Amplían las facultades de la ex “Ojota” para agilizar investigaciones

Garavano y Lorenzetti, de quien depende la oficina de escuchas, acordaron concentrar en ella toda la información estatal

 

“Las bandas criminales son más sofisticadas que la Justicia.” Así define un juez de Comodoro Py la burocracia que envuelve sus pesquisas. Es uno de los magistrados que ven con buenos ojos el proyecto que busca darle más poder y herramientas a la oficina que realiza las escuchas telefónicas legales.

La vieja “Ojota”, como se conoce a la dirección de la Corte Suprema que controla la Oficina de Captación de Comunicaciones, firmó un convenio con el Ministerio de Justicia para acceder a más bases de información. Y en estos días se terminará de redactar un “protocolo” para agilizar las investigaciones contra los delitos complejos.

La idea del convenio es que la ex “Ojota” no sólo concentre las pinchaduras legales, sino también datos de distintos organismos del Ministerio de Justicia, como la IGJ, el Registro de Propiedad Inmueble y Automotor y las bases de datos personales, entre otras. En paralelo, se firmaron convenios similares con la UIF y la AFIP. Así, la dependencia de la Corte se convertiría en una “mesa de entradas”: en lugar de librar oficios a múltiples dependencias, con el tedio que eso conlleva, los jueces sólo tendrán que remitirse a una oficina centralizada dentro del mismo Poder Judicial.

El proyecto avanza con el aval de distintos jueces y fiscales federales, que integraron un “comité de expertos” para buscar soluciones a los escollos y las dilaciones que afrontan las investigaciones contra el lavado de dinero, el narcotráfico, el terrorismo y la trata de personas, entre otros delitos complejos.

Días atrás, el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y el ministro de Justicia, Germán Garavano, suscribieron el acuerdo de cooperación. En la práctica, el convenio es llevado adelante por la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, conducida por Juan Félix Marteau, y por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos del Poder Judicial, controlante de la ex “Ojota” y comandada por el camarista Martín Irurzun.

“Creemos que con más bases de datos podemos ayudar mejor a los jueces en la búsqueda de prófugos y en las investigaciones de delitos complejos. La idea es agilizar la Justicia y ayudar en el entrecruzamiento de información”, señaló a LA NACION Juan Tomás Rodríguez Ponte, director ejecutivo de la ex “Ojota”.

El convenio estipula cuatro modalidades de cooperación. La más novedosa es la que determina que “a requerimiento de autoridades judiciales” la ex “Ojota” tendrá acceso a las múltiples bases de datos de los organismos del Ministerio de Justicia. “La cartera prestará a la dirección de la Corte un canal informático de acceso seguro con claves independientes para cada una de las bases”, estipula el escrito.

Otro de los objetivos es la confección de un “mapa de riesgos” donde se incluyan las causas judiciales, las sentencias y las estadísticas en materia de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Un tercer punto clave del convenio ordena la redacción de un “protocolo” para que los jueces tengan herramientas para investigar delitos económicos y para recuperar bienes de origen ilícito para el Estado. En los últimos días se dio forma al borrador de este “manual” y ahora se espera que varios jueces lean el escrito y eleven sus recomendaciones.

Para elaborar el protocolo, la coordinación de Marteau convocó a un comité de expertos, entre los que figuran los jueces federales Sergio Torres, Ariel Lijo, Claudio Bonadio y Sergio Torres; los fiscales Carlos Rívolo y Eduardo Taiano; el fiscal de Casación Raúl Pleé, y el camarista de Casación Mariano Borinsky. También se sumaron a las mesas de trabajo representantes del BCRA, de la UIF y de la AFIP.

“Es necesario que los jueces sepan que pueden realizar un decomiso anticipado de bienes, aun sin condena, para atacar la estructura económica de las organizaciones delictivas. También que conozcan cómo pueden recuperar bienes de origen ilícito en el exterior del país”, resaltó Marteau.

El juez Torres, uno de los impulsores, presentó ante sus colegas como caso testigo la causa del “narcoarroz”, expediente que incluyó una investigación por lavado de dinero con el narcotráfico como delito antecedente. Allí exhibió las dificultades para pesquisar el patrimonio de la organización. “Hay que atacar las estructuras financieras de las bandas, porque hoy en día un delincuente detenido es fácilmente reemplazable”, dijo el magistrado.

Fuente: La Nación