Garavano y Lorenzetti, de quien depende la oficina de escuchas, acordaron concentrar en ella toda la información estatal
«Las bandas criminales son más sofisticadas que la Justicia». Así define un juez de Comodoro Py la burocracia que envuelve sus pesquisas. Es uno de los magistrados que ven con buenos ojos el proyecto que busca darle más poder y herramientas a la oficina que realiza las escuchas telefónicas legales.
La vieja «Ojota», como se conoce a la dirección de la Corte Suprema que controla la Oficina de Captación de Comunicaciones, firmó un convenio con el Ministerio de Justicia para acceder a más bases de información. Y en estos días se terminará de redactar un «protocolo» para agilizar las investigaciones contra los delitos complejos.
La idea del convenio es que la ex «Ojota» no solo se concentra las pinchaduras legales, sino también datos de distintos organismos del Ministerio de Justicia, como la IGJ, el Registro de Propiedad Propiedad y Automotor y las bases de datos personales, entre otras. En paralelo, se firman convenios similares con la UIF y la AFIP. Así, la dependencia de la Corte se convertirá en una «mesa de entradas»: en el lugar de la biblioteca oficios a múltiples dependencias, con el medio que eso se convertirá, los juegos que solo pueden remitir a una oficina centralizada dentro del mismo Poder Judicial.
El proyecto avanza con el aval de distintos jueces y fiscales federales, que integra un «comité de expertos» para buscar soluciones a los escollos y las dilaciones que afrontan las investigaciones contra el lavado de dinero, el narcotráfico, el terrorismo y la trata de personas , entre otros delitos complejos.
Días atrás, el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y el ministro de Justicia, Germán Garavano, suscribieron el acuerdo de cooperación. En la práctica, el convenio es llevado adelante por la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, conducida por Juan Félix Marteau, y por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos del Poder Judicial, controlante de la ex «Ojota» y comandada por el camarista Martín Irurzun.
«Creemos que con más bases de datos podemos ayudar mejor a los juegos en la búsqueda de prófugos y en las investigaciones de delitos complejos. La idea es agilizar la Justicia y ayudar en el entrecruzamiento de información», señaló a LA NACION Juan Tomás Rodríguez Ponte , director ejecutivo de la ex «Ojota».
El convenio estipula cuatro modalidades de cooperación. La más novedosa es la que determina que «un requerimiento de autoridades judiciales» la ex «Ojota» tendrá acceso a las múltiples bases de datos de los organismos del Ministerio de Justicia. «La cartera prestará a la dirección de la Corte un canal informático de acceso seguro con claves independientes para cada una de las bases», estipular el escrito.
Otro de los objetivos es la confección de un «mapa de riesgos» donde se incluyen las causas judiciales, las sentencias y las estadísticas en materia de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Un tercer punto clave del convenio ordenado la redacción de un «protocolo» para que los jueces tengan herramientas para investigar delitos económicos y para recuperar bienes de origen ilícito para el Estado. En los últimos días se dio forma al borrador de este «manual» y ahora se espera que varios jueces lean el escrito y once sus recomendaciones.
Para elaborar el protocolo, la coordinación de Marteau convocó a un comité de expertos, entre los que figuran los jueces federales Sergio Torres, Ariel Lijo, Claudio Bonadio y Sergio Torres; los fiscales Carlos Rívolo y Eduardo Taiano; el fiscal de Casación Raúl Pleé, y el camarista de Casación Mariano Borinsky. También se sumaron a las mesas de trabajo representantes del BCRA, de la UIF y de la AFIP.
«Es necesario que los jueces sepan que pueden realizar un descomiso anticipado de bienes, incluso sin condena, para atacar la estructura económica de las organizaciones delictivas. También que conozca cómo pueden recuperar bienes de origen ilícito en el exterior del país», resaltó Marteau.
El juez Torres, uno de los impulsos, presentó ante sus colegas como caso testigo de la causa del «narcoarroz», expediente que incluyó una investigación por lavado de dinero con el narcotráfico como delito antecedente. Allí exhibió las dificultades para pesquisar el patrimonio de la organización. «Hay que atacar las estructuras financieras de las bandas, porque hoy en día un delincuente detenido es fácilmente reemplazable», dijo el magistrado.
Fuente: La Nación
