- es Mokhtar Belmokhtar, un algeriano que, a través del contrabando de cigarrillos en la región, aportó importantes dividendos a la causa yihadista.

Más al Norte, en la región magrebí (Algeria, Túnez y Libia), el importante Grupo Salafista para la Predicación y el Combate confluyó, en 2006, en lo que hoy se denomina Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), permitiendo que se convierta en la red operativa más dinámica y agresiva de la región. Su líder es el emir algeriano Abdelmalek Droukdel, también conocido como Abu Musab Abdel Wadoud, responsable del diseño de buena parte de las operaciones de la federación terrorista que conforma AQ en el Norte y Oeste africano.

El vínculo que forjaron los extremistas de AQ con el crimen organizado les ha permitido complementar con relativo éxito las cuantiosas ganancias que obtuvieron con el secuestro de ciudadanos europeos, hasta que los países implicados decidieron no pagar más rescates.

Así, actores clave de la región confirman que los principales ingresos regulares de la organización terrorista provienen del control de las rutas del tráfico de drogas y el contrabando de cigarrillos y vehículos, lo que implica la posibilidad de imponer tributos a traficantes y contrabandistas o el dominio directo de estos negocios ilícitos.

La participación en el tráfico de armas representa otro ingreso importante para estos grupos. Yaya Fanusie y Alex Ents recuerdan la oportunidad que significó la caída de Kadafi en Libia, lo que permitió a AQMI hacerse de los insumos que pertenecían al ejército libanés y negociarlos en el mercado negro maliense.

Las tasas fijadas a los ciudadanos de los territorios sobre los que tienen influencia, sumadas a las donaciones que provienen de los fieles en el exterior, en particular de Europa, conforman un presupuesto interesante para hacer que el nuevo conglomerado funcione cada día con más suceso.

Es difícil calcular el superávit de este tipo de agrupaciones, considerando los cuantiosos gastos que implica el mantenimiento del networking de los grupos fundamentalistas en esta fase de expansión: se requieren fondos para el reclutamiento y la radicalización de los nuevos soldados de Alá, la ampliación de la plataforma de comunicación y propaganda, y el pago de los costos operacionales. A ello hay que agregar las despensas para los atentados.

De lo que no puede haber dudas, es que JNIM y AQMI, como sucede con otras agrupaciones terroristas sunníes, han sido capaces de organizar en estos últimos años sus finanzas de modo versátil e ingenioso. Se trata de un presupuesto que -como mínimo- parte de U$D150-200 MM por año que se colectan, se desplazan y se conservan en especie a través de canales de intercambio de bienes informales.

Los últimos tres atentados perpetrados por afiliados de AQ en Ouagadougou, capital de Burkina Faso, dejaron decenas de muertos y heridos, confirmando, además, que las autoridades locales no tienen herramientas útiles para detectar el rostro oculto de las finanzas del terror.

Revisar el combate a la financiación del terrorismo (CFT)

La experiencia en terreno africano, a la vez que permite conocer mejor la amenaza que representa actualmente la consolidación y expansión financiera de AQ –que debe analizarse más allá de su concreta capacidad de producir violencia física–, conduce a poner en perspectiva las acciones que emprendemos en lo que habitualmente llamamos CFT.

Si uno de los objetivos explícitos de esta lucha es que los agrupamientos terroristas se vean privados de sus fondos, existen varios estudios y análisis de los propios organismos internacionales que llevan a concluir que el fracaso ha sido rotundo. Las Naciones Unidas afirman que de todos los activos ilícitos que produce el crimen organizado a nivel global ni el 1% resulto confiscado por los Estados. Esta cifra tan pobre debería ser aún menor si se consideran solo los fondos del terrorismo.

El Grupo de Acción Financiera (GAFI), luego de los atentados del 9-11, asumió responsabilidades en esta temática en el marco del proceso de estandarización normativa e institucional que propulsaba desde 1989 contra el lavado de activos. Se trató de una empresa de alto alcance, que logró imponer criterios de referencia para los más diversos países del mundo. Sin embargo, los terroristas en el mismo periodo –como se puede ver en el Oeste y Norte de África– se hicieron más ricos e influyentes.

Ello exige una necesaria y profunda revisión de las políticas globales orientadas a controlar las capacidades financieras de AQ y otros grupos terroristas en expansión.

El GAFI nació para proteger lo que suele denominarse la “integridad financiera” de los países del G7, cuando estos vieron que sus industrias bancarias podrían verse comprometidas por el enorme flujo de activos tóxicos provenientes del mercado de la cocaína. Debe reconocerse que la problemática de la FT no encaja adecuadamente en esta lógica: la razón de la misma está basada en acciones defensivas de la economía formal, mientras que para luchar contra el terrorismo y sus fondos se necesitan políticas ofensivas que tengan por blanco la economía informal.

Esta incongruencia entre el objetivo original y la nueva materia, ha tenido como primera consecuencia perversa el hecho de que el CFT haya quedado en manos de los ministerios de finanzas y los bancos centrales. Los mismos, con la sola excepción de los países con economías robustas, resultaron completamente incompetentes para liderar acciones disruptivas eficaces contra los financistas del terror y los criminales asociados, cuyas motivaciones son esencialmente de orden ideológico-político y sus prácticas se ejecutan a través de hawalas y otras oficinas de intercambio de dinero informales.

La segunda consecuencia negativa –asociada a la primera– es que la mayoría de los países carece de una coordinación estratégica basada en el intercambio de la información y de los músculos necesarios para generar operaciones multiagenciales de envergadura sobre fundaciones y otras organizaciones sin fines de lucro, centros neurálgicos de capitales espurios de diverso origen, como la corrupción.

La tercera consecuencia –asociada a la segunda–, es que las unidades de inteligencia financiera de los países no desarrollados, aunque conserven la pretensión de ser una agencia de información especializada, se convirtieron en verdad en pesados organismos de regulación y supervisión de entidades formales y, por tanto, en entes con escasa incidencia para debilitar las finanzas ilícitas que están por fuera de su objeto de tratamiento: las operaciones sospechosas.

Por último, hay que reconocer que la cuestión de la FT resulta inasible para bancos, compañías de seguros y otros sujetos obligados, cuya tarea al fin del día se reduce a verificar si sus clientes se encuentran en alguna de las listas de terroristas que han incluido en sus sistemas informáticos.

En resumen, en la mayor parte no sólo de África, sino de otras vastas regiones del mundo como Asia y Latinoamérica, las políticas de CFT fueron organizadas para cazar dentro del zoológico de la economía regulada, aunque todos saben que allí solo operan los ciudadanos domesticados, no los financistas del actual extremismo violento.

En 2014, el entonces Presidente de GAFI, Robert Wilkins advertía que, de 192 jurisdicciones observadas, 165 no cumplían o cumplían parcialmente con la obligación de aplicar las sanciones financieras que las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas prescriben para las personas y entidades designadas como terroristas.

En 2015, en el Informe que este organismo presentó a los líderes del G20 en esta materia, se constata que la Arabia Saudita (U$D 36 MM), los Estados Unidos (U$D 25 MM) y, en menor medida, Israel (U$D 6 MM) son los únicos que pueden demostrar resultados totales sustantivos sobre los terroristas designados nacionalmente. Lamentablemente, para el crédito de este tipo de informes, un país como la Argentina aparece en el Top Ten del Ranking con 100 terroristas designados y casi U$D 115 mil congelados, cuando está judicialmente probado que este país “inventó” su propio terrorismo, listando militares prófugos de la justicia por supuestos delitos cometidos hace más de 30 años (que nada tenían que con el terrorismo).

De acuerdo a los nuevos fines estratégicos fijados por GAFI para la 4ta. Ronda de Evaluaciones Mutuas, todos los países deben impedir que los terroristas individualmente, las organizaciones terroristas y los financistas del terrorismo, puedan recaudar, mover y usar fondos, y abusar de las organizaciones sin fines de lucro (Objetivo Inmediato 10).

Sin embargo, un análisis de la Fundación FININT sobre los resultados que ya ha comenzado a arrojar esta ronda en el periodo 2015-18 demuestra que los Estados que no son miembros del organismo madre (GAFI), sino de los organismos regionales -esto es, los menos aventajados- presentan severas dificultades para cumplir con el objetivo mencionado. De los 33 países ya evaluados, el 86% ha satisfecho esta tarea “hasta cierto punto”, de modo insignificante o directamente no la ha realizado.

Desafíos

El contacto con las autoridades que tienen responsabilidades en materia de CFT de Mali, Senegal, Burkina Faso, Costa de Marfil y Niger, permite concluir que la reunión de diversos grupos islamistas en la red de AQ se ha convertido en una amenaza extremadamente peligrosa para la estabilidad regional.

Se puede aseverar también que las finanzas de estas organizaciones están fuera del foco de los mecanismos regulatorios y de control que propone la comunidad internacional.

En estos lugares, la única expectativa viable es que Francia, junto con los Estados Unidos, se encuentren nuevamente dispuestos a ensanchar sus déficits fiscales para otro nuevo ensayo de intervención asimétrica. No obstante, drones, misiles e infiltración de inteligencia nunca son recursos suficientes si la economía del terror sigue viva.

En definitiva, interpretar la experiencia del resurgimiento de AQ, en su fase de unificación de la Umma, nos obliga a reinventar con urgencia el sentido y alcance de los mecanismos de lucha contra los fondos del terror sobre la base estratégicas clásicas: ofensividad, positividad y agresividad en el opaco mundo del intercambio de bienes subterráneos. Al final de cuentas, como decía Borges, no existen más que unas pocas metáforas fundamentales sobre las que trabaja el poeta al confrontarse con la realidad mundana: la vida, el sueño, el río, la mujer, las estrellas, los ojos…. Tout le reste c’est de la littérature.

Fuente: infobae

La Fiscalía que investiga el ataque terrorista contra 5 argentinos en Nueva York pediría la pena de muerte para el acusado

Hernán Mendoza era un arquitecto de 48 años que vivía y trabajaba en la ciudad de Rosario. Todos lo recuerdan como excelente esposo y padre de familia, gran deportista y buen amigo.

En la tarde del 31 de octubre del año pasado justamente estaba paseando en bicicleta en una bicisenda del Bajo Manhattan, cerca de donde estaban las Torres Gemelas, con sus amigos más queridos. En ese lugar, un terrorista, al grito de Allah’u Akbar (Dios es grande), lo atropelló intencionalmente y causó su muerte.

Este episodio siniestro, y habitual en nuestra época, destruyó una familia bien constituida y feliz creando la zozobra de que cualquier fanático puede destruir el modo de vida planeado de acuerdo con la regla del respeto mutuo.

En Rosario, quedaron esperándolo -hoy envueltos en la angustia que llega junto a estos sucesos tan desgarradores- Ana Evans, viuda de Hernán, quien está reponiéndose para que sus hijos, Martín (12), Julia (10) y Emilia (4) puedan continuar con su educación y no crezcan en el odio y la resignación.

“En mi opinión -indicó el doctor Juan Félix Marteau-, las autoridades públicas deberían dar más atención a casos como este, ocuparse de las víctimas, preguntarles cómo están, si necesitan algo y, sobre todo, darles la seguridad de que están haciendo algo para que el asesino pague por su crimen con el rigor que manda la ley”.

 

La reunión

La semana pasada, en la Ciudad de Nueva York, los doctores Juan Félix Marteau, dos veces Coordinador Nacional de la Argentina en el Combate contra la Financiación del Terrorismo, y Steven Witzel, reconocido penalista americano en delitos graves, los abogados que representan a la familia de Hernán Mendoza, asesinado en el ataque terrorista del 31 de octubre 2017 en el bajo Manhattan por un terrorista que reivindica su pertenencia al ISIS, se reunieron con los fiscales federales responsables de la investigación judicial que lleva a cabo la Fiscalía Federal del Distrito Sur, una de las jurisdicciones más reconocidas en mundo judicial de los Estados Unidos, a cargo de Geoffrey Berman.

El objeto de la reunión fue conocer el estado del proceso y, en particular, si la Fiscalía solicitaría la pena de muerte para el único acusado: Sayfullo Saipov.

Actualmente, la Oficina de los Fiscales de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York preparará un memorando y una recomendación, que serán revisados por el Departamento de Justicia. El memorando se enviaría a Washington en junio de 2018, a efectos de que el Fiscal General Jeffrey Sessions tome la decisión final sobre si se debe solicitar la pena de muerte, algo que podría suceder cerca del mes de septiembre de 2018.

Según Marteau, el abogado de Saipov estaría preparando una solicitud de “mitigación” para el SDNY, que se considerará como parte del proceso de revisión, y la fecha límite para la presentación confidencial es a fines de este mes. Después de la recepción, el SDNY finalizará su memorándum y recomendación y lo presentará al Departamento de Justicia y a la consideración del Fiscal General.

El juez del caso, Vernon Broderick, nominado recientemente por la Administración Trump, ha llamado a una audiencia a la que asistirán los abogados de las víctimas, en la cual se presentarán a los abogados de la señora Mendoza Evans.

A menos que el acusado se declare culpable, lo cual sigue siendo una posibilidad en cualquier momento, se espera que el juicio se realice en abril de 2019.

fuente: Infobae

Aceptar efectivo al comprar bienes favorece el lavado

Experto argentino Juan Marteau destacó las políticas de control en Uruguay.

Hasta mayo de 2017 el abogado argentino Juan Félix Marteau (hoy senior partner del estudio que lleva su apellido) se desempeñó por seis años como titular de la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del vecino país, trabajando tanto durante el gobierno de Cristina Fernández como el de Mauricio Macri.

Aparte es el actual director del Posgrado en Prevención Global de Lavado de Activos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y miembro consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Ese conocimiento y experiencia en el combate al lavado de dinero lo lleva a afirmar que “el gran desafío” ahora que se avanzó a nivel normativo, es aplicar “con todo rigor” la ley y lograr “un buen número de condenados” y de bienes incautados.

En diálogo con El País días atrás luego de exponer en un evento en Foz de Iguazú (Brasil) sobre comercio ilegal, destacó la institucionalidad y continuidad de políticas en Uruguay respecto a la prevención del lavado, aunque marcó que el alineamiento a los estándares internacionales fue “sobre todo por obligación externa”.
También dijo que “hay un punto de quiebre” en el combate al dinero sucio al no aceptar efectivo para comprar inmuebles —Uruguay lo implementó desde abril— y que se “tienen que terminar” las plazas financieras “con beneficios fiscales”. A continuación un resumen de la entrevista con Marteau:

—¿Cómo ven desde Argentina la legislación uruguaya para la prevención del lavado de activos y la evolución que tuvo en los últimos años?
—En primer lugar, Uruguay tiene la característica de haberle dado a las políticas contra el lavado de activos y financiación del terrorismo una continuidad y permanencia más allá de los cambios de gobierno, lo que es muy importante. Conozco a los actores clave en el sistema (uruguayo) y son gente preparada y honesta, dos condiciones relevantes para llevar adelante estas misiones. Después en relación a la legislación, como todas tiene pros y contras, y la de Uruguay también. Yo creo que han avanzado respecto a la legislación que tenían y lo más importante es que la legislación se aplique con todo rigor. Ese es el gran desafío no solo de Uruguay sino de nuestra región, que la legislación se aplique con vehemencia y consigamos un buen número de condenados, además de un buen número de incautación de los bienes, que es el núcleo duro de nuestro problema.

—¿Se sigue viendo como un foco de riesgo potencial la plaza financiera uruguaya?
—La Argentina hoy está atravesada por otras motivaciones. Yo creo que la administración anterior de Cristina Fernández estaba muy preocupada por la supuesta salida de divisas, que más allá que no la justifico era en buena parte consecuencia de las prácticas del gobierno. Tuvo un condimento político apuntar a Uruguay en esa línea, a mi mismo me tocó ejercer una presión en ese sentido. Yo creo que de todas maneras, lo que cabe decir es que las plazas financieras con beneficios fiscales tienen que terminar y que los países que ofrecen servicios financieros tienen que ajustarse a todas las reglas y estándares antilavado, porque sabemos que si hay canales para que ingrese la evasión esos mismos canales se habilitan después para el narcotráfico, el contrabando y otros delitos graves. Yo no hago distinción entre los paraísos fiscales o plazas financieras buenas y las malas, creo que en el tiempo que vivimos esto debe terminar.

—¿Cómo observas la participación en los reportes de operaciones sospechosas del sector no financiero en Uruguay?
—Hay un punto de quiebre en nuestros países en la posibilidad o no de aceptar efectivo para comprar inmuebles. Los países que todavía aceptan efectivo para comprar bienes suntuarios o de montos significativos favorecen a las prácticas de lavado porque propician el ocultamiento del rastrillaje del itinerario que ha seguido el dinero con el que se paga el bien.

—¿Cómo evalúas el rol en este proceso del Grupo de Acción Financiera (Gafilat)? En Uruguay la oposición crítica al gobierno por ser “el mejor alumno de la clase”.
—Yo miro con respeto la continuidad de actores clave para el sistema (que tuvo Uruguay), eso es positivo para el sistema antilavado porque creo le ha dado una determinada legitimidad frente a todas las mutaciones y los cambios que han existido en otros países, incluyendo el mío propio. Ahora bien, hay que reconocer que el trabajo de plaza financiera que tenía Uruguay lo colocaba en una situación complicada y creo que por convicción, pero sobretodo por obligación externa, Uruguay ha entrado en un camino interesante (de combate al lavado de activos). Yo creo que la única posibilidad que tenemos frente al crimen organizado es tener políticas más activas de cooperación regional, sobre todo en el Cono Sur. Debemos dejar de lado las fisuras que crea el nacionalismo para trabajar conjuntamente con una criminalidad que está trabajando en los bordes de las fronteras, escapándole a los controles de ambos países.

—¿El acuerdo de intercambio de información tributaria que se firmó con Uruguay y rige desde 2013 fue beneficioso para Argentina?
—Creo que fue positivo sí. Aunque falta mucho trabajo para una implementación rápida y expedita a los efectos de conocer los patrimonios de las personas investigadas, entiendo que ha creado un clima de legitimidad en el buen sentido.

—En enero se descubrió en Uruguay la lujosa vida que llevaba el sindicalista argentino Marcelo Balcedo, investigado por lavado de activos. ¿Qué reflexión le merece lo que ocurrió y qué omisiones hubo por parte de los organismos de control?
—Lo que muestra es una situación estructural de corrupción de determinados sectores de la Argentina que va más allá de Balcedo. El caso de él es escandaloso por las connotaciones que tuvo, la excentricidad y el carácter suntuario de sus bienes, pero ahora no tenemos que detenernos en eso y hay que ser muy activos y los Estados muy fuertes y contundentes en las acciones buscando no solo las superficie del personaje sino los esquemas de corrupción que facilitaron ese tipo de situaciones, donde eventualmente puede haber cómplices del Estado también. Los actores antilavado tienen que ser lo suficientemente independiente como para investigar las propias connivencias dentro del Estado, eso es clave.

—¿Hay más casos como el de Balcedo?
—No te quepa ninguna duda. Hay más Balcedo, hay más políticos y más empresarios así, porque la corrupción es un fenómeno de varias vías. No puede pensarse que está localizado en algunos sectores cercanos al sector público, en verdad está atravesando a toda la sociedad en nuestros países.

Fuente: el país

Dr. Juan Félix Marteau “Necesitamos que Saipov sea juzgado”

En Radio Zonica, el Dr. Juan Félix Marteau en calidad de representante legal de la familia Evans, conversa con George Chaya, experto en Oriente Medio en relaciones internacionales, seguridad y prevención del terrorismo, sobre los avances de la causa en contra de Sayfullo Saipov, acusado por perpetrar el atentado terrorista ocurrido el pasado 30 de Octubre en Nueva York, en el que resultaron victimas 5 argentinos.

 

Escucha el programa completo, haciendo click en este link:
https://goo.gl/R6Ahif
 

fuente: Radio Zónica